Es el principio del fin: dos pinchazos que alivian las residencias de mayores, las primeras en vacunarse. Si la aceptación es mayoritaria entre ancianos y trabajadores, que sufrieron la tensión en la primera oleada, hay quien desconfía, “porque la han aprobado rapidísimo”, sostienen unos, “porque no hay información suficiente”, dicen otros. Por miedo. Como la vacunación es voluntaria, están en su derecho de rechazar o posponer la inmunización. Esta respuesta negativa preocupa en los centros, que no alejan del todo el peligro y se ven abocados a seguir conviviendo con el riesgo.
El Ministerio de Sanidad no dispone de la cifra de quienes declinan la inyección. Pero, según los porcentajes autonómicos conocidos hasta ahora, el ansiado objetivo de la inmunidad de rebaño, con al menos el 70% de la población vacunada, no peligra: el 7% del personal en las residencias catalanas; el 5% de los usuarios en las aragonesas y el 14% de sus empleados; el 3% de los residentes en Castilla y León y del 10% al 12% de los trabajadores, en función de la provincia de la que se trate. Otras comunidades no dan el dato desagregado, sino que juntan a los usuarios y a los empleados reticentes. Son el 2% en Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, el 1,5% en Andalucía. La situación es nueva y el debate que atañe a los centros y sus empleados es de calado. ¿Por qué motivo se desconfía? ¿Pueden las residencias sancionarles?
Marta (nombre ficticio) es técnica de cuidados de enfermería en una residencia pública de gestión privada en Madrid. Allí los muertos que dejó el virus se cuentan por decenas. Ella no se infectó, al contrario que la mayoría de sus compañeros. Ahora no quiere vacunarse. “No hay información que nos dé la seguridad de que la vacuna es efectiva, ni los sanitarios saben cuánto tiempo de inmunidad proporciona”, explica. “Además, en la primera oleada atendí a mucha gente sin protección y no me contagié. Confío en mis defensas”, continúa. Un “gran número” del más de un centenar de empleados de su centro tampoco se ha vacunado, asegura. Al menos de momento. Ella no tiene miedo de llevar la infección a la residencia: “No estamos libres de contagiarnos, pero tomamos todas las medidas”.
Sin embargo, en centros donde la distancia de seguridad con los usuarios es imposible y los residentes son tan vulnerables al virus, sigue habiendo brotes pese a que se observen las normas. Las vacunas suavizarán las duras condiciones que viven desde hace meses. No está claro si, además de evitar la enfermedad, evitan que el receptor se contagie y transmita el virus. Si se produce infección, en cualquier caso, es más leve y, por tanto, si se infecta otra persona será con una dosis más baja del virus, en teoría más manejable por el sistema inmune.
Por eso los expertos se indignan ante el escepticismo. “¿Quieren volver al siglo XIX? Tienen todo el derecho a enfermar, pero no a transmitir la enfermedad a otros que pueden morir”, lamenta Vicente Larraga, virólogo que desarrolla una de las vacunas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Ha existido una gran cooperación entre los científicos, no las empresas, y los experimentos no han sido secuenciales ni muy lentos, se han hecho en paralelo y se ha ido muchísimo más rápido. El control tan rígido de las agencias se ha relajado algo, pero los resultados son fiables”, insiste.
“Tienen el aval de la comunidad científica, la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad. No hay por qué dudar”, defiende Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste, que agrupa a unas 400 residencias. “En nuestros centros, la media de los empleados que rechazan el pinchazo está entre un 5% y un 8%. Tenemos la esperanza de que a medida que llegue la segunda dosis, se animen. Estamos trabajando en ello, con pedagogía, intentando vencer reticencias”, añade.
Varios jueces han obligado a vacunar a ancianos incapacitados a pesar de la oposición de sus familiares de referencia. Pero un trabajador y un mayor con autonomía deciden sobre sí mismos. La Fiscalía de Sevilla ha notificado a la Junta andaluza que siete empleados de tres residencias se han negado a inmunizarse, por si la Administración quiere adoptar medidas al respecto. “No hay norma prevista [para imponer la vacuna]. Solo la salvaguarda de todos los medios posibles y protocolos anticovid”, aclara un portavoz de la Consejería de Salud y Familias andaluza, que no recoge el guante.
Así que cada uno decide. En CC OO son tajantes: “Como la vacunación no es obligatoria, no puede tener ningún tipo de consecuencia legal. No puede haber despidos para quienes se nieguen, ni puede ser una exigencia para entrar a trabajar. Sería un elemento discriminatorio”, asegura Victoria Gómez, responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad. Gracia Álvarez, secretaria de Sanidad y Dependencia de UGT, afirma que estarán vigilantes, pero teme que las empresas se valgan de la figura de “falta de adaptación al puesto laboral” para articular despidos. Algo que Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, considera que no estaría justificado mientras no haya una imposición. Correspondería a la Administración obligar, nunca al empresario.
Los sindicatos aseguran que la vacunación es mayoritaria, salvo en casos muy específicos, como una residencia en la que el 50% de los empleados se ha negado, según CC OO. Pilar Ramos, vicepresidenta de la patronal Ceaps, que aglutina a unos 2.000 centros, cree que los planes de prevención de riesgos laborales terminarán por incluir la vacuna. “Siendo una medida de salud pública avalada científicamente, ¿pueden estos profesionales evitarla? Si un cocinero incumple las medidas de higiene establecidas, avalamos que se le despida. ¿Por qué en este caso aplicamos otro rasero? Hay un deber general de seguir estas medidas de higiene y salud pública”, abunda Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. “Podemos soportar la insolidaridad de algunos porque el efecto rebaño se logra con un cuarto de la población sin vacunar y las negativas serán excepcionales y van a la baja. Pero es increíble que la vacuna sea el instrumento de salud con mayor éxito en la historia de la medicina y siga siendo un sospechoso habitual”, prosigue.
Un posible expediente
Quienes sí pueden articular medidas son los colegios profesionales, según Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de la Enfermería. “Nuestra apuesta es por concienciar, pero el código deontológico exige como obligación velar por la salud de los pacientes y proteger la salud de las personas. Por tanto, es imperativo vacunarse y quien no lo haga podría tener un expediente disciplinario”. La comisión deontológica de cada colegio profesional decidirá si procede la inhabilitación temporal de la enfermera, precisan fuentes del Consejo.
En medio del debate, la vacunación avanza en los centros. Y hay reticencias también entre quienes deciden inmunizarse. Pilar Montolío, técnica de cuidados de enfermería en una residencia pública de Castellón y portavoz de la Plataforma por la Dignidad en Geriatría, critica tanto “las presiones y llamadas de los centros para preguntar el porqué del rechazo” como el propio medicamento. “Si hay reinfecciones entre quienes superaron la covid, nadie asegura que no nos vayamos a contagiar”. Considera además “un lavado de cara que se haya empezado por geriatría”. No obstante, pese a sus dudas, ella, que rechazó vacunarse cuando sus compañeros recibieron la primera dosis, se vacunará ahora, cuando el resto reciba la segunda.
El problema es que, en plena tercera ola, con los contagios al alza en el país, “no hay tiempo”, dice Andrés Rueda, presidente de la asociación Ascad, que agrupa a unos 250 centros en Cataluña. “Sabemos que la mayoría podrá cambiar de opinión al saber que no está teniendo efectos secundarios. Pero es que nosotros no tenemos ese tiempo del que dispone la gente en la calle. Cuando el virus entra, sigue siendo un mal sueño. Con la propagación tan rápida, tan silente, con nuevas mutaciones y entre dos dosis de vacunación, tenemos mucha prisa”, explica. Por ello pide medidas a la Administración: “El Gobierno no puede dejar estas cosas en manos de jueces y directores, de todo el mundo menos de quien correspondería: el ministerio y las consejerías de Sanidad. Si la vacuna no es obligatoria, al menos tiene que acentuarse que en ciertos ámbitos es absolutamente recomendable, y deben articularse mecanismos indirectos para que la gente se vaya vacunando. Por ejemplo, que sin vacuna los mayores no puedan entrar en una residencia”. Y concluye: “Seríamos imprudentes si en el futuro no contemplamos las vacunas en las nuevas contrataciones”.
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