“No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”. Las palabras del jefe del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, sobre el operativo que terminó en masacre en Putumayo entregadas a un medio local prometen caldear aún más el ambiente político en el país. Después de la pregunta del periodista de RCN Televisión que le señala la falta de precisión de la incursión militar que dejó civiles muertos y, al recordarle que no se trata de blancos legítimos, Zapateiro mira a la cámara pronuncia la frase e insiste en que eran combatientes.
La legitimidad del operativo militar, que dejó 11 muertos en la comunidad El Alto Remanso y la desconfianza en las fuerzas militares durante el Gobierno de Iván Duque han vuelto a estar en el centro de polémica. Una mujer embarazada, un menor de 16 años y un gobernador indígena están entre los fallecidos. Distintos sectores políticos exigen estos días la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, que tendrá que comparecer ante el Congreso de la República para dar explicaciones por el operativo.
Los congresistas solicitaron un debate de moción de censura sobre Molano ante las numerosas dudas que ha generado un operativo que Duque presentó ante la opinión pública como un éxito contra las disidencias de las FARC. Existen evidencias de manipulación de los cadáveres por parte del Ejército, a cuyas fotos ha tenido acceso este diario; se ha podido confirmar que al menos cuatro de los muertos eran civiles; se sabe que el operativo se llevó a cabo en un bazar comunitario y hay denuncias de robo de dinero a la población por parte de los militares. El debate se celebrará en dos semanas.
Esta nueva tormenta política le llega a Iván Duque mientras se encuentra en Nueva York para hablar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sus acciones para implementar el acuerdo de paz con la guerrilla firmado en 2016. Un proceso al que se opuso en su campaña a la presidencia y cuya política ha sido objeto de críticas por el incesante asesinato de excombatientes y el deterioro de la seguridad en el país. Sin embargo y, a pesar del escándalo de Putumayo, que ya lleva dos semanas, el presidente volvió a hacer una defensa férrea del operativo.
“Es importante tener claro que esa operación tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas, miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Entonces se procedió con una información clara. Hubo un intercambio de disparos, hay miembros heridos de la fuerza pública y se ha obrado con todos los protocolos”, aseguró Duque. El operativo buscaba capturar a Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, de los Comandos de la Frontera, un grupo de las disidencias de las FARC, pero no cumplió el objetivo.
La incursión militar se produjo la mañana del 28 de marzo en la vereda El Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo, una zona inhóspita, apenas separada de Ecuador por un río. Ese mismo día Duque celebró el hecho y dijo que habían “neutralizado a 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales”. Sin embargo, varias organizaciones sociales han confirmado que entre los muertos había civiles y la Fiscalía desmintió al Gobierno en relación con la información de los capturados. El organismo investigador indicó que nunca recibió actas que soportaran ningún procedimiento de captura. Esas cuatro personas, que habían resultado heridas, fueron atendidas en clínicas de Putumayo, recibieron el alta médica y están libres. Ni Duque ni Molano han rectificado esa información.
En su mensaje, el presidente tampoco admite que alguno de los muertos fuera civil, como insiste la comunidad. Entre los muertos está el gobernador indígena del pueblo Kichwa, Pablo Panduro; Divier Hernández y Ana María Sarrias, con dos meses de embarazo, presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa; y Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años. “Esta fue una operación de marcada en los derechos humanos, en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y una operación planeada y estaba acompañada por una inteligencia dominante”,agregó el comandante del Ejército.
Carlos Ortega (EFE)
Después de las informaciones de varios medios de comunicación este fin de semana que mostraron las inconsistencias del operativo, el Ejército ha filtrado información a medios afines al Gobierno insistiendo en que se trataba de miembros del grupo armado. EL PAÍS entrevistó a una decena de fuentes en Putumayo que afirman que al menos cuatro de los civiles eran conocidos por la comunidad y que en el bazar había al menos dos personas armadas. También denunciaron que los militares se presentaron vestidos de negro, se identificaron como guerrilla y que los retuvieron durante varias horas en la cancha del poblado impidiéndoles acceder a los cuerpos de sus parientes. En la zona hacen presencia dos grupos armados: los Comandos de la Frontera y el frente primero Carolina Ramírez, dos alas opuestas de disidencias de las FARC, que surgieron después del acuerdo de paz.
El escándalo ya atraviesa la campaña a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta es el 29 de mayo. Todos los candidatos se pronunciaron acerca del operativo y uno de ellos, el conservador Enrique Gómez, sin posibilidades reales en la contienda, atacó el trabajo de un grupo de periodistas que denunció la masacre. Gustavo Petro, primero en las encuestas, dijo que este hecho mancillaba el “honor de la fuerza pública”. “El ministro de Defensa me llamó embustero por criticar su crimen de guerra contra la población de Putumayo”, aseguró. La opción del centro, Sergio Fajardo, exigió esclarecimiento: “Un Ejército no puede asesinar civiles, robar y manipular cuerpos. Un Gobierno no puede presentar una acción desproporcionada y vil como un operativo exitoso. Un país no es viable si no corregimos y recuperamos la confianza en las instituciones”.
Mientras, Ingrid Betancourt recordó los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales a manos de soldados que han dejado al menos 6.402 civiles asesinados que en su día fueron presentados como bajas en combate. “No puede haber impunidad. El Gobierno tiene que hacer lo necesario para esclarecer. El Estado tiene que protegernos para recuperar la confianza y permitir la reconciliación“, pidió. El candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, también pidió “investigar con urgencia” el caso, aunque destacó que las fuerzas armadas “tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los derechos humanos”, algo que está, precisamente, en el centro del debate a Molano.
No es la primera vez que el ministro es llamado a dar explicaciones en el Congreso. Tampoco para el Gobierno de Iván Duque. Sus tres ministros de Defensa han sido cuestionados por la legitimidad en operativos en los que han muerto menores de edad. El primero de ellos fue Guillermo Botero, quien dimitió en la víspera de una moción de censura cuando se supo que no había informado de la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo en Guaviare. Más adelante, el propio Molano tuvo que presentarse ante el Senado para responder por la muerte de un menor en un operativo contra disidencias de las FARC. En ese momento dijo que la discusión no era de legitimidad sino de “cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”.
Como el presidente y la cúpula del Ejército, Molano repite ahora el mantra de que la operación fue legítima. El Congreso, por su parte, exigirá que explique cómo en una incursión planeada desde hace cinco meses con inteligencia caen civiles y no consiguen capturar al objetivo.
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