El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena, ha remitido este jueves un escrito al tribunal de apelación de Sassari (Italia) para advertirle de que la euroorden contra Carles Puigdemont sigue vigente y pedirle la “entrega inmediata” del expresidente catalán para que sea juzgado en España. En un oficio enviado al representante de España en Eurojust para que lo remita al juez italiano, Llarena relata todos los pasos que se han producido desde la emisión de la euroorden contra Puigdemont el día 14 de octubre de 2019 e incorpora el auto en el que acordó la prisión provisional del expresident, que, asegura, está en vigor.
Con el escrito enviado este jueves, Llarena pretende mantener vivo el proceso de ejecución de la euroorden que se inició el pasado viernes, tras la detención de Puigdemont en Cerdeña, y que se tambalea por las dudas generadas acerca de la inmunidad del expresident y de la supuesta suspensión de la euroorden dictada contra él. “Se ha tenido conocimiento de determinadas informaciones que niegan que pueda estar en vigor la orden de detención europea de Carles Puigdemont i Casamajó”, inicia Llarena su escrito, en el que se opone a la tesis que mantuvo la Abogacía del Estado en la información enviada al Tribunal General de la Unión Europea y que llevaron a este a levantar la inmunidad del expresidente catalán el pasado 30 de julio.
El instructor del procés asegura que la euroorden sigue vigente y que no ha quedado suspendida por el planteamiento de una cuestión prejudicial ante la justicia europea. Llarena recuerda que las recomendaciones de la UE a los tribunales jurisdiccionales nacionales sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales establecen que la presentación de una petición como la planteada en este caso comporta la suspensión del procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie. Sin embargo, advierte el juez, la propia recomendación subraya que la adopción de medidas cautelares no está sometida a ese régimen de suspensión obligatoria, sino que será el tribunal nacional el que decida si lo suspende o no. Y la orden de prisión del expresidente catalán y la orden de detención europea que se adoptaron el 14 de octubre de 2019 ―el día que el Supremo condenó por sedición a Oriol Junqueras y otros cinco miembros del Govern de Puigdemont― tienen, según Llarena, “una indiscutible naturaleza cautelar”. “Son decisiones que sirven a que el evadido quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que ―hasta ahora― ha estado impedido por la fuga”, advierte el magistrado, que recuerda que él no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la euroorden.
Llarena repasa uno a uno todos los pasos que ha seguido el procedimiento desde que se inició en 2019 y la legislación que la regula, y concluye que él es el único competente para activar o desactivar la euroorden y que, como no lo ha hecho, sigue activa. El juez recuerda además que el Parlamento europeo levantó en marzo la inmunidad contra Puigdemont y el Tribunal de Justicia de la UE ratificó esta decisión en julio pasado; y acusa a la Abogacía del Estado de haber informado erróneamente de que la euroorden estaba suspendida pese a que sabía que no era así. “Esta situación [que la orden de detención estaba vigente] no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España”, sostiene el juez, que advierte de que el Supremo nunca ha notificado a los servicios jurídicos del Gobierno la suspensión de la euroorden, “como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca”.
El juez pide al tribunal italiano que acuerde la entrega del expresidente para que la justicia española pueda continuar con el procedimiento contra él. Pero Llarena marca también el camino para el caso de que la defensa de Puigdemont, como ha anunciado, pida a la justicia europea que le devuelva de forma cautelar la inmunidad. Si eso ocurre y el tribunal europeo accede, el instructor del Supremo solicita a Italia que deje en suspenso el proceso de ejecución de la euroorden y adopte “las medidas que puedan entenderse precisas parar garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva” cuando Puigdemont vuelva a perder el blindaje que tiene como europarlamentario.
En el supuesto de que el Parlamento Europeo mantenga retirada la inmunidad de Puigdemont, el juez deja en manos de la justicia italiana la decisión de paralizar la ejecución de la euroorden hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada en el procedimiento que se sigue en Bélgica, siempre que Italia entienda que esa cuestión pueden afectar a su propia decisión.
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