El titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, instructor del caso Neurona, ha decidido archivar, por segunda vez, una de las líneas de investigación abiertas en esta macrocausa contra Podemos y varios miembros de su cúpula. En concreto, la referida al supuesto cobro irregular de sobresueldos por parte de dos trabajadores del partido a través de complementos: Rocío Esther Val, gerente de la formación, y Daniel de Frutos, su tesorero. En su auto, dictado el pasado viernes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado concluye que las cantidades percibidas por ambos “no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna”.
Es la segunda vez que el juez Escalonilla dicta el sobreseimiento provisional de esta pieza de la causa después de que ya lo hiciera en marzo y, un mes después, la reabriera tras un recurso de Vox, que ejerce la acusación. El nuevo archivo, que aún puede ser recurrido ante el propio juez y la Audiencia Provincial de Madrid, se produce después de que el magistrado practicara nuevas diligencias, entre ellas requerir a Podemos diversa documentación interna y tomar declaración como testigo al exgerente del partido, Pablo Manuel Fernández Alarcón. En esta pieza la única imputada era la gerente del partido, Rocío Esther Val, a la que se acusaba de un delito de administración desleal.
El caso Neurona se abrió en julio de 2020 después de que José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido, presentase una denuncia ante la Guardia Civil donde narraba toda una batería de presuntas irregularidades en la formación política. Una de ellas era, precisamente, el supuesto cobro fraudulento por parte de Val y De Frutos de dos complementos mensuales de 210,32 y 400 euros en la nómina por tareas de coordinación. Según Calvente, ese dinero extra se lo habían asignado “unilateralmente”, sin que constase en las tablas salariales del partido y sin autorización del Consejo de Coordinación de Podemos. Además, añadía, se superaba así el límite salarial fijado en el código ético de la formación. Ahora el juez Escalonilla, como ya hizo en marzo cuando archivó por primera vez la causa, descarta cualquier irregularidad en ambos cobros.
El juez apunta, en primer lugar, que ninguno de los dos imputados ocupa un cargo electo y, por tanto, no se les puede aplicar el “límite de tres salarios mínimos interprofesionales establecido en 2019″ como límite máximo de remuneración para los cargos de la fuerza política (todo lo que superase esa cantidad era donado al partido). Por otra parte, el magistrado añade que no solo se aplicaron complementos similares a otra media docena de empleados de la formación, sino que el consejo los “aprobó” al supervisar las cuentas, al contrario de lo que mantenía el denunciante.
El exabogado de Podemos también achacaba a la gerente y el tesorero el cobro de sobresueldos en forma de gastos que pasaban sin control a la formación. Pero, de nuevo, el juez rechaza la existencia de ilegalidades al “comprobar” que fueron aprobados por el equipo de finanzas y el área de gerencia; y al concluir que “no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas”.
La denuncia de Calvente llevó al juez a abrir seis grandes líneas de investigación. Cuatro de ellas ya han sido archivadas: la causa de los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019; la de los sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido; la del acceso de la cúpula sin permiso al disco duro de Marta Flor, también letrada de la formación —que denunció por acoso sexual a Calvente, lo que precipitó su despido en 2019—; y, ahora, la de los supuestos sobresueldos de dos empleados.
Siguen abiertas otras dos. Una es la pieza en la que se investiga el presunto desvío de dinero de la caja de solidaridad de Podemos, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición calificó como “caja b”. Esta línea fue cerrada en un primer momento por el juez al no encontrar indicios de administración desleal, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrirla. La segunda es en la que investiga el contrato firmado por Podemos con la consultora Neurona para la campaña de las elecciones del 28-A. El magistrado, en un auto del pasado 12 de enero, describe indicios de que el documento firmado entre el partido y Neurona fue “un contrato simulado” fabricado ad hoc para pagar 363.000 euros a la consultora y desviar así el dinero. Por su parte, el ministerio público aprecia posibles delitos de falsedad en documento mercantil y otro electoral, aunque no los considera achacables al partido como persona jurídica. Podemos niega las acusaciones y mantiene que Neurona ejecutó los trabajos para los que fue contratada.
Además, el juez Escalonilla remitió a otros juzgados otras tres líneas de investigación sobre las finanzas de Podemos: el presunto cobro por parte de Pablo Iglesias de las costas de procedimientos judiciales en los que estuvo representado por abogados de la formación; las donaciones supuestamente irregulares del partido a una entidad social y a la fundación Instituto 25-M, vinculada a la formación y que dirige Juan Carlos Monedero; y el presunto uso como niñera de una asesora por parte de Irene Montero, ministra de Igualdad. La dos primeras ya han sido archivadas y únicamente se sigue investigando la última.
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