La Audiencia Nacional ha ampliado la investigación abierta contra Francisco González, expresidente del BBVA, en el marco del caso Villarejo. El juez Manuel García-Castellón ha imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, un nuevo delito de administración desleal al antiguo máximo responsable de la entidad financiera, investigado desde 2019 por cohecho y revelación de secretos por contratar al comisario José Manuel Villarejo para supuestas labores de espionaje contra rivales políticos y empresariales. Según consta en un auto dictado este martes —en el que también se cita a declarar como imputado por supuesto encubrimiento a Pablo García Tobin, director de Comunicación del banco—, González utilizó presuntamente “recursos [del BBVA] para su uso exclusivamente personal”. “En concreto, para valorar la adquisición de una finca a título privado”, detalla.
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El magistrado instructor inflige así nuevo aire a la investigación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase un duro escrito a principios de mes donde señalaba a “las más altas instancias” del BBVA por las irregularidades del caso Villarejo. El Ministerio Público acusó a la actual dirección del banco de falta de colaboración en las pesquisas: “[La entidad] afirma su voluntad de colaboración que (…) resulta, si no incierta totalmente, sí sesgada e interesada”, le reprocharon los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, que insistieron en que entre la documentación aportada por el BBVA, imputado también como persona jurídica, faltan archivos y metadatos necesarios para “realizar la trazabilidad”, lo que impide conocer qué personas estuvieron autorizadas para acceder a ellos o si se produjo el borrado de alguno.
“[Es] simplemente inconcebible que una entidad como el BBVA apele a la pérdida de documentos que, sin ningún género de dudas, deberían de estar en su poder, tanto físicamente como informáticamente”, apuntó Anticorrupción en su escrito, fechado el 8 de julio y en el que ya señalaba que la instrucción ha desvelado que González utilizó “recursos para su uso exclusivamente personal”. El informe forensic elaborado por PwC para la entidad desveló la existencia de una serie de encargos del banco para investigar a los propietarios de varias fincas —en El Escorial (Madrid) y en Mallorca— en las que estaría interesado a título personal el entonces presidente. Ante tal coyuntura, García-Castellón ha imputado el delito de administración desleal y ha ofrecido al exbanquero la posibilidad de declarar por estos hechos.
Supuestas maniobras de encubrimiento
Los investigadores sospechan que el BBVA no ha facilitado todo el material sensible que tiene en su poder. “Lo aportado no responde a lo que se dijo que se iba a aportar”, escribe el juez. Y, por ello, considera indispensable citar como imputado a Pablo García Tobin, actual director de Comunicación y al que se le atribuye un presunto delito de encubrimiento. Según la instrucción, Tobin puso en marcha una carpeta de Google Drive para “levantar la información” que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo. El director de Comunicación, además, “sería el autorizador de las personas con acceso a dichos archivos”. Pero, según la Fiscalía y el juez, esos archivos y metadatos no constan en la causa.
Fuentes del BBVA descartan cualquier “cambio en el organigrama” tras la imputación de Tobin. “La declaración como investigado no implica que se haya realizado una acusación formal por ningún delito”, apostillan.
El escrito de este martes de García-Castellón, en línea con Anticorrupción, recuerda que el BBVA contrató al comisario desde 2004, a través del responsable de Seguridad del banco, Julio Corrochano, un policía en excedencia. De hecho, según subraya el magistrado para apuntar a la cúpula de la entidad financiera, las grabaciones intervenidas en los registros “evidencian” que Corrochano “trataba de estos temas con El Jefe”: “Siendo la única persona que puede responder a ello, el expresidente de la entidad Francisco González”. “Lo anterior sitúa las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posición procesal de colaboración de la entidad”, recalca el juez instructor, que acumula ya una veintena de imputados en esta línea de investigación.
El juez García-Castellón investiga en la pieza separada número 9 del caso Tándem, el macrosumario abierto para investigar las actividades presuntamente ilegales de Villarejo, los trabajos realizados por el comisario para el BBVA entre los años 2004 y 2017. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que el comisario se embolsó un total de 10,3 millones de euros. En esta pieza están imputadas 20 personas físicas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente Francisco González y otros directivos de la entidad, así como el BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y políticos.
“Buscaba proteger los intereses del BBVA”
La defensa de González ha presentado este mismo miércoles un recurso contra la ampliación de las pesquisas dictada por García-Castellón. Los abogados del expresidente del BBVA solicitan que se anule la decisión del magistrado: entre otros motivos, por “carecer de la fundamentación jurídica necesaria para acordar la investigación por su presunta participación en un presunto delito de administración desleal”. Según reprocha el escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, el instructor no detalla los “hechos concretos” que se imputan al exbanquero y solo recoge “abstracciones genéricas”.
Además, el abogado de González, Jesús Santos, insiste en que el expresidente del BBVA ya respondió en 2019 a la Fiscalía Anticorrupción, durante su declaración como imputado ante el juez, “que nunca encargó gestiones de localización y valoración de fincas a ninguna persona del banco”. “A lo sumo, pudo pedir a su jefe de gabinete, Joaquín Gortari, que realizase una serie de averiguaciones relativas a la situación registral de la finca”, apunta la defensa del exbanquero, que asegura de seguido que, “lejos de tratarse de una actuación desleal para con BBVA, buscaba, en todo caso, proteger los intereses de la sociedad que presidía”.
El recurso lo explica así: “Se trataría de una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA. Y es que, como presidente, cualquier actuación en el ámbito privado de González con un tercero que no se ajustara a los más esenciales principios éticos y de legalidad, o que pudiera generar un conflicto de intereses, contaminaría inevitablemente a la propia entidad bancaria”. “Si González adquiriese, aunque fuera a título privado, una finca a una persona que pudiera estar relacionada con algún tipo de ilícito o que estuviese en una situación irregular —piénsese, por poner un ejemplo, […] que la finca fue comprada por su anterior propietario utilizando fondos procedentes del blanqueo de capitales—, este hecho transcendería de la esfera privada de mi mandante y atacaría directamente a la propia entidad, causando un enorme daño reputacional a BBVA. También por los mismos motivos era importante conocer las condiciones de legalidad urbanísticas y demás condiciones significativas de la misma”, añade el texto.
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