El juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Celestino Salgado ha dictado un auto en el que rechaza la reincorporación inmediata del coronel Diego Pérez de los Cobos al puesto de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, del que fue cesado, en mayo de 2020, por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El mando del instituto armado había solicitado que se ejecutara la sentencia dictada el pasado marzo por el mismo magistrado y en la que se condenaba al ministerio a reponerle en su puesto al concluir que su destitución había sido “ilegal”. Este fallo todavía no es firme al haber sido recurrido por la Abogacía del Estado, en nombre de Interior. “El coronel lleva sufriendo desde hace ya casi un año unos daños irreversibles y de imposible reparación”, había alegado la defensa de Pérez de los Cobos para pedir su vuelta inmediata al puesto de jefe de la Guardia Civil en Madrid. Sin embargo, el juez ha desestimado su petición al considerar que, si finalmente prospera el recurso del Gobierno, el reingreso del alto mando “produciría perjuicios” a las personas que integran la cadena de mandos de la Guardia Civil tanto en la Comandancia de Madrid como en la Intervención de Armas y Explosivos, donde está actualmente destinado Pérez de los Cobos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, logra así un alivio en la batalla judicial que mantiene con Pérez de los Cobos desde que lo destituyera en la primavera del año pasado tras filtrarse a la prensa detalles de la investigación de la Guardia Civil sobre la celebración de la manifestación del Día de la Mujer en Madrid el 8 de marzo de aquel año y su supuesta relación con la propagación de la covid-19. Los agentes que realizaban aquella investigación, pertenecientes a la Comandancia de Madrid, actuaban bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien investigaba por prevaricación al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la celebración de actos multitudinarios en las fechas previas a la declaración del estado de alarma. La jueza archivó finalmente la causa.
Grande-Marlaska atribuyó en un primer momento la destitución de Pérez de los Cobos a un simple “cambio de equipos”, pero en posteriores comparecencias públicas vinculó el cese a una “pérdida de confianza” por la filtración de datos contenidos en un documento policial del caso 8-M. Sin embargo, el escrito con el que se comunicó al coronel su cese especificaba que la decisión se había tomado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, en referencia a aquellas pesquisas. En la sentencia de marzo, el juez Celestino Delgado recalcó que la magistrada instructora había dado órdenes expresas a los guardias civiles para que no se filtraran datos sensibles a sus superiores, por lo que concluyó que el “cese era ilegal, en tanto que estuvo motivado por cumplir con la ley y el expreso mandato judicial”. “La motivación de la propuesta de cese no es real, o, al menos, no se ajusta a la realidad”, apostilló el fallo.
Tras hacerse pública, el Gobierno recurrió la sentencia. Paralelamente, Pérez de los Cobos solicitó su reingreso como jefe de la Guardia Civil en Madrid, pero Interior lo rechazó a la espera de que el fallo fuera firme, por lo que el alto mando acudió a la Audiencia Nacional. En su escrito para reclamar su reincorporación, el coronel aseguraba que su vuelta a su anterior puesto no suponía ningún perjuicio para otras personas, al estimar que el coronel que fue nombrado para sustituirle podría seguir destinado en la Comandancia de Madrid, aunque ejerciendo de segundo jefe. Pérez de los Cobos también alegaba que, de mantener su actual situación, sería él quien podría sufrir “un perjuicio irreversible y de imposible reparación”, ya que dañar su aspiración de ascender a general de Brigada antes de su pase a la reserva, al otorgarle su actual puesto en la Intervención de Arma menor puntuación a su expediente que la que obtendría de ser el máximo responsable del instituto armado en Madrid.
Por su parte, Interior se oponía al considerar que su reincorporación inmediata, sin esperar a que la sentencia fuera firme, provocaría “un perjuicio irreparable a la Administración y a terceros”. En este sentido, destacaba que no solo se vería afectado el coronel que actualmente ocupa la jefatura de la Comandancia de Madrid, sino también otros mandos de este destino —así como a otros de la Intervención de Armas— al tener que situarles en otros puestos, lo que provocaría un “trastorno organizativo”. En su escrito, el Gobierno admitía que el coronel acumula menos puntos en su actual puesto, aunque no tantos como asegura, y niega que ese hecho perjudique sus posibilidades de ascenso. En este sentido, recalca que el acceso al grado de general de Brigada no es un procedimiento reglado por el cual asciendan de manera automática los que tengan mayor puntuación. El escrito concluía que los perjuicios que el coronel esgrimía en su escrito para solicitar su reincorporación inmediata eran “inexistentes” y fruto de “especulaciones”.
En su auto, fechado este miércoles, el juez Celestino Delgado admite que se ha “producido un perjuicio” al mando de la Guardia Civil, “que continúa en el tiempo en tanto no se produzca su reincorporación al puesto del que fue cesado”. Sin embargo, rechaza que su reincorporación se produzca de forma inmediata. Según argumento el magistrado, la supuesta influencia de la actual situación en las posibilidades de ascenso de Pérez de los Cobos es “un perjuicio hipotético, pues dicho ascenso al empleo de general de Brigada es una mera expectativa”.
El auto también recuerda que, si bien la sentencia “difumina la presunción de la legalidad” de su cese, también destaca que el puesto de jefe de la Guardia Civil en Madrid es un cargo “de confianza” y que “la reincorporación del recurrente [Pérez de los Cobos] al puesto de Jefe de la Comandancia en ejecución provisional de la sentencia obligaría a una reorganización en la Comandancia de Madrid y en la Intervención Central de Armas y Explosivos, con la consiguiente afectación de personas que ocupan puestos en ambas”. Por todo ello, concluye que ejecutar la sentencia es “susceptible de producir perjuicios de imposible reparación” por lo que rechaza la reincorporación del coronel al puesto del que fue destituido.
Source link