El IPC cae en mayo hasta el -0,9%, una décima menos de lo esperado, por las gasolinas, los coches y la covid-19

El cierre de Nissan en Barcelona dejará a unos 3.000 trabajadores en la calle. El fabricante de aluminio Alcoa despedirá a 534 personas de su planta de San Cibrao (Lugo) después de vender las de A Coruña y Avilés (Asturias). Continental se deshará de su planta de Rubí (Barcelona), con una plantilla de 760 operarios. Ninguno de esos anuncios está vinculado a la crisis del coronavirus, sino al imparable empequeñecimiento que sufre la industria en España. Antes llegaron los cierres de Vestas en León, de Siemens Gamesa (Miranda de Ebro, Burgos), de La Naval (Sestao, Bizkaia) y de otras muchas compañías que pasaron más desapercibidas.

La Comisión Europea fijó un objetivo para que la industria pesara un 20% este año en el PIB, pero España, lejos de acercarse, se aleja con apenas un 16% (incluida la generación de energía) en 2018, según los datos del Ministerio de Industria. La encuesta de población activa (EPA) certifica una pérdida de 132.000 trabajadores en el sector durante la última década. Pese a no estar tras los efectos de esa destrucción, la covid-19 sí amenaza —como ha admitido el sector de la automoción— con hacer estragos en el mercado y acelerar el proceso de desaparición de actividad industrial, por lo que la Unión Europea ha doblado su apuesta con una nueva estrategia para un sector que cree imprescindible para el futuro.

Nadie sabe si el actual proceso responde a una tercera oleada de deslocalizaciones, como ocurrió a principios de los años noventa tras la entrada en el Mercado Único Europeo, o a principios de este siglo, fruto de la ampliación de la Unión Europea. Pero, entre otros factores, el cierre de Alcoa se explica por la competencia asiática —dicen fuentes de la compañía— y Nissan prevé trasladar a otras instalaciones su producción de Cataluña.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, demandaba este miércoles en el Congreso “un pacto por la industria, porque es más importante que nunca”. No es nueva la propuesta, que ha pasado sucesivamente por el argumentario de los últimos Gobiernos. “Tras la crisis, en 2016”, cuenta Agustín Martín, secretario general de la federación de Industria de CC OO, “sindicatos y patronales propusimos un pacto con las líneas estratégicas para una política industrial robusta y de futuro, con tres pilares: un modelo energético estable con un precio competitivo; un pacto educativo para potenciar la formación profesional en un momento disruptivo de la transformación industrial; y un pacto con las Administraciones para reforzar la política industrial”. Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA, recuerda: “Ya dijimos que era un momento crucial en el que debíamos hacer un pacto por la industria atemporal, coordinado con todas Administraciones”.

Lo cierto es que no se ha logrado forjar un acuerdo pese a las bondades que se atribuyen al sector. Un reciente informe del Consejo Económico y Social remarcaba su capacidad de resiliencia ante crisis económicas y que la actividad manufacturera (descontada la generación de energía) es capaz de impulsar la productividad necesaria para abrir una etapa de crecimiento sostenible. La industria es asimismo la base del 70% de las exportaciones y del 80% de la inversión en I+D españolas. Genera empleo más estable que el resto de actividades y con unas condiciones salariales superiores a la media.

Y, pese a todo ello, esa petición larvada en la Declaración por la Industria de 2016 sigue durmiendo el sueño de los justos y muchas de las demandas que ha realizado el sector en los últimos años siguen pendientes: desde la rebaja de los costes energéticos —el estatuto electrointensivo para los grandes consumidores energéticos acumula años de espera—, hasta la mejora de algunas infraestructuras del transporte —sobre todo ferroviarias, con sus conexiones portuarias— o la escasa inversión en I+D.

“No me atrevo a decir que España no tenga política industrial, la cuestión es cuál es el modelo de país que queremos”, cuestiona Joan Tristany, director general de Amec, una organización que defiende la competitividad de la empresa exportadora. Se refiere también a la falta de recursos con los que cuenta el Ministerio para asumir sus obligaciones e, incluso, alude a su organigrama como una muestra de desconsideración hacia la actividad secundaria: dos de sus áreas, Comercio y Turismo, penden de una secretaría de Estado mientras que Industria cuelga de una secretaría general, de menor rango. Pero también que otras áreas del Gobierno vinculadas dependan de otros ministerios. “Hace tiempo que pedimos un órgano de coordinación que dependa del Ministerio de Industria”, coincide el director general de Feique, la patronal química, Juan Antonio Labad.

“Poner a salvo la industria de la situación política es absolutamente necesario”, reconoce Raúl Blanco, secretario general de Industria. Tras dos años en el Ministerio, se dice dispuesto a la “autocrítica”, pero acto seguido enumera: “Estamos aún con los presupuestos de 2018, diseñados en 2017 por otro Gobierno y que se aplican en 2020 con una situación incomparable. Eso limita mucho”. Y sigue con “la inestabilidad de dos periodos electorales en dos años”. “Consenso, presupuesto y colaboración público-privada”, pide una y otra vez, para acometer proyectos de futuro que permitan captar fondos del plan de reactivación europeo.

Falta de recursos

El secretario de Industria señala también que a España le faltan centros de decisión de multinacionales que puedan aportar un voto de calidad a la hora de asignar inversiones. En ese punto, todos los consultados piden armonía entre Administraciones y lamentan declaraciones como la de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre la “muerte del diésel”, realizada en 2018, que molestó sobremanera al sector de la automoción. “Si en Japón escucharon eso, se frotarían las manos a la hora de decidir el cierre de Nissan”, lamentan fuentes de Confemetal, la patronal metalúrgica, que achaca el mal momento a la “competencia desleal de países con bajísimos estándares laborales y medioambientales”.

Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que la estructura industrial española cuenta con todos los elementos formales de una política industrial si no fuera por dos problemas: “Tendría que dedicar recursos en cuantía suficiente y no tiene un verdadero ecosistema de innovación entre negocios industriales y entre sector público y sector privado. Eso sucede porque España no tiene conciencia clara de que es un país industrial y no ha fomentado esa cultura. El País Vasco sí lo ha hecho”.