Casi desde el principio, la Fiscalía mexicana sospechó que Carlos Canto había sido torturado. El hombre, de 38 años, fue detenido el 22 octubre de 2014 por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre anterior. Antes de presentarlo al Ministerio Público, sus captores le torturaron. En junio del año siguiente, una agente de la Fiscalía pidió a asuntos internos que investigara lo ocurrido. Pero han pasado casi cinco años y no hay resultados.
El viernes, EL PAÍS publicó el vídeo de la tortura. Un anónimo lo había subido a Youtube dos semanas antes. En el vídeo se ve a Canto sentado, maniatado, los ojos vendados. Un hombre le interroga y otro, después de varias preguntas, le coloca una bolsa en la cabeza, la cierra y estira. Pese a las constantes denuncias por tortura desde que iniciaron las investigaciones, la última del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el año pasado, no había trascendido vídeo alguno. Las imágenes de Canto revelan una situación hasta ahora difícil de asumir, presa de la frialdad de los testimonios, los estudios y los análisis. Elevados a la imagen de un hombre maniatado, torturado, su historia se viralizó el fin de semana.
La actual administración, que tomó posesión en diciembre, mantiene un perfil discreto al respecto. La Fiscalía no se ha posicionado después de la divulgación del vídeo. Una fuente del Gobierno federal indica que están “analizando el vídeo para judicializar a los presuntos responsables”. Preguntado por el momento en que la Fiscalía supo del vídeo, contesta que cuando ellos llegaron, “ya se habían llamado a declarar a varias personas. Porque el vídeo lo tenían desde antes de que nosotros llegáramos”.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh y parte del equipo de abogados de las familias de los 43, opina que “lo primero sería que el video se incorpore a la investigación y así se logre identificar a los servidores públicos que intervienen y se les sancione penalmente. Además, se debe investigar quiénes son los mandos que toleraron estas prácticas, no deberían ser sancionados solo los ejecutores”.
La persona que interroga a Canto en el vídeo es presuntamente el ex encargado de la policía federal ministerial, Carlos Gómez Arrieta. Hasta el sábado, Arrieta era el subsecretario de seguridad pública de Michoacán, cargo en el que llevaba varios años, después de salir de la Fiscalía federal. Pero el sábado, a la vista del vídeo, dejó el cargo.
De cualquier manera, Arrieta tenía superiores en la Fiscalía. Los funcionarios de mayor rango entonces eran el procurador, Jesús Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, Tomás Zerón. Murillo Karam salió de la Fiscalía en febrero de 2015, debilitado por las críticas después de presentar los resultados de su investigación, que concluía que los 43 habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, cerca de Iguala. Zerón salió en septiembre de 2016, después de filtrarse un vídeo de los primeros días de las investigaciones, en que aparecía con uno de los detenidos del caso en un río cercano al basurero, buscando, al parecer, restos de los estudiantes. Ninguna de las acciones que aparecen en el vídeo de Zerón fueron registradas en el expediente y él acabó por salir de la AIC.
Ni entonces ni después se avanzó en la investigación por torturas a Canto. Un funcionario de la administración de Murillo Karam en la Fiscalía asegura que ellos, a la vista del caso Canto y “otro más” que no recuerda, pidieron a Asuntos Internos que investigara todas las detenciones e interrogatorios de los más de 100 detenidos. Pese a ello, no hubo resultados. Es más, cuando Naciones Unidas dijo el año pasado que al menos 34 detenidos habían sufrido torturas, el Gobierno de Enrique Peña Nieto salió en tromba a negarlo.
Para Aguirre, el problema es que un vídeo como el de Canto facilita la caída del proceso. “Si su abogado es serio, buscará ofrecer dentro de la causa este vídeo como una prueba más”. En el caso de Canto, parece que él fue una víctima colateral, alguien que cayó preso más bien por la presión de los investigadores de dar resultados, que por su participación en los hechos. En todo caso, si trascendieran vídeos de otros detenidos, integrantes de Guerreros Unidos o de las policías de Iguala y Cocula, los procesos en su contra se verían igualmente comprometidos.
No es la primera vez que las deficiencias en la investigación ponen en riesgo el caso. Primero fueron los casos de tortura, luego el affaire Zerón. En el último año, al menos cuatro detenidos por el caso, entre ellos presuntos integrantes de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, consiguieron que el juez rechazara las acusaciones contra ellos por falta de pruebas. Entonces, el juez señaló “la inactividad investigadora de la Fiscalía”.
En cuanto a las declaraciones de Canto en el vídeo, Aguirre las toma con cautela por el contexto de malos y tortura, pero dice que hay tres aspectos que le parecen interesantes. “El primero es la participación de la policía ministerial de Guerrero”, que mencionan Canto y supuestamente Gómez Arrieta. Aguirre recuerda que en la investigación “se detectaron llamadas de policías ministeriales de Guerrero con actores relevantes de Guerreros Unidos. Siempre fue algo que pensamos que debería haberse investigado. Y en cualquier parte en Guerrero hemos escuchado que los comandantes de la ministerial son los que mueven todo”. Lo segundo es “el papel de Los Peques”, grupo cercano a Guerreros Unidos, que Canto menciona. “A la fecha no está clara su grado de implicación.Se les había señalado de cosas periféricas”. El tercer punto es la importancia del municipio de Mezcala. “Es importante porque ahí hubo un bloqueo en la carretera en la noche de los hechos, el 26 de septiembre de 2014. La duda es si ese bloqueo fue para abrir paso de los perpetradores que venían de Iguala y buscaban la sierra; o bien para impedir llegada de refuerzos de seguridad de Chilpancingo, la capital, a Iguala”.
A falta de saber las actuaciones de la actual comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, uno de los puntos pendientes son las búsquedas en Mezcala y alrededores. Una de las entradas a la sierra.
Silencio del ombudsman
Ante las imágenes del vídeo, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa queda en evidencia. Presentado a finales del año pasado, elevado por la fiscalía a guía de la nueva investigación, el informe concluyó que Canto no había sido torturado. Las imágenes lo desmienten.
Este domingo por la mañana, hora local, EL PAÍS contactó a la oficina del ombudsman para preguntar por la metodología empleada en la elaboración del informe, cómo había sido posible, en su opinión, que se les escapara un caso de tortura. Y si es viable que se les haya escapado alguno más. Hasta última hora del domingo, no hubo respuesta.
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