Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha procesado al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el presunto espionaje urdido contra un empresario de Marbella, Felipe G. Z. A través de un auto dictado el pasado viernes, el juez propone enviar al banquillo al antiguo agente, epicentro del macrosumario bautizado como caso Tándem o caso Villarejo, a cinco de sus colaboradores —incluidos dos mandos del cuerpo policial— y a la clienta de la trama, Marzena Katarzina. El instructor pone así fin a esta línea de investigación tras atribuir a los implicados los delitos de cohecho activo y pasivo, y descubrimiento y revelación de secretos.
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García-Castellón, que llegó a imputar en esta línea de investigación a otras cuatro personas, archiva las pesquisas abiertas contra ellas, entre las que se encuentra Eugenio Pino, director general de la policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy y procesado por la Operación Kitchen, la trama de espionaje contra el extesorero popular Luis Bárcenas.
En su escrito del pasado viernes, el magistrado relata cómo, en verano de 2015, Katarzina contactó con una de las empresas de Villarejo, el bufete Stuart & McKenzie. La clienta quería emprender “acciones legales” contra Felipe G. Z. para que le “restituyese” una cantidad de dinero y, con la idea de concretar el encargo, mantuvo reuniones con dos cercanos colaboradores del comisario: los abogados Rafael Redondo y David Macías, también procesados. Según el auto, las partes pactaron entonces una “estrategia conjunta, consistente en acciones de índole civil y penal” contra la víctima. La trama se quedaría con el 33% de las cantidades que recuperasen, según subraya el magistrado.
La red tejida por Villarejo elaboró un informe sobre el empresario de Marbella, para lo que accedieron a bases de datos restringidos gracias a su condición de policías: entre otras fuentes, obtuvieron información del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado y de los registros del DNI. Y, para conseguir ese material confidencial, la trama echó mano presuntamente del comisario Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el grupo encargado de las operaciones encubiertas dentro del cuerpo, de Constancio Riaño, un inspector jefe destinado en la Comisaría General de Información, y de Antonio Bonilla, otro inspector jefe que se encontraba en situación de segunda actividad y que colaboraba con Cenyt, el grupo empresarial liderado por Villarejo. Por ello, el juez ha procesado también a estos tres imputados.
Rafael Redondo confeccionó entonces un informe —que presentaron en las causas judiciales que Katarzina emprendió contra Felipe G. Z.— donde analizaba la historia de la víctima, “su entorno familiar, sus colaboradores y personas cercanas, su trayectoria profesional, su patrimonio, el entramado societario que posee, su situación financiera y crediticia”, según detalla el magistrado García-Castellón. Además, apuntaba “la existencia de indicios de fraude fiscal y de blanqueo de bienes en su actuación”. “Para la confección de este informe se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público”, concluye el juez de la Audiencia Nacional.
El instructor descarta que los implicados cometiesen un delito de extorsión: “No se aprecia ningún acto de violencia ni de intimidación preordenados a que Felipe G. Z. realizase u omitiese un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero”.
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