Importante impuso judicial a la investigación sobre las supuestas irregularidades en los trabajos del comisario José Manuel Villarejo para el BBVA. El juez ha citado de nuevo a declarar como imputado al ex director de seguridad de la entidad Julio Corrochano, después de que este presentara el pasado 8 de octubre un escrito en el que afirmaba que “la decisión de contratar” a la empresa Cenyt, epicentro societario de Villarejo, “fue del presidente”, en alusión a Francisco González, imputado desde 2019 en este macrosumario de corrupción policial y empresarial.
En aquel escrito, de 41 páginas, Corrochano también implicó en esta decisión al entonces responsable de recursos humanos, Ángel Cano, que luego fue nombrado consejero delegado del BBVA, y afirmó que hasta siete departamentos del banco participaron de forma coordinada en esta contratación. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos de la entidad financiera al comisario por los que este se embolsó un total de 10,3 millones de euros. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y políticos.
La nueva citación de Corrochano se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que aquel escrito no tiene el mismo valor judicial que una declaración oral, sobre todo cuando el ex jefe de seguridad del BBVA se acogió a su derecho a no contestar cuando fue citado por primera vez en julio de 2019. “Lo que se expone en el escrito tiene relación directa para la presente causa, ofreciendo además información totalmente pertinente, necesaria y útil, más la forma de introducirla en las actuaciones limita su posible valoración”, recalca el ministerio público en su escrito, que recuerda que estos testimonios deben prestarse siempre de forma oral, salvo causas excepcionales.
Por todo ello, el juez Elías Gadea, que ejerce labores de refuerzo del magistrado Manuel García-Castellón en la causa, le cita en una fecha aún por determinar, “por si desea declarar a propósito de lo narrado en su escrito”. El juez recuerda que de ello dependerá también su decisión de practicar o no las diligencias que Corrochano pedía en aquel documento.
En aquel escrito, el ex jefe de seguridad del BBVA se desmarcaba de “la decisión de contratar” a la empresa de Villarejo, pese a que él, que ocupó puestos de responsabilidad en la Policía Nacional durante años, conocía personalmente al comisario desde los años 70, cuando coincidieron en la lucha contra ETA. Corrochaco afirmaba que se decidió contratar los servicios de una empresa de investigación cuando la constructora Sacyr anunció, en 2004, que quería entrar en el capital de la entidad financiera.
Y añadía que la decisión “fue del presidente, la autorización para suscribir el contrato la dio el presidente y Ángel Cano. Por lo tanto, Julio Corrochano no fijó los términos del contrato ni en concreto sobre que personas se precisaba la información, su intervención fue la de testar en el mercado una empresa adecuada a la orden recibida y una vez seleccionada la empresa, y dando curso al contrato fue el interlocutor entre Cenyt [la empresa de Villarejo], Cano y el presidente del banco”, en alusión de nuevo a Francisco González.
Corrochano aseguraba que “el contrato fue redactado por Cenyt incorporando los cambios sugeridos por el departamento de Asesoría Jurídica del banco. Cano, en aquel momento, también era el supervisor del código de conducta del banco y fue él el que se encargó de la homologación del proveedor y de que el pago de sus facturas se ajustasen al procedimiento establecido en el protocolo del banco”.
Sobre la operación de Sacyr, afirmaba que el entonces presidente González le dio orden de no hablar nada con José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del banco en aquel momento, “porque pensaba que quizás él también pudiese estar detrás de esta OPA”. González también “sospechaba que detrás de esta OPA pudiera estar algún miembro del Gobierno”, decía en el escrito. El exdirector de seguridad afirmaba que sobre estos trabajos de Villarejo solo se le permitía hablar con Cano y con el entonces director general de comunicación e imagen del BBVA, Javier Ayuso.
En el escrito, Corrochano solicitaba la práctica de una serie de diligencias sobre parte de los contratos que la entidad suscribió con Villarejo. Entre ellos, el que se suscribió “por iniciativa del Departamento de Seguridad” el 1 de junio de 2016. Carlos Torres, actual presidente, fue nombrado consejero delegado del BBVA en mayo de 2015, por lo que llevaba en el cargo 13 meses cuando se cerró este acuerdo con Cenyt. El contrato tenía por objeto el análisis del riesgo de los países en los que estaba el grupo BBVA y qué podía afectar a los desplazamientos de la alta dirección, como el terrorismo yihadista. El juez decidirá si las práctica una vez haya escuchado la declaración del ex jefe de seguridad.
En otra resolución judicial, el juez también ha acordado la toma de declaración como imputado de Pablo García Tobin, actual máximo responsable de Communications y de Negocios Responsables, por su presunta participación de un delito contra la administración de justicia por el supuesto encubrimiento de algunas actividades bajo sospecha de Francisco González. Tobin tendrá que acudir a la Audiencia Nacional el próximo 25 de septiembres. Un día antes lo harán como testigos César Béjar Hurtado y un perito para que ratifique un informe incorporado a la causa.
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