Uno de los mayores desafíos del nuevo gobierno de Gustavo Petro es desarrollar una política de seguridad efectiva. Colombia terminó el año 2021 con casi 14 mil homicidios; van al menos 33 masacres con 78 víctimas en lo corrido del 2022; y 122 líderes sociales fueron asesinados en el primer semestre de este año según la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, este martes el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que encontró que la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de velar por la vida de las personas en riesgo, tiene un “presupuesto desequilibrado y desfinanciado”.
“Los recursos no alcanzan para proteger la vida de tanta gente amenazada en Colombia”, agregó Prada. De acuerdo con sus cifras, el presupuesto para este año es de 1,3 billones de pesos pero “los requerimientos pueden ser del doble para garantizar la presencia del estado en los territorios”. Por eso, dijo que es necesario “avanzar con prontitud la reforma tributaria” que consiga más dinero.
Más allá de eso, hasta ahora se sabe poco de la política de seguridad del Gobierno. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo a este diario que el documento se encuentra “en elaboración”. Solo se han conocido las palabras de Petro ante los policías y militares y el apellido “humana” que este le pone a la seguridad. Desde el plano simbólico se entiende en contraposición a la conocida política de “seguridad democrática” del expresidente Álvaro Uribe; pero desde lo técnico, se trata de un concepto desarrollado por Naciones Unidas desde la década de 1990 y que Petro también mantuvo durante la alcaldía de Bogotá.
Al menos desde su discurso se desprende que, para el jefe de Estado la seguridad humana pasa en principio por no medir el éxito en muertos, algo que han celebrado organismos de derechos humanos porque implica un cambio de mentalidad en las tropas. “Hemos medido la seguridad en bajas: cuántos muertos, cuántos presos. Día a día, la televisión nacional saca, más o menos, balances en ese objetivo”, dijo Petro durante la ceremonia de la Policía el sábado. También lo había dicho ante los militares un día antes. “Muertos tras muertos, bajas tras bajas, neutralizaciones tras neutralizaciones, muchos de los indicadores de la seguridad no han mejorado”.
El hoy presidente ha sido uno de los principales críticos de la política de seguridad de su antecesor, Iván Duque. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también señaló que la respuesta del Estado durante los últimos cuatro años, “ha sido insuficiente para reducir los niveles de violencia, y prevenir los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales y proteger adecuadamente a las comunidades de los territorios”.
Por eso, las expectativas de lo que hará este Gobierno para evitar la violencia, más allá de aumentar la financiación de la UNP, son altas. Una de las primeras instrucciones de Petro es que evaluará a la fuerza pública si evitan matanzas y homicidios de líderes sociales en los territorios donde más ocurren los asesinatos y que “la comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos”. También ha a hablado de la búsqueda de “paz total” que implica, no solo avanzar en diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como procesos de sometimiento con grupos criminales.
Para Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch (HRW), la reforma a la política de seguridad requiere establecer una relación constructiva con la fuerza pública. “Uno de los mayores retos que tiene el gobierno de Gustavo Petro es implementar una nueva política de seguridad que deje atrás la estrategia fallida de Iván Duque, proteja efectivamente a las comunidades y logre desmantelar a grupos armados de forma integral. Sin esta reforma, que requiere establecer una relación construtiva y productiva con el sector defensa, será prácticamente imposible buscar la “paz total” ni frenar el aumento de violencia en los territorios”, dice.
“Hasta ahora el gobierno ha dado algunos mensajes importantes”, agrega Pappier. Entre ellos destaca el anuncio de “modificar el modo en que son evaluados los miembros de las fuerzas y revisar de forma mucho más cuidadosa los antecedentes de los oficiales que son nombrados en altos cargos. Sin embargo, en el mediano plazo, hacen falta reformas mucho mayores”. Los cambios estructurales van desde revisar la clasificación de grupos armados que existen en el país, (hoy son seis conflictos armados según el Comité Internacional de la Cruz Roja); ampliar la capacidad y coordinación con el sistema judicial, y pensar cuidadosamente a qué ministerio debería ser transferida la Policía. HRW envió una carta al gobierno actual con cinco recomendaciones específicas para el éxito de la política de “paz total”, en la que ha insistido el nuevo gobierno.
Petro ha dicho que, en su política de seguridad humana, habrá cambios en la relación entre la Policía y los ciudadanos. “La Policía Nacional no está para perseguir jovencitos en los parques. La Policía Nacional no está para tumbarle una carreta de alimentos a un vendedor ambulante”, aseguró el mandatario para criticar hechos del pasado reciente.
Este martes, el nuevo director de esta institución, el general Henry Sanabria, ha dado puntadas sobre los cambios en esta institución, seriamente criticada durante la represión a las protestas de 2021. Sanabria anunció este martes que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía no se acaba, como se había planteado en campaña, sino que cambia de nombre. “Tiene que haber un cambio, por supuesto, aclarando que todo cuerpo policial, requiere una fuerza que contenga la violencia en la manifestación cuando se torna violenta”, dijo Sanabria. Aseguró que le propondrán a Petro que se llame Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública (Udamp).
La propuesta incluye un cambio en el color de los uniformes de los policías. Así, los que deben intervenir y contener la violencia en las protestas tendrán un color determinado, y los de acompañamiento, otro. “Buscamos generar una situación visual que impacte en la percepción de las personas que están en una manifestación y no conlleve a la búsqueda de un enfrentamiento”, dijo el general que habló también de tanquetas ambulancia para atender eventuales heridos.
La respuesta entre quienes piden una reforma policial estructural no se ha hecho esperar. “No nos digamos mentiras, cambiar el uniforme del Esmad y la pintura de las tanquetas, no es acabar el Esmad, es transformarlo. La ciudadanía necesita antes de cambios estéticos, las claridades de cuáles serán los nuevos protocolos de acción para la nueva fuerza antidisturbios”, dijo el concejal Diego Cancino, que ha denunciado casos de violencia policial en el pasado.
A falta de conocer el plan de desarrollo y el presupuesto, los detalles del cambio en la seguridad se están conociendo de forma dispersa. Sanabria anunció que no se hará aspersión aérea de cultivos ilícitos y se mantendrá la erradicación manual por vía terrestre. Por otro lado, el Ministerio del Interior junto a congresistas de la comisión de paz están visitando las regiones más afectadas por el conflicto armado para hacer Puestos de Mando Unificados en territorio para atender las denuncias de los líderes sociales.
“Hemos ido tres veces al Cauca, vamos a ir una cuarta vez esta semana y lograr sentar en la misma mesa a todos los actores de violencia y actores conflicto no es una tarea que se haga un día para el otro”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, tras un viaje a Caldono (Cauca).
Más allá de las expresiones que apuntan a mostrar cambios de mentalidad en la seguridad, todavía no se conoce bien cómo el Gobierno pretende reducir los homicidios y ataques a líderes sociales, dicen analistas. Hugo Acero, ex secretario de seguridad de Bogotá, afirma que aún no hay suficientes elementos para hacer un análisis sobre la política de seguridad. Sin embargo, señala que esta no se puede entender solo como responsabilidad de la policía o las fuerzas militares y que “no basta con la presencia y accionar de organismos de seguridad y justicia, es necesario que se involucren otras instituciones del gobierno nacional, de los departamentos y municipios que realicen las tareas que ejecutan de manera violenta grupos criminales”.
Algo similar ha dicho el general retirado Eduardo Herrera Verbel. Para él, que ha sido negociador con el ELN, poner la responsabilidad solo en los militares puede relajar el trabajo de los alcaldes o gobernadores en las regiones donde ocurren los homicidios de líderes sociales y las masacres.
Otro analista que pidió no ser citado hasta no conocer el plan de desarrollo también asegura que, por los anuncios de Petro, pareciera que la seguridad es un asunto exclusivo de la Policía. Y resalta con preocupación que no se conozca la relación entre el Gobierno y la Fiscalía. “No hay política criminal sin Fiscalía. ¿Cómo van a trabajar? porque sin Fiscal no hay resultados. Ese es un hueco grande”.
Acero critica también que las instrucciones se den a través de redes sociales. “No pueden darse órdenes y en un tema tan sensible a punta de Twitter. Es preferible tomar tiempo para aclarar el cómo antes de anunciarlo”, dice, aunque aclara que en el mundo criminal los vacíos de acción generan reacomodamientos rápidamente. “La seguridad humana que propone el gobierno tiene sentido si, además de diálogo y políticas preventivas se ejecutan acciones contundentes de uso legítimo de la fuerza del Estado frente a las estructuras criminales que operan en los territorios y ciudades”, concluye el experto.
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