El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha ordenado este miércoles al Ejército mexicano entregar toda la información de los contratos firmados con Comercializadora Antsua, la empresa que proveía exclusivamente el software espía Pegasus, según ha informado la Red en Defensa de los Derechos Digitales. México ya había visto cómo el Gobierno había utilizado el malware para seguir a miles de periodistas, opositores y activistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero lo que la Secretaría de la Defensa (Sedena) deberá entregar ahora, para no caer en la omisión, son las contrataciones realizadas también en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, como demostró una investigación periodística publicada el año pasado.
“El 2 de octubre de 2022, la investigación Ejército Espía, publicada en Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, denunció nuevos casos de espionaje a personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Dicha investigación reveló que la Sedena contrató en 2019 un ‘servicio de monitoreo remoto de información’ a Comercializadora Antsua”, se lee en el comunicado publicado por la organización. El trabajo periodístico reveló que entre quienes habían sido espiado durante este Gobierno estaba el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y el periodista Ricardo Raphael.
La decisión del INAI llega después de meses de lucha de organizaciones y periodistas que han intentado conseguir la información de los contratos a través de los canales legales. Tras la publicación de la investigación en 2022, el presidente, que había prometido que su Gobierno traería el fin del espionaje ilegal, pidió a la Sedena en una conferencia matutina que entregara todo lo referente al uso de este malware. Una orden que el Ejército nunca obedeció, ya que se negó a responder todas las solicitudes de información que le pedían una respuesta sobre ese tema.
Según pudo acreditar la Red, la Sedena informó en un oficio a la Auditoría Superior de la Federación que sí ha celebrado un contrato con Comercializadora Anstua, que había estado vigente entre el 12 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año. En otro documento otorgado al órgano fiscalizador, se detallaban los pagos por ese servicio por un monto de 139 millones de pesos. “Estos documentos internos de la Sedena no solo comprueban la existencia de los contratos, sino que ponen de manifiesto que el Ejército ha mentido y ocultado reiteradamente a la sociedad acerca de sus capacidades de vigilancia”, reclama la organización.
La orden de Transparencia establece que todas las unidades administrativas del Ejército deben “hacer una nueva búsqueda y entregar toda la información relacionada, incluyendo solicitudes de contratación, opinión técnica, contratos, anexos técnicos, dictámenes, facturas, comprobantes de pago, entre otros”. La noticia fue celebrada por quienes realizaron la investigación Ejército espía, pero insisten en la necesidad de que la Sedena publique esa información, como se le ha ordenado en reiteradas ocasiones.
Suscríbase aquí a la newsletter y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Source link