El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular, adquirido al 100%, concedió financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en 2016 sin descontar el capital correspondiente, como exige la ley.
Todo se remonta al 25 de mayo de 2016 cuando el Popular, entonces presidido por Ángel Ron, decide ampliar capital para realizar provisiones con las que cubrir los activos inmobiliarios depreciados y reforzar sus recursos propios. La operación sale bien, pero tras la llegada del nuevo presidente, Emilio Saracho, surgen rumores sobre la posibilidad de que la ampliación se hubiera cubierto, en una parte, con créditos del propio banco. La ley especifica que si se presta dinero a los clientes para que acudan a una ampliación de capital, estos importes no se deben contabilizar como recursos propios.
El 3 de abril de 2017, bajo el mando de Saracho, el Popular emite un hecho relevante en el que dice que se está investigando este problema y que se ha informado al consejo de “determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto sobre el resultado ni el patrimonio neto contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros”.
Orden de financiar irregularmente
El juez dice que “en la causa existe un documento de enorme trascendencia. A requerimiento de la CNMV, Heraclio Peña remite un informe (de fecha 2 de octubre de 2017), complementario de otros anteriores, sobre diversos aspectos del hecho relevante de 3 de abril”.
En él dice que “se dieron instrucciones precisas de financiación”, según el auto. El juez deduce “que tanto el consejero delegado del Popular, como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial —a través de los directores territoriales y regionales― para que ofertaran financiación a determinada clientela del Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital”.
También cree que existen indicios de que los máximos directivos de departamentos estratégicos del banco ―Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos― “conocieron y consintieron dicha financiación”. Incluso el director de Cumplimiento Normativo puso en conocimiento de la Oficina del consejero delegado que la red comercial estaba financiando la ampliación, reza el documento de la Audiencia.
Por eso, ahora se investiga si “la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo”.
“Hecho que causa estupefacción”
El juez critica la inacción del Departamento de Auditoría Interna del Popular por “no abrir una amplía investigación respecto de esta cuestión y limitarse a realizar un trabajo estimativo”. También recuerda que no se lo exigió de forma efectiva por el consejo y señala que el trabajo de investigación que realizaron los vicesecretarios del consejo “orilla de forma consciente cualquier examen de operaciones concretas. Hecho este que causa estupefacción”.
También critica al auditor externo, PwC, al Banco Central Europeo, “que es supervisor de la entidad, a través de la inspección intrusiva. Incluso esta entidad aplaudió la operación después de realizarla.
Por todo ello, pide al Santander que facilite la labor de los peritos del juzgado para elaborar tres archivos en formato Excel o Access con detalle de los accionistas ―excluidos los empleados de Grupo Popular― que suscribieron más de 5.000 acciones en la ampliación de capital de mayo de 2016.
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