El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, dictó este jueves un auto por el que concede la libertad condicional al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio por el escándalo de las tarjetas black y en prisión desde el 25 de octubre de 2018. La decisión, que se materializó el mismo jueves por la tarde, se produce después de que Instituciones Penitenciarias propusiera, hace dos semanas, su excarcelación al tener en cuenta que el político es mayor de 70 años (cumplirá 72 en marzo) y muestra un “pronóstico favorable” de reinserción.
En el auto, adelantado por Vozpópuli y al que también ha tenido acceso EL PAÍS, el juez se remite al artículo 196.1 del Reglamento Penitenciario, que contempla la concesión de la libertad condicional a los presos septuagenarios o que esté previsto que alcancen esa edad durante la condena. El magistrado también sustenta su decisión en que era el primer ingreso en prisión de Rato, que los hechos delictivos por los que fue condenado son antiguos (más de ocho años), que pagó la responsabilidad civil que le impuso la justicia y que desde octubre disfrutaba de un régimen de semilibertad bajo control telemático por el que cumplía la condena en su domicilio.
Además, el magistrado señala que el exvicepresidente del Gobierno ha participado “de manera positiva” en un programa de rehabilitación con encuentros de justicia restaurativa con víctimas, similares a los que en su día celebraron los presos de ETA arrepentidos que se acogieron a la Vía Nanclares de reinserción. Rato detalla en conversación telefónica con este diario que, en los últimos dos meses, participó en sesiones grupales de dos horas dirigidas por una psicóloga junto a otros cuatro presos que, como él, estaban en régimen de semilibertad. “Cada uno contaba por qué habíamos sido condenados y hablábamos de las víctimas de nuestros delitos”.
El programa, impartido por CONCAES (Confraternidad Carcelaria de España), incluyó una reunión de todos ellos con una víctima. En concreto, con el padre de un joven que había sufrido un secuestro exprés en Venezuela y que contó a Rato y los otros condenados cómo había sido experiencia. Dentro del programa, el exvicepresidente también participó las pasadas Navidades en labores de voluntariado. “Ayudé a repartir juguetes a los niños de familias de otros reclusos”, detalla.
Por todo ello, y a pesar de que no tenía cumplidas las tres cuartas partes de la condena (lo haría el 7 de marzo de 2022), uno de los requisitos que fija el artículo 90.2, el juez le concede la libertad condicional. Eso sí, el magistrado le impone a Rato “la observancia de varias reglas de conducta” hasta que se dé por extinguida la pena, lo que se producirá el 21 de abril de 2023. Así, el político deberá quedar “sujeto al cuidado y vigilancia del familiar o amigo que designe y acepte su custodia” o, en su defecto, “en régimen de auto aval”, es decir, que sea él mismo quien asuma ese compromiso. También deberá fijar una localidad y un domicilio de residencia, “debiendo comunicar al juzgado cualquier cambio”.
Finalmente, los servicios sociales penitenciarios realizarán un seguimiento de su situación, a los que Rato deberá comunicar si “resultase detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en proceso penal” durante el periodo de libertad condicional. Rato tiene pendiente otra causa judicial, en este caso por supuestos delitos relacionados con su patrimonio. Aunque la decisión del juez de vigilancia penitenciaria aún es recurrible, el hecho de que la Fiscalía informase a favor de la libertad condicional hace prever que no presentará recurso.
El ex director gerente del FMI fue condenado en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional por un delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, uno de los escándalos más graves de la crisis financiera de comienzos de la década pasada. Él y otros 64 directivos y consejeros de la entidad gastaron 12,5 millones entre 2003 y 2012 con las tarjetas de crédito opacas al fisco que les fueron entregadas al margen de sus retribuciones mientras la caja se iba a la quiebra y era nacionalizada en la actual Bankia, un rescate que costó 22.424 millones de euros de dinero público. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia y el 25 de octubre de 2018, Rato ingresó en la prisión de Soto del Real. Sus últimas palabras públicas, justo antes de franquear los muros de la cárcel, fueron: “Quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas”.
Desde la cárcel, Rato asistió a las sesiones de la otra gran causa judicial abierta contra él: la de la salida a bolsa de Bankia, que él encabezó y por la que la Fiscalía reclamaba para él ocho años y medio de prisión por estafa y falsedad contable. La Audiencia Nacional lo absolvió el pasado septiembre junto a los otros 33 acusados lo que hizo que el juez de Vigilancia Penitenciaria le concediese días después el tercer grado o régimen abierto, del que ya disfrutaban los otros condenados del caso de las tarjetas opacas que tuvieron que ingresar en prisión. Hasta ese momento, Instituciones Penitenciarias le había denegado este beneficio precisamente porque todavía estaba pendiente la sentencia de la salida a bolsa de Bankia.
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