Algunos de los represores condenados en octubre de 2011 en la megacausa ESMA.
A casi 40 años del regreso de la democracia en Argentina, seis oficiales retirados de la Armada perdieron su condición militar por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Un tribunal los había condenado en octubre 2011 por las atrocidades cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de detención de la Marina. La condena quedó firme en 2020 y el Ministerio de Defensa procedió finalmente a darlos de baja. Los marinos perdieron así su derecho a una pensión, además de todos los beneficios relacionados con su condición de retirados. La decisión fue celebrada por distintas organizaciones de derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
La lista de exonerados incluye los nombres de los represores de la Armada más conocidos: Jorge Tigre Acosta, Adolfo Donda, Ricardo Cavallo, Alberto González, Jorge Radice y Antonio Pernías. Está también Alfredo Astiz, el Ángel Rubio, que ya había perdido su rango militar en el pasado. Las bajas son potestad de los oficiales superiores de la Fuerza, pero el Ministerio de Defensa entendió que “en este caso particular se trata del dictado de una sentencia firme cuyo cumplimiento resulta ineludible e impostergable para esta cartera ministerial”. La resolución, que lleva la firma del ministro, Jorge Taiana, argumentó que “resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad”. La baja llega 11 años después de la sentencia.
“Además de que la condena tardó en quedar firme, hubo una desprolijidad de la propia justicia”, dice Andrea Pochak, subsecretaria de enlace internacional de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Son ellos los que tienen que informar a Defensa cuando una persona tiene una condena para que desde Defensa se tomen las medidas administrativas correspondientes. La decisión del Ministerio es un mensaje contundente a la sociedad de cuáles son las Fuerzas Armadas que queremos”, explica.
Todos los exonerados fueron condenados a prisión perpetua por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones en la ESMA, el centro de detención que la Marina tenía en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron por allí unas 5.000 personas, de las cuales sobrevivió apenas un puñado. Jorge Tigre Acosta era como jefe de Inteligencia uno de los hombres más poderosos del centro ilegal de detención. Entre los delitos que se les imputan está el asesinato del periodista y militante de Montoneros Rodolfo Walsh. También, el secuestro de las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo —Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Careaga—, y dos monjas francesas que las ayudaban, Alice Domon y Leonie Duquet. En esas operaciones trabajó Alfredo Astiz como infiltrado, marcando a las víctimas. Todas fueron lanzados al mar, vivas y drogadas, desde un avión. Pero algunos cuerpos volvieron a la costa y fueron enterrados como “NN”.
Las principales organizaciones de derechos humanos argentinas consideraron que la pérdida del estado militar de los marinos era una buena noticia. Pero advirtieron en un comunicado que todos ellos “mantienen los pactos de silencio que impiden saber dónde están los cuerpos de miles de víctimas”. “Esperamos que la medida se haga extensiva a todos los condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad. El control civil de las fuerzas armadas debe garantizar la baja efectiva de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, expresaron.
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