El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy volverá a rendir cuentas ante la justicia de su país. Ahora afronta un nuevo juicio al estar acusado, junto a otras 13 personas, por la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2012, que acabó con su derrota ante el socialista François Hollande. El conservador Sarkozy se expone a una pena de un año de prisión y 3.750 euros de multa. El que fuera presidente de la República entre 2007 y 2012 hace frente a este caso después de ser condenado a principios de marzo a tres años de cárcel por corrupción, una sentencia que ha recurrido, lo que la deja en suspenso.
Tras la apertura este miércoles del juicio por el llamado caso Bygmalion, el tribunal decidió aplazarlo hasta el 20 de mayo. El motivo es que el abogado del acusado Jérôme Lavrilleux, director adjunto de la campaña de 2012, está enfermo por covid-19. El caso Bygmalion toma su nombre de la empresa de comunicación y eventos que organizó los mítines en la campaña para la reelección. Entre los acusados, se encuentran responsables de la empresa, del equipo de campaña del entonces presidente y de la Unión para un movimiento popular (UMP), el nombre del partido de Sarkozy, refundado en 2015 como Los Republicanos, el actual.
Según han admitido algunos implicados, el partido y el equipo del candidato sobrepasaron con creces el techo de gasto autorizado por ley de 22,5 millones de euros. Sarkozy gastó 42,8, casi el doble. Para ocultarlo, gran parte del gasto lo asumió la UMP en vez de la campaña. La operación se disimuló con facturas falsas emitidas por Bygmalion, en las que constaban prestaciones inexistentes como conferencias o eventos que nunca tuvieron lugar.
Sarkozy, que no ha asistido a la primera sesión del juicio de este miércoles, alega que él no estaba al corriente de la contabilidad de la campaña. Y, en efecto, los investigadores no han logrado demostrar que el expresidente organizase o conociese la trama. Pero el auto del juez instructor sostiene que, por su experiencia electoral, el expresidente, “más que nadie, debía de conocer, respetar y hacer aplicar por parte de su equipo las disposiciones legales” respecto a la financiación de la campaña. Y se benefició del fraude supuesto al disponer de más dinero del que permitía la ley.
La de 2012 fue una campaña anómala. Sarkozy se veía por detrás en los sondeos ante Hollande, pero lo suficientemente cerca para remontar. Por eso decidió pisar el acelerador. En vez de la quincena de mítines previstos, celebró 44. Eran mítines colosales, con escenarios y pantallas gigantes, miles de seguidores trasladados en tren de alta velocidad desde todo el país a cuenta de la campaña, y una infraestructura digna de una gira de los Rolling Stones. En las bambalinas y los camerinos había bufés de lujo, ducha, y hasta mayordomo, según contaron los periodistas Gérard Davet y Fabrice Lhomme en el libro La haine (El odio), una crónica de las guerras civiles en la derecha francesa durante los años de Sarkozy.
Más mítines, más viajes, más público: las cajas de la campaña no daban de sí, los gastos se descontrolaron. Los asesores de campaña idearon el sistema que puede condenarles: cargar parte de los gastos a la UMP, entonces dirigida por Jean-François Copé, un político que ambicionaba a sustituir a Sarkozy como líder de la derecha en caso de derrota.
Copé, ya exonerado en este caso, era amigo de los jefes de Bygmalion. Esta circunstancia, al desvelarse el caso en 2014, cargó sobre él las sospechas, alimentadas por sus rivales dentro de la UMP. En la pelea participaba otro aspirante a suceder a Sarkozy, su primer ministro François Fillon, quien, tras su frustrada candidatura a la presidencia en 2017, sería condenado en 2020 a cinco años de prisión por los empleos ficticios de su esposa. Fillon ha recurrido la condena. El caso Bygmalion es la historia de la lucha fratricida en la UMP primero y, después, en Los Republicanos. Una pelea a varias bandas que enfrentaba a Sarkozy, Copé y Fillon, un todos contra todos que contribuyó a la travesía del desierto de la que la derecha no se ha recuperado.
Sarkozy, por su lado, tiene más cuentas pendientes con la justicia. Tras el recurso a la condena el 1 de marzo por corrupción al intentar sonsacar información a un fiscal a cambio de favores, deberá celebrarse otro juicio en el que buscará la absolución. Y, en un tercer asunto, está imputado por la supuesta financiación de la campaña que le llevó al poder en 2007 con dinero de la Libia del Muamar el Gadafi.
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