Ignacio González, expresidente de la comunidad de Madrid, se queda a solo un paso del banquillo en otro de los frentes que acumula en los tribunales. El magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, ha procesado al exdirigente del PP por el supuesto amaño de los contratos para construir y explotar el campo de golf habilitado en las instalaciones del Canal de Isabel II durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez tomó la decisión el pasado lunes tras recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha solicitado hasta 12 años de cárcel para González en otras dos líneas de investigación de esta macrocausa.
En un auto fechado el 24 de mayo, al que tuvo acceso EL PAÍS, el instructor describe la operativa ideada por la red de corrupción para desviar fondos públicos a su bolsillo. Según el juez, se urdió un sistema de subcontrataciones para que las adjudicaciones recayeran en algún momento en una empresa vinculada a los familiares del expresidente madrileño, lo que les permitió embolsarse presuntamente más de medio millón de euros entre 2006 y 2012.
En la cúspide de la trama se sitúa a González, que entonces presidía el Canal de Isabel II, además de ostentar el cargo de vicepresidente de la Comunidad desde 2003 a 2012, cuando asumió la jefatura del Gobierno regional tras la salida de Aguirre. Junto a él operaba su mano derecha, Ildefonso de Miguel, exgerente de la empresa pública de aguas, también procesado. Así como los tres socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT): José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Estos dos últimos son, respectivamente, el hermano y cuñado del exdirigente popular, que “ostentaban la titularidad [de dicha compañía] a través de personas interpuestas, con el fin de ocultar sus vínculos familiares con este”, según resume García-Castellón en su resolución.
Una vez procesados por cohecho y antes de dictar el auto de apertura de juicio oral, el magistrado ha dado ahora un plazo de 30 días a las partes para que presenten escrito de acusación contra los imputados y planteen las penas que solicitan contra ellos. En el marco del caso Lezo, la Fiscalía ya pidió cuatro años de cárcel para González por la presunta adjudicación irregular en 2007 del tren de Navalcarnero a OHL; y otros ocho años de prisión por la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, que sirvió presuntamente para repartirse comisiones ilegales millonarias
Los dos contratos bajo sospecha
El magistrado, en línea con el ministerio público, destaca las “irregularidades” detectadas en dos concursos públicos del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf. El primero comprende la concesión a la constructora Dragados de la obra para la “consolidación, impermeabilización y ajardinamiento”, adjudicada en 2003. Solo un año después de sellar ese contrato, la trama modificó el proyecto y, en lugar de “convocar” otra licitación, “convino” con Dragados que esta se encargaría también de acometer los cambios, pero subcontrataría determinados trabajos con la empresa de los familiares de González. Estos superaron los tres millones de euros, “a pesar de conocer que TCT carecía de toda capacidad para ejecutarlos”.
De hecho, como la compañía vinculada al exdirigente del PP era incapaz de llevar a cabo el encargo, subcontrató entonces las obras a otras dos sociedades (Onlygolf y Fieldturf España), a las que cobraron presuntamente una comisión del 8% por su intermediación. “Consiguiendo así un beneficio aproximado para TCT de 381.000 euros, financiado con los fondos públicos”, remacha el juez en su auto, donde describe cómo los tres socios procesados se repartieron 267.000 euros entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 mediante 49 entregas en efectivo.
El segundo contrato bajo sospecha versa sobre la gestión y explotación de las instalaciones deportivas, que el Canal de Isabel II adjudicó en 2006 a una unión temporal de empresas (UTE) que incluía a TCT y a una sociedad de Dragados. Tras la concesión, estas crearon la empresa Green Canal Golf, que subcontrató a TCT para el mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros. Pero esta, de nuevo, lo subcontrató con Onlygolf por 7.941 euros al mes. Logrando así, “por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 124.000 euros”, incide el magistrado.
En el mismo auto del 24 de mayo, el juez rechaza procesar a otros ocho imputados en la causa: María Pilar de la Olivo, esposa de José Antonio Clemente; Dimitris Tsalidis, administrador de las sociedades subcontratadas por TCT; Fernando Manuel Serrano, contable de TCT; Fernando Sánchez y Agustín de Dios, socios de una “sociedad instrumental utilizada para dar cobertura a algunos de los reintegros en efectivo que recibieron” los principales implicados en la trama, según la Fiscalía; y María Luisa Carrillo, Manuel María Gámez y Adrián Martín, que participaron en la emisión de informes para las adjudicaciones. Al igual que el magistrado, Anticorrupción mantiene que no existen suficientes indicios contra ellos.
Ignacio González no solo se encuentra señalado en el caso Lezo, donde se encuentra procesado ya por tres líneas diferentes de investigación. El expresidente autonómico también se encuentra imputado en el caso Púnica, por la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.
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