Por si alguien tuviera dudas, el presidente López Obrador reiteró que durante su gobierno no se autorizarán nuevas concesiones mineras, porque en el periodo neoliberal fue que se otorgaron como nunca, escribe Carlos Fernández-Vega en La Jornada.
Los diarios de circulación nacional presentan opiniones y editoriales con información y trascendidos relevantes en materia económica.
Dinero, de Enrique Galván Ochoa, en La Jornada:
El minigasolinazo
Entre la mala leche del borolismo y la ausencia de información clara de parte de los voceros gubernamentales, se ha echado a volar en redes sociales la versión de que habrá un gasolinazo el primero de enero. La realidad es otra. Sí habrá aumento de precios, pero leve; sólo para empatar con la inflación, como ha dicho en varias ocasiones el presidente López Obrador.
Para conseguir el objetivo, Hacienda ha estado interviniendo: usa el IEPS como acordeón a fin de modular precios, que inevitablemente se mueven por efecto de las variaciones internacionales del petróleo y el dólar. Para no agregar más confusión, reproduzco en la gráfica que aparece en esta página el IEPS de 2019 y el de 2020; la diferencia es de centavos. El incremento de Peña Nieto en 2017 sí fue gasolinazo: la Magna subió 14.2; la Premium 20.1 y el diésel 16.5.
México SA, de Carlos Fernández-Vega, en La Jornada:
Minería: fin a las concesiones
Por si alguien tuviera dudas, el presidente López Obrador reiteró que durante su gobierno no se autorizarán nuevas concesiones mineras, porque en el periodo neoliberal fue que se otorgaron como nunca; debemos de partir que nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas y sólo en un sexenio (el de Felipe Calderón) se entregaron 35.5 millones de hectáreas.
Dado lo anterior, más que saludable sería que el gobierno federal no sólo cancele la entrega de concesiones mineras, sino determine cuáles de ellas se han destinado a la exploración y explotación, y cuáles, de forma ilegal, a los fines denunciados por el dirigente sindical.
Fuera de la Caja, de Macario Schettino, en El Financiero:
Dos crisis
Como usted recuerda, la última crisis económica creada aquí mismo fue la de 1995. Su origen fue un exceso de optimismo durante el sexenio de Carlos Salinas, producto de la renegociación de la deuda externa, la apertura comercial, la reducción de la inflación, y finalmente la firma del Tratado de Libre Comercio. Hubo un incremento en nivel de vida muy acelerado, que provocó expectativas inmensas, que se convirtieron en deuda privada. En cuatro años, la deuda de hogares y empresas creció en 20 puntos del PIB, que no tenían sustento.
En esta ocasión, no venimos de una época de optimismo desbordado, sino al contrario. El pesimismo era tan grande que los mexicanos se convencieron de que no podíamos estar peor, y votaron hace año y medio por una opción extrema. Lo extremo se hizo evidente en el último trimestre del año pasado, y el ahorro externo empezó a caer. Pero ahora esto representa nada más 2.5% del PIB, menos de la tercera parte de lo que era hace 25 años. Además, hoy hay un Banco central autónomo y creíble y tipo de cambio flexible. Por ello, el impacto ha sido mucho menor en todo sentido: inflación, dólar, crecimiento.
Agenda confidencial, de Luis Soto, en El Heraldo:
Ni los ven ni los oyen
La línea ideológica más recalcitrante de la 4T, representada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y secundada por Manuel Bartlett, quien trae la espina clavada con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) después de la resolución del tema de los gasoductos, ha dejado perplejos a inversionistas nacionales y extranjeros que están pensando en participar en proyectos del sector. Son absurdas algunas decisiones que en la materia ha tomado esa “parejita de resentidos sociales”, se quejan algunos.
La semana pasada, el CCE manifestó públicamente su preocupación y sorpresa por la eliminación de la regulación asimétrica en Pemex TRI, hecha por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Pese a que el gobierno federal se había comprometido a no introducir modificaciones en la regulación del ámbito energético, esta medida es un nuevo cambio de reglas de juego, que se suma a la decisión tomada sobre los Certificados de Energía Limpia (CEL) en fechas recientes.