La relación entre un propietario y su inquilino puede acabar mal. O puede acabar muy mal. Esther Argelich ha sentado en el banquillo de los acusados a Juan y Livia, la pareja que vivió en su piso durante diez años, por un delito de coacciones. La mujer denuncia que, cuando la pareja rechazó pagar 300 euros de aumento en el precio del alquiler, inició una campaña de acoso con el apoyo de los movimientos por la vivienda de Barcelona. El juicio, que se ha celebrado este jueves, ha transitado por los límites entre el derecho a la protesta y el derecho a la propiedad.
El caso de Argelich saltó a la fama gracias a la número dos de Podemos, Irene Montero. Tras conocer la movilización popular por el caso de Juan y Livia, difundió el nombre de la propietaria en un vídeo colgado en Twitter y le pidió que rectificara. Montero no ha sido citada a declarar en el juicio, pero la víctima de las presiones cree que fue una pieza más del “linchamiento público” que sufrió y que le ha arrastrado a una profunda crisis personal, con problemas en el trabajo y con su marido.
Beligerante en su declaración, en la que ha buscado la confrontación verbal con los acusados —la juez ha tenido que recordarle que no estaba en “un bar”—, Argelich se ha visto de nuevo a escasos metros de sus antiguos inquilinos. Pide un año de cárcel para Juan y Livia por coacciones, lo mismo que la fiscalía. La propietaria considera que la pareja y miembros del colectivo a favor de la vivienda la presionaron más allá de cualquier límite tolerable para que renovara el contrato de alquiler por 1.000 euros al mes. “No era una negociación, me estaban obligando a firmar un contrato que no quería firmar”, ha dicho la mujer.
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Los inquilinos, claro, lo ven de otro modo. Afirman que, si alguien se ha sentido presionado, son ellos, por el vértigo de tener que abandonar la que había sido su casa durante tantos años. “Nosotros también estábamos angustiados, no sabíamos dónde íbamos a vivir”, ha contado Livia para justificar por qué ella, su marido y una veintena de personas más decidieron presentarse en las oficinas de la inmobiliaria que administra el piso, en la Travessera de Gràcia de Barcelona. “Solo queríamos que la propietaria se sentara a negociar con nosotros”, ha añadido Juan.
La ocupación de las oficinas es un elemento central en la acusación de la fiscalía. Ocurrió el 18 de diciembre de 2018. Los concentrados llevaban pancartas que tildaban a Argelich de “especuladora” y exigieron hablar con ella. Lo lograron. Pablo Ruiz —que se presentó como “mediador”, y al que solo acusa de coacciones el abogado de la propietaria— la llamó por teléfono, aunque el diálogo no prosperó. “Acabó la llamada diciendo: ‘Los echaremos de casa por las buenas o por las malas”. Y así fue porque, con el tiempo y tras un proceso civil, Juan y Livia acabaron desahuciados.
La defensa de los acusados ha insistido en que nadie salió herido, que fue una acción pacífica amparada por el derecho a la protesta. Y añade que, en cualquier caso, no hay pruebas de la participación de los acusados. La fiscalía, en cambio, cree que fue un acto intimidatorio que pretendía obligar a una propietaria a “hace algo que no quería hacer”: los ocupantes, según los trabajadores, se subieron a las mesas, las golpearon y obligaron al administrador de fincas a renunciar al contrato con Argelich. Lo ha explicado el testigo, que ha afirmado que escribió el correo electrónico forzado por las circunstancias. “Nos dijeron que, si no lo hacíamos, no pararían de venir a la oficina. El mensaje tenía que ser el que ellos decían. Íbamos escribiendo y, si no les parecía bien, lo cambiábamos”.
Además del tuit de Montero, en las semanas siguiente se produjeron otros episodios que, según la fiscalía, forman parte del asedio contra Argelich. Distintos grupos de personas, que no han podido ser identificadas, distribuyeron folletos con su nombre en los buzones del edificio donde vivía, se presentaron en su lugar de trabajo (la Diputación de Barcelona) y la llamaron “reiteradamente por teléfono”. “Si un propietario no quiere hacer un contrato de alquiler, está en su derecho, nadie le puede obligar”, ha dicho la fiscal. El abogado de Argelich ha añadido que lo vivido por la mujer “ha sido un acoso y derribo” y que “no todo vale” cuando se quiere ejercitar el derecho a la vivienda y la libertad de expresión.
El juicio ha dado para cierto debate sobre el problema de la vivienda y sobre la colisión entre derechos. Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters ―la entidad que lucha por la limitación en el precio de los alquileres― había declarado como investigado por el papel de la plataforma en las movilizaciones contra Argelich. Este jueves lo ha hecho como testigo. Tras negar que el Sindicat impulsara la acción en las oficinas de la inmobiliaria, Palomera ha recordado que hoy, gracias a la ley que regula las subidas abusivas del alquiler, un incremento de 300 euros como el exigido a Juan y Livia estaría fuera de la ley.
Ante la mirada cada vez más escéptica de la juez ―que, no obstante, no le ha interrumpido―, Palomera ha podido explicar que el sindicato trata de parar esos “desahucios invisibles” y que ha mediado en “más de 2.000 renovaciones de contratos de alquiler” con propietarios particulares o fondos de inversión como Blackstone. Con Argelich, ha remarcado, fue imposible.
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