Los talibanes han anunciado este sábado la llegada a Kabul del clérigo Abdulghani Baradar, cofundador del movimiento y líder de su brazo político. Baradar va a reunirse con otros dirigentes afganos para negociar un nuevo Gobierno que los fundamentalistas islámicos han prometido que será “incluyente”. Una semana después de que la milicia se hiciera con la capital de Afganistán, el vacío de poder empieza a pasar factura con los bancos sin dinero, el comercio paralizado y la economía en caída libre. Más allá del pánico desatado por sus posibles represalias, muchos afganos tienen dificultad para afrontar las necesidades básicas del día a día.
El movimiento islamista mantiene una deliberada ambigüedad sobre sus intenciones. Un portavoz anónimo citado por Reuters dice que el grupo planea tener listo en las próximas semanas “un nuevo modelo para gobernar Afganistán, con distintos equipos para abordar los problemas de seguridad interna y financieros”. La víspera Wahidullah Hashemi, un miembro de la dirección talibana, mencionó la posibilidad de formar un Consejo de Gobierno bajo la autoridad de su líder supremo, el mawlawi Hibatullah Akhundzada, quien guarda silencio.
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Akhundzada estaría por encima del presidente, cargo para el que se ha rumoreado a Baradar por su experiencia al frente de la Oficina Política del grupo en Doha (Qatar), desde dónde voló a Kandahar, la segunda ciudad de Afganistán, el pasado martes. Pero hay otros contendientes. En lo que todas las fuentes coinciden es en que no va a tratarse de una democracia en el sentido occidental, aunque, aseguran, respetará los derechos de todos.
No está claro cómo van a conseguir ese objetivo y las noticias de abusos empiezan a cuestionar el lenguaje moderado con el que los islamistas intentan distanciarse de la brutalidad del régimen que impusieron entre 1996 y 2001. “Hemos oído algunos casos de atrocidades y crímenes contra civiles”, admite el interlocutor de Reuters antes de asegurar que van a investigar si los miembros de la milicia son responsables. También afirma que van a contar con “expertos del Gobierno anterior” para gestionar la crisis.
La medida, más que generosa, parece una necesidad. En el sector sanitario, la situación es especialmente preocupante. Un 75% del sistema depende de la ayuda extranjera. Si se suspende la financiación y si los profesionales cualificados, en especial médicos y enfermeros, se van del país, el sistema se derrumba.
Tal vez por ello entre quienes han sido sondeados se encuentra, según ha podido saber EL PAÍS, el hasta ahora ministro en funciones de Sanidad, Waheed Majroh, que pasaría a ocuparse de la cartera. De confirmarse, ese nombramiento sería bien recibido por las agencias y organizaciones humanitarias. “Permitiría continuar las campañas de inmunización de la covid y contra la polio”, declara un responsable de una agencia internacional antes de recordar las dificultades que ha afrontado este último esfuerzo en las zonas controladas por los talibanes.
Habrá que ver en qué condiciones y con qué margen de maniobra van a contar quienes acepten mantenerse en sus puestos. También hasta qué punto los empleados públicos están dispuestos a trabajar con los talibanes. Algunos políticos, como el expresidente Hamid Karzai o el jefe del Consejo para la Reconciliación, Abdullah Abdullah, se han ofrecido a facilitar la transición. Sin embargo, hay cargos de la Administración que han preferido pasar a la clandestinidad. “Estamos trabajando fuera y en silencio”, confía una hasta ahora directora general en un ministerio. A otros, los talibanes les han pedido que se queden en casa cuando se han presentado en sus trabajos.
El retraso en formar un Gobierno, o anunciar quién va a presidir la nueva administración tras el golpe de Estado, confirma que los talibanes no esperaban tan súbito triunfo. Mientras, frustrados ante la falta de interlocutores, muchos afganos acuden a las redes sociales para denunciar los abusos de que están siendo objeto, la imposibilidad de retirar dinero de los cajeros y las dificultades que afrontan para dar de comer a sus familias. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que un tercio de los 38 millones de habitantes necesita ayuda alimentaria y, como el resto de las agencias de la ONU, está pidiendo a los donantes que no suspendan sus contribuciones.
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