El ministro de Defensa, Diego Molano, ha salvado su cargo por tercera vez. A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, el ministro se enfrentaba este miércoles a una posible moción de censura: el Congreso podría retirar al funcionario de su cargo por su actuación frente a una alarmante denuncia en las fuerzas armadas. A finales de marzo, el Ejército fue acusado de hacer una operación militar en la que murieron 11 personas, varios de ellos civiles, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada.
Pero la Cámara de Representantes, encargada de la votación, apoyó mayoritariamente a Molano: 116 votos a favor del funcionario, y solo 28 votos en contra. Votaron a favor del ministro congresistas del partido de gobierno, Centro Democrático, y sus aliados en el Partido Conservador, La U y Cambio Radical. En contra votaron congresistas de la izquierda y el Partido Verde. La bancada del Partido Liberal, como en las elecciones, se dividió entre los dos polos. A pocos días de elegir quien será el presidente de Colombia, la censura del ministro hubiera sido interpretada como una victoria de la oposición (liderada por el favorito en las encuestas, Gustavo Petro, de la izquierda) y una derrota para el oficialismo (representada por Fico Gutiérrez, de la derecha).
Esta es la segunda moción de censura que supera el ministro. En marzo de 2021, fue cuestionado después de que el Ejército bombardeara un campamento de las disidencias guerrilleras, a pesar de que allí había menores edad. “La discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones”, dijo entonces, “sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes”. No hubo entonces mayorías para convocar una moción de censura por los hechos. Sí prosperó luego otra moción, en mayo y junio del 2021, cuando Molano fue cuestionado por múltiples abusos de la fuerza pública contra manifestantes durante las protestas del mes de abril. Molano logró que la mayoría de los congresistas le apoyaran, con 109 votos a favor y 36 en contra, en la Cámara de Representantes (en el Senado también se votó en esa ocasión: 69 votos a favor del ministro, 31 en contra).
Este último escándalo en el que está involucrado arrancó en marzo en una vereda llamada Alto Remanso, ubicada en el departamento del Putumayo, en el sur del país. El Gobierno presentó entonces las muertes como disidentes de la extinta guerrilla de las FARC y añadió que habían capturado a algunas personas. Pero poco a poco fueron saliendo inconsistencias con esa versión. La Fiscalía aclaró que no hubo capturas. La Defensoría del Pueblo dijo que entre los muertos había civiles. La CIDH y la ONU exigieron al Gobierno investigar porqué se lanzó una operación militar en una fiesta en la que había niños y mujeres. Y los reportes desde la zona empezaron a generar la duda sobre si el Ejército estaba ocultando algo más grave.
Por ejemplo, el Ejército presentó de forma sospechosa el cuerpo de uno de los muertos, un menor de edad llamado Brayan Santiago Pama. Fotografías revelan que los soldados movieron el cadáver de la escena del crimen al menos en dos oportunidades, e instalaron armas junto a su cuerpo. También murió ese día Pablo Panduro Coquinche, un gobernador Indígena del Cabildo Kicwa Bajo Remanso, que las autoridades presentaron como uno de los disidentes. Su muerte alertó a las organizaciones indígenas del país de las que él hacía parte y que niegan la versión del Gobierno. Entre los muertos también estaba una mujer embarazada, Ana María Sarrias. Días después del operativo, el general del Ejército Eduardo Zapateiro se defendió diciendo que esta “no será la primera vez que muere una mujer y un menor combatientes”.
Las personas asesinadas ese día estaban en un bazar comunitario, y el ministro Molano defendió ante el Congreso la versión de que ese era en realidad un evento para traficar droga. Allegados de las víctimas, en cambio, insisten en que era un bazar para recaudar fondos para gastos del pueblo. “Vengo a decirles que mi hijo era un trabajador, no un guerrillero, como ustedes han dicho”, dijo hace una semana, en el Congreso, Argemiro Hernández, el padre de Divier Hernández, uno de los once muertos.
Los civiles de Alto Remanso están ubicados en el centro de una disputa entre dos grupos armados: los Comandos de la Frontera y el frente Primero Carolina Ramírez. Esto los pone en alto riesgo de quedarse en el fuego cruzado o de ser injustamente señalados como actores armados. El Ejército insiste con que los asesinados a finales de marzo eran miembros de los Comandos de la Frontera. El ministro dice que era una operación para capturar a alias ‘Bruno’, hombre de las disidencias. Testimonios de personas en el Putumayo dicen, en cambio, que Bruno no se encontraba en ese bazar.
“Aquí nadie puede tener la identificación plena y su relación con las disidencias”, dijo el ministro la semana pasada ante el Congreso cuando fue cuestionado por no demostrar que los muertos eran todos disidentes. La Fiscalía es quien debe establecer esto, explicó Molano. Por ahora, mientras se investiga y se decide quién será el próximo presidente, Diego Molano continuará en su cargo.
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