Imagen de archivo de la entrada al Centro Penitenciario Madrid IV, en la localidad de Navalcarnero.Santi Burgos
El aislamiento al que el Ministerio del Interior sometió durante el estado de alarma a las cárceles españolas para minimizar el riesgo de contagio de la covid no impidió a los narcotraficantes que actúan tras sus muros continuar con su negocio. E incluso verlo crecer. La desarticulación de una trama en el centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid) el pasado septiembre, con la detención de 18 personas —cinco de ellas, funcionarios de prisiones—, ha permitido conocer las tácticas con las que sus miembros lograron burlar la dificultad que la pandemia supuso para la introducción de droga. Y cómo el doble encierro que aquella supuso para los reclusos derivó en una mayor dependencia de los estupefacientes y un negocio redondo para la mafia. El sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que, durante la pandemia, tres presos de esta cárcel murieron por sobredosis.
La bautizada como Operación Orión —que se desarrolló en paralelo a otra en la prisión de Valdemoro (Madrid) por la que en junio fueron arrestados cuatro funcionarios y dos reclusos por hechos similares— se inició tras remitir el director del Centro Penitenciario de Navalcarnero dos cartas en junio de 2019 a Interior. En ellas solicitaba ayuda policial para cortar la entrada de drogas y teléfonos móviles (cuya tenencia y uso dentro de prisión está prohibido) que había puesto en riesgo la seguridad del centro. En aquel documento, el responsable de la cárcel señalaba ya a dos trabajadores como presuntamente implicados en la trama, según recoge el sumario.
El pasado 29 de septiembre, más de dos años después de aquella denuncia, la Guardia Civil detenía a cinco trabajadores de la cárcel, uno de ellos jubilado, junto a otras 13 personas, entre ellas siete reclusos, como presuntos integrantes de la trama. Los funcionarios en activo, que niegan las acusaciones, están desde entonces suspendidos de funciones por Instituciones Penitenciarias.
Según el informe que el instituto armado remitió al juez poco antes de los arrestos, “los funcionarios investigados aprovecharían su condición para introducir, sin el menor problema debido a que no tienen ningún tipo de control a la entrada al recinto penitenciario, entre sus pertenencias determinadas sustancias estupefacientes y teléfonos móviles” que luego entregaban a internos con los que supuestamente estaban compinchados.
Los testimonios recogidos por los agentes apuntan a que lo hacían en mochilas en las que llegaban a portar hasta un kilo de hachís, 20 gramos de cocaína y 20 de heroína, además de teléfonos con conexión a internet. Por cada una de estas mochilas que colaban recibían 1.500 euros, según declararon algunos de los 11 testigos protegidos, seis de ellos reclusos, con los que cuenta la causa. Fuentes de las defensas de los trabajadores restan credibilidad a estos testimonios y añaden que, cuando algunos de estos testigos fueron llamados por la jueza de Navalcarnero que instruye la causa para que ratificaran su testimonio, no se presentaron y están ilocalizables.
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El informe de la Guardia Civil destaca los beneficios que la trama obtenía de la venta de la droga, ya que el precio de la misma en la cárcel es muy superior al de la calle. Como ejemplo, los agentes señalan que mientras el kilo de hachís fuera de prisión se sitúa en el entorno de los 1.000 euros, tras los muros, esa misma cantidad alcanzó los 8.000. Lo mismo señala de la heroína y la cocaína, que se vende por micras dentro de prisión por entre 20 y 50 euros, y el gramo hasta a 200 euros, muy por encima de los 60 euros por gramo de la calle.
El documento policial añade que, mientras en otros centros penitenciarios durante la pandemia el volumen de droga se redujo porque el aislamiento eliminó las dos principales vías de entrada (los encuentros físicos o vis a vis de los presos con familiares y amigos y los permisos de salida, suspendidos para evitar los contagios), en la de Navalcarnero se incrementó.
Así, en 2019 en esta prisión se aprehendieron dos kilos y medio de hachís y 50 gramos de cocaína, mientras que en 2020, en plena pandemia, estas cifras se elevaron a dos kilos y 700 gramos y 101 gramos, respectivamente. La heroína disminuyó un poco: de 138 gramos a 125. El documento policial recalca que la estimación es que las cantidades que se intervienen solo representan el 10% de toda la droga que circula en las cárceles. El testigo protegido número 2 aseguró a los agentes que durante la pandemia vio “un trasiego continuo de sustancias estupefacientes”.
Las pesquisas apuntan a que, una vez dentro, la droga era distribuida rápidamente por una trama de varios reclusos que la vendía “prácticamente en el mismo día de llegada”. Como presunto cabecilla es señalado H. C. A., alias Ñapas, quien en solo dos meses en la prisión de Navalcarnero, tras pasar por las de Valdemoro y León, había sido bautizado por los otros internos como El Capo. Según detalló el testigo protegido 8, era este interno quien se ponía en contacto con alguien de la trama en el exterior para que, posteriormente, este lo hiciera con el funcionario que se encargaría de introducir la droga y los móviles.
“Una vez la ha introducido el funcionario —continuaba este testigo—, se la entrega a Ñapas, y entre este y otro interno llamado Luis, la distribuyen a su vez entre los internos interesados, los cuales, posteriormente, le hacen una transferencia a un número de cuenta que el Ñapas ha dado a todos los internos interesados en obtener dichas sustancias estupefacientes y, además, un número de teléfono para mandar el pantallazo del envío [del dinero]”. Con él, sus familias debían certificar que habían hecho el pago.
En los registros de las seis celdas de los presos presuntamente implicados, los agentes no encontraron droga, pero sí anotaciones manuscritas con los números de estas cuentas en las que se ingresaba el dinero. Estos depósitos figuraban a nombre de familiares de los presuntos cabecillas de la trama. En uno de ellos, de la hermana del presunto jefe de la red, se ingresaron entre 2019 y 2021 cerca de 107.500 euros en decenas de transferencias sin justificar, muchas de ellas de solo 50 euros. En el concepto, las familias de los presos debían reflejar el alias de la persona que había entregado la droga (Peli, Lito, Niño Flo, Ñapas…) para que la trama llevara un registro.
En las celdas de dos de los implicados, la Guardia Civil halló anotaciones manuscritas en la que se recogían parte de estos movimientos, así como cuatro pequeños papeles con los números de la cuenta que la trama entregaba a los presos para que supieran dónde se debía hacer el pago.
Junto a estos documentos, la Guardia Civil intervino dos teléfonos móviles. En uno de ellos, los agentes recuperaron el cruce de mensajes que el presunto integrante de la red mantuvo en mayo, cuatro meses antes de su arresto, con personas de fuera de prisión ante las que alardeaba de su acceso a productos prohibidos: “Le he comprado un smartphone [teléfono móvil inteligente] a un funcionario”, “los funcionarios aquí por dinero te meten lo que sea”, “800 pavos [euros] y tengo teléfono [con] internet” o “voy a intentar grabar a un funcionario mientras le compro mucha droga y unos móviles”, son algunos de los mensajes a los que la Guardia Civil da relevancia.
Entre enero de 2019 y septiembre de 2021, fueron intervenidos 142 teléfonos móviles a reclusos en la prisión de Navalcarnero. De ellos, 72 tenían acceso a internet, según un informe de Instituciones Penitenciarias incorporado al sumario. Los testigos de la Operación Orión aseguran que por cada uno se pagaba una media de 550 euros. Era el otro gran negocio de la trama.
La madre de un recluso, obligada a pagar con la pensión
La Operación Orión ha revelado las coacciones que la trama ejercía sobre los presos y sus familias para que no se retrasaran en el pago. Un informe de la Guardia Civil destaca el testimonio de la madre de un recluso que llegó a transferir cerca de 6.000 euros a las cuentas de la red bajo el falso concepto de un tratamiento dental para su hijo. La mujer aseguró que lo hizo después de ser amenazada por integrantes de la trama con “hacer algún mal” a su familiar dentro de prisión e, incluso, con ir a su domicilio para agredirla a ella si no pagaba. Su hijo, también testigo, confirmó sus palabras. En su declaración, esta madre aseguró que se había quedado sin dinero y no tenía “casi para comer”, ya que sus únicos ingresos eran una pensión de 400 euros. La víctima entregó a los agentes algunos justificantes de los pagos que había hecho a la trama y que ahora sirven de prueba contra sus integrantes.
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