José de la Mata, el juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas irregularidades que rodearon la obra de la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid, ha imputado al comisario Andrés Gómez Gordo por tres contratos relacionados con la seguridad del recinto firmados cuando él era director de Seguridad, entre 2007 y 2009. Este agente de la Policía Nacional, muy próximo a María Dolores de Cospedal, se encuentra también investigado en el caso Kitchen por su supuesta implicación en la trama urdida en el Ministerio del Interior para espiar en 2013 al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP antes de que se hiciera con ellos el magistrado que instruía el caso sobre la caja b del partido conservador.
En esta causa abierta sobre la Ciudad de la Justicia, De la Mata investiga presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos societarios, entre otros, en relación con las distintas prácticas acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia. Hasta la fecha, constaban como imputados Alfredo Prada, exvicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid; el arquitecto y director general técnico del proyecto, Isabelino Baños; el subdirector técnico, Mariano José Sanz Piñar; el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid, Alicio de las Heras; además de Felix José García de Castro, María Lourdes Manóvel y Paloma Mateo Martín.
A esta lista se suma ahora el comisario destinado en Madrid Gómez Gordo, quien ya está siendo investigado en la operación Kitchen –en la que se espió al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas– de la causa Tándem, en el Juzgado de Instrucción número 6. De la Mata recuerda que el comisario fue el director de seguridad de la Ciudad de la Justicia de diciembre de 2007 a octubre de 2009 y que firmó junto al director técnico Isabelo Baños los informes de valoración de varias ofertas presentadas a los diferentes concursos.
Consultoría para el sistema integral de seguridad
En concreto, el magistrado pone el foco en tres procesos de contratación en los que participó. El primer contrato fue el de la consultoría y asistencia para la implantación de un sistema integral de seguridad en la Ciudad de la Justicia, que fue licitado por procedimiento abierto y adjudicación por concurso en 2007.
El presupuesto base de licitación era de 155.000 euros y el plazo de ejecución 12 meses, y se presentaron hasta nueve empresas, de las cuales dos (Technosafe e IDOM) ofrecieron ofertas económicas más ventajosas que la que resultó finalmente adjudicataria, TECISA 74 S. L. De hecho, la oferta de Technosafe fue calificada como “baja temeraria” y se rechazó sin que el órgano de contratación la citara en audiencia para que explicara o aportara documentación.
El informe de valoración de las ofertas fue realizado por Gómez Gordo en febrero de 2008. El juez apuntó en su auto del 13 de julio de 2020, adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso Europa Press, que no utilizó un sistema de puntuación, “sino una calificación demasiado genérica”.
Además, aclara que la mesa de contratación permanente del Campus de la Justicia no intervino en esa adjudicación. Tras la firma de ese acuerdo, Gómez Gordo redactó siete días después un informe de ampliación y modifica el contrato aumentándolo en 87.507 euros. Cifra que coincide con la propuesta de ampliación de contrato que presenta Tecisa 74 pocos días más tarde. “Lo que evidencia que la ampliación y modificación habría sido consensuada por ambas partes”, dice el juez. “El órgano de contratación, vulnerando el sentido y la finalidad de la licitación, procedió a modificar el objeto del contrato desde el mismo día en que este se formalizó mediante una ampliación que supuso un incremento del precio del contrato en cuantía superior al 64%”, recuerda el magistrado.
La seguridad del recinto de las obras
El mismo recorrido siguió otra de las licitaciones, la de la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el recinto de las obras de construcción del Campus de la Justicia. Tampoco consta que hubiera mesa de contratación para este caso ni calificación y valoración de las ofertas, cuando el presupuesto base de licitación publicado en el concurso era de 205.170 euros.
El auto de De la Mata señala que se presentaron casi 20 ofertas, y que Gómez Gordo, en enero de 2008, elaboró un informe estimando que la oferta más favorable era la de Serygur por un importe de 183.552 euros, cuando realmente la oferta más económica era la de Seguridad Integral Madrileña por un importe de 172.096 euros, y que fue puntuada con cero puntos como oferta “anormalmente baja o desproporcionada”.
Al igual que ocurrió con la anterior compañía que fue calificada así, no se le requirió información adicional para que documentara la viabilidad de la oferta ni se le solicitó aclaraciones para un informe técnico. De hecho, el contrato se firmó entre Serygur y Prada en febrero de 2008 por importe de 183.552 euros, lo que asciende a 205.170 sumándole el IVA.
Gómez Gordo, aproximadamente un año después de esa adjudicación, consideró “imprescindible y justificado” que el servicio se prorrogara por el tiempo estrictamente necesario y por un importe mensual de más de 15.000 euros hasta que se realizara una nueva adjudicación (esta vez con importe de licitación de 318.000 euros). Pero el mismo contrato se prorrogó una segunda vez en marzo de 2010 a propuesta del consejero delegado, Miguel Giménez de Córdoba.
El contrato para el control de entradas
En cuanto al contrato para el servicio de gestión de control de entradas y gestión de la base de datos en las obras de la fase 1 del Campus de la Justicia, de igual modo, no consta que se constituyera mesa de contratación para la apertura de la licitación, que de base se estimaba en 59.280 euros.
Al mismo se presentaron solo dos empresas, Serygur Servicios. y CODE Servicios. Gómez Gordo, una vez más, elaboró un informe en marzo de 2008 y estimó que la mejor oferta era la de Serygur y rechazó la otra por no cumplir requisitos de experiencia y conocimientos en prevención de riesgos laborales, a pesar de que la oferta era más de 3.000 euros más barata.
Tal y como ocurrió con el anterior contrato, Gómez Gordo un año después consideró imprescindible prorrogarlo a razón de 4.913 euros al mes, y lo mismo ocurrió en marzo de 2010. Por esos tres contratos, el juez considera que debe ser investigado para que ofrezca explicaciones sobre los mismos, dado que “de las actuaciones practicadas resulta indiciariamente que pudo tener participación en los hechos objeto de investigación de la causa”.
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