El caso Villarejo vuelve a colocar a la cúpula del Ibex 35 en el punto de mira. El juez instructor, Manuel García-Castellón, ha decidido imputar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a tres de sus directivos (Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo) por los supuestos encargos de espionaje contratados por la compañía con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una de las mayores macrotramas de corrupción de la historia reciente de España. El magistrado, que toma esta medida tras recibir la petición de la Fiscalía, amplía así la lista de altos ejecutivos que han desfilado por la Audiencia Nacional, después de que ya declararan también como investigados el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé; y el expresidente del BBVA, Francisco González.
A lo largo de un auto de 23 páginas, fechado este martes, García-Castellón enumera los múltiples indicios que se acumulan en el sumario contra la cúpula de la empresa española. Entre otros, el juez recalca que han encontrado en la contabilidad de Iberdrola hasta 15 facturas sin pedido, emitidas y abonadas por un total de 1,04 millones de euros al grupo Cenyt, la trama societaria de Villarejo. “Se tratarían, pues, de servicios prestados por el [comisario] cuando se encontraba en situación de servicio activo en la Policía”, dice el instructor, que insiste en que se “manipularon” los conceptos de las facturas para ocultar la verdadera finalidad de los trabajos. Además, añade el magistrado, Sánchez Galán tuvo “conocimiento exclusivo” de todo.
Según la investigación, los encargos de Iberdrola se prolongaron desde 2004 hasta 2017 y tenían para la compañía la “naturaleza de confidenciales”. La instrucción ha detectado, al menos, cinco supuestas contrataciones: el proyecto Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009; y Wind, “centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía S. A. se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania”.
“Los encargos y relaciones comerciales no fueron esporádicos o puntuales, sino que tuvieron continuidad en el tiempo”, recalca el juez Manuel García-Castellón en su resolución de este martes, donde imputa a Sánchez Galán y a sus tres directivos los supuestos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Según el sumario, la trama accedió presuntamente al tráfico de llamadas telefónicas de algunas de sus víctimas e Iberdrola usó a una tercera empresa (Castellana de Seguridad S. A.) para facturar a Cenyt a través de ella.
Mes tenso
La imputación de Galán, presidente de la compañía desde 2006, llega después de un tenso mes para la empresa, que ha permanecido expectante ante los últimos movimientos que se producían en los juzgados. Todo se aceleró el 12 de mayo, cuando la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía envió un nuevo informe al juez donde le detallaba el hallazgo de nueve audios de conversaciones entre Villarejo y el ex jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, imputado en la causa y señalado como el interlocutor de la compañía con la trama. En esas grabaciones, se escucha al comisario jubilado reclamar más dinero por sus trabajos y también se refiere en varios momentos a Galán como conocedor de los encargos.
Tras quedar entonces al borde de la citación, el presidente de Iberdrola optó por mover ficha e intentar tomar la delantera. El 25 de mayo, la eléctrica envió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para informar de que Sánchez Galán se había puesto a disposición del juez para declarar si así lo consideraba necesario. Pero su ofrecimiento cayó en saco roto. García-Castellón no lo ha imputado hasta tener sobre la mesa la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. La petición del ministerio público llegó este martes y, justo ese mismo día, el magistrado firmó el auto donde lo llama a declarar como investigado.
En línea con el comunicado remitido a la CNMV hace tres semanas, fuentes de Iberdrola consideran estas nuevas citaciones como una “oportunidad” para aclarar los hechos. “La tramitación de [esta línea de investigación del caso Villarejo] ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía”, destacaba Iberdrola en la nota enviada a la Comisión, donde apostillaba: “Iberdrola es el primer grupo energético nacional y una de las principales empresas del Ibex 35. Y las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado”.
Más facturas
Además de los 1,04 millones de euros facturados por el grupo Iberdrola, el juez apunta que Castellana de Seguridad S. A. supuestamente pagó otros 407.740 euros a Cenyt por los servicios prestados al grupo energético. En este punto, el magistrado pone en valor la declaración de José Antonio del Olmo, que ejerció como director de control de funciones corporativas dentro de Iberdrola y que, según recalca el instructor, comunicó a sus superiores en 2004 “diversas irregularidades que presentaban los trabajos del proyecto Arrow”. Para guardarse las espaldas, Del Olmo llegó a depositar entonces un informe en una notaría, que se encuentra incorporado al sumario.
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