Manifestación en protesta por la situación del mar Menor en Murcia, en octubre de 2021.EDU BOTELLA/EUROPA PRESS (Europa Press)
El juez que investiga el caso Topillo, relacionado con el uso de desaladoras ilegales en explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena que supuestamente generaron vertidos contaminantes para el mar Menor ha ordenado dividir la segunda fase de ese procedimiento en 39 procesos diferentes, uno por cada una de las empresas investigadas, para individualizar así los posibles delitos cometidos en cada caso. El pasado 20 de diciembre de 2021 la Audiencia Provincial ordenó separar este procedimiento al considerar que se están estudiando múltiples posibles delitos individuales que “carecen de conexidad entre sí”. Así, el caso será repartido entre los juzgados de San Javier, que asumirán 22 de las causas, y de Cartagena, que se quedará con otras 14.
El juzgado de instrucción número 2 de Murcia, que ha llevado a cabo la instrucción de forma conjunta de la primera fase del caso y asumía hasta ahora esta segunda fase, se quedará solo con tres de las piezas separadas.
La instrucción del caso Topillo arrancó en diciembre de 2017 a raíz de una dura denuncia del Ministerio Fiscal en la que pedía responsabilidades para una treintena de empresas agrícolas, además de para varios altos cargos de la Consejería de Agricultura murciana y la Confederación Hidrográfica del Segura, entre ellos, el exconsejero Antonio Cerdá y el excomisario de Aguas Manuel Aldeguer. La pieza principal del caso ya ha concluido las diligencias de investigación y se está ahora a la espera de que el juez decida o no la apertura de juicio oral. El pasado 19 de enero la Fiscalía hizo público un auto en el que solicitaba 21 meses de prisión para Cerdá y Aldeguer, así como penas de hasta seis años e indemnizaciones de hasta 1,7 millones de euros para las diferentes empresas implicadas.
Al margen de esa pieza principal, en julio de 2021 se abrió una pieza separada para investigar a otras 39 empresas de la zona también por posibles vertidos contaminantes procedentes de desaladoras ilegales, y es esta pieza la que el juez ordena ahora fraccionar en base a lo pedido por la Audiencia.
El instructor del caso ha acordado también prorrogar el plazo de instrucción de la causa durante seis meses más, hasta el 27 de julio de 2022, para dar tiempo suficiente a los nuevos juzgados que recibirán los procedimientos para estudiarlos y practicar diligencias. El juez recuerda que las actuaciones jurídicas en torno a este caso reúnen “cierta complejidad”, por ejemplo, porque habrá que solicitar de cada una de las empresas informes periciales para determinar si los presuntos vertidos son potencialmente peligrosos para el medio ambiente con carácter general y para el ecosistema del mar Menor de forma específica.
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