Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, mientras estaba siendo espiado.EPV
Las conversaciones entre Julian Assange y sus abogados grabadas ilícitamente por la empresa española de seguridad UC Global en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que se refugió durante años el fundador de WikiLeaks, pudieron haberse entregado a agentes de los servicios secretos de Estados Unidos, según señala una providencia de Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que investiga este caso de espionaje.
El envío a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o a las autoridades estadounidenses de los detalles sobre la estrategia de defensa del ciberactivista, para el que EE UU solicita al Reino Unido su extradición, aparece reflejado en una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso . En la misma, el juez argumenta a las autoridades británicas por qué necesita tomar declaración como testigos a los letrados británicos y a los médicos de Assange que fueron espiados. Entre ellos a Gareth Peirce, de 82 años, la famosa abogada británica de la película En el nombre del padre interpretada por Emma Thompson.
El juez remitió hace más de dos años una orden europea de investigación (OEI) a la justicia británica, que se muestra remisa a colaborar, y ha pedido ampliaciones de información enviadas hace meses sin conseguir todavía una respuesta. La OEI es una herramienta de cooperación judicial para agilizar la cooperación entre jueces y superar las tediosas comisiones rogatorias. Pero en este caso no está siendo así y la justicia británica está bloqueando la investigación.
Los abogados británicos espiados en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres por orden de David Morales, el exmilitar español dueño de UC Global, a los que Pedraz pide interrogar, son los mismos que ahora defienden a Assange en la petición de extradición a EE UU que una juez británica acaba de aprobar. La ministra del Interior, Priti Patel, una de las más duras del Gobierno de Boris Johnson, tiene dos meses de plazo para tomar la decisión definitiva. Estados Unidos acusa a Assange de 18 presuntos delitos, que podrían elevar las penas a hasta 175 años de prisión, por las informaciones sobre operaciones militares secretas en Afganistán e Irak que desveló su organización de material clasificado. Desde su expulsión en 2019 de la Embajada ecuatoriana, el australiano permanece preso en una cárcel londinense.
Extradición viciada
La demostración de que los servicios de inteligencia estadounidenses conocieron la estrategia de defensa del ciberactivista australiano mediante el espionaje a sus abogados podría anular la extradición al cuestionar los métodos ilegales utilizados por EE UU para conseguir juzgar a Assange en su país, según señalan fuentes jurídicas. Si se permite que España tome declaración en un tribunal de Londres como víctimas de EE UU a los letrados y médicos del fundador de WikiLeaks que ejercen la defensa en la causa de extradición, la justicia británica quedaría en una situación embarazosa, según las mismas fuentes. Se podría alegar que el proceso estuvo viciado al haberse violado el derecho de defensa por el país que solicita la entrega.
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En la exposición al Reino Unido de las presuntas actividades ilícitas de David Morales, el juez de la Audiencia Nacional señala directamente a las agencias de inteligencia de EE UU o a las autoridades de ese país como receptoras de las conversaciones de los espiados, decenas de personas entre las que se encontraban los letrados, médicos, periodistas, diplomáticos, familiares y amigos del activista.
“La información obtenida de forma ilícita podría haber sido entregada a terceras personas o instituciones, entre las que principalmente se encontrarían autoridades de la propia República de Ecuador, intermediarios en Estados Unidos, y agentes de los servicios secretos y / o autoridades de Estados Unidos, Estado que solicita actualmente la extradición del querellante señor Assange”, dice la providencia. “La información habría sido entregada, además de mediante viajes físicos, también a través de la creación de un servidor FTP (en la sede de la empresa en Jerez de la Frontera), posterior portal web con acceso restringido a [direcciones] IP, principalmente ubicadas en Estados Unidos”, señala Pedraz.
Según las pruebas aportadas por un exinformático de esta compañía, hoy testigo protegido, el ISP (el proveedor del servicio de internet) de una de las IP (dirección única que identifica un dispositivo en la Red) que accedieron al servidor de la empresa española corresponde a la compañía de seguridad estadounidense The Shadowserver Foundation. Esta entidad asiste a Gobiernos, fuerzas del orden y agencias de inteligencia de EE UU en seguridad y criminalidad en internet, según su página web. Otras direcciones dirigen a direcciones IP de Texas, Arizona, Illinois y California.
La investigación judicial sobre el director de UC Global y las actividades de su empresa fue ordenada por el juez José de la Mata, al que sustituyó Pedraz, y se inició semanas después de que desvelara los vídeos, audios e informes donde se demuestra que esta compañía espió las reuniones del ciberactivista con sus abogados y colaboradores. Morales supuestamente facilitó estas y otras conversaciones a servicios de inteligencia norteamericanos.
Tras la investigación de este diario Assange presentó una querella contra Morales, que fue detenido y al que se le acusa de delitos contra la intimidad, violación del secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, cohecho y blanqueo de capitales. Varios testigos protegidos han declarado contra Morales y aseguran que EE UU tenía acceso a todo el material intervenido durante el espionaje a Assange y a sus abogados. El exmilitar, antiguo miembro de la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina, niega los hechos.
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