El choque de trenes que este viernes se escenificó en la Escuela Judicial fue el último capítulo de ciertas tensiones que existen desde hace tiempo entre los componentes del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y una parte importante de la judicatura. Pese a que el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, magistrado de profesión y de perfil conciliador, ha tratado desde su llegada al puesto de limar asperezas tras cada encontronazo, las costuras saltaron definitivamente por los aires con la ausencia del Rey en uno de los actos más simbólicos para la carrera y en un escenario nada baladí: Cataluña, adonde irán destinado la mayoría de jueces de la nueva promoción y donde se produjo el desafío independentista, que colocó al Poder Judicial en el ojo del huracán con la sentencia del procés.
“No son capaces de separar lo que son los partidos políticos de las instituciones. Están llevando el funcionamiento de los partidos a las instituciones”, resume el representante de una de las principales agrupaciones judiciales del país en una semana en que tres de ellas han emitido contundentes comunicados pidiendo explicaciones a La Moncloa por la ausencia del Rey. Buena parte de la carrera, sobre todo la más conservadora, ve la decisión del Gobierno como una cesión a los independentistas y un menosprecio.
Estos ánimos caldeados se suman, además, a los sucesivos reproches que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dirigido en el último año contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias, por cuestionar sentencias o decisiones judiciales. El Consejo ha llegado a emitir hasta tres comunicados para exigir “respeto”. El último, hace apenas un mes, después de que el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid imputase a la formación como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula tras la denuncia de un exabogado del partido por irregularidades en sus cuentas. “El respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de derecho y de la propia democracia. La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos”, subrayaba el órgano.
Antes, la mayoría del CGPJ, dominado por el sector conservador, ya había hecho lo mismo en dos ocasiones. En enero, le exigió a Iglesias “responsabilidad institucional” después de que este dijera que la prueba de que la “judicialización” del procés fue un error es que “muchos tribunales europeos” habían “quitado la razón” a jueces españoles, y que eso había supuesto una “humillación” para España. En abril, publicó una segunda nota después de que el vicepresidente, tras conocer la condena de la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra, escribiese en Twitter: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia”. “Propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles”, le acusó el Consejo.
El vicepresidente, desde luego, no está dispuesto a echarse para atrás —aunque sus encontronazos se traduzcan en malestar también con el sector del PSOE en el Ejecutivo por no censurarlo— y este viernes dejó otro recado al afirmar que “respeto institucional significa renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma”. Lesmes y los vocales del Consejo se encuentran en funciones desde hace casi dos años y continúan haciendo nombramientos de cargos discrecionales de los tribunales, algo muy criticado por la izquierda política.
Precisamente, existe un persistente malestar dentro de la carrera con los socialistas (y también con el PP) por su oposición a modificar el sistema de selección de los vocales del CGPJ, para que a la mayoría de ellos los nombren directamente los propios jueces —actualmente, los eligen las Cámaras—. La renovación se encuentra bloqueada en estos momentos por la oposición del PP a pactar con el PSOE. Todo ello, sin hablar de los problemas en los juzgados derivados de la covid —más los que ya arrastraba— y la guerra dentro de la Fiscalía, otro de los frentes que tiene abierto el Ejecutivo en el ámbito jurídico.
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