La violencia contra las mujeres alcanza en México cifras tan alarmantes que el Código Penal ha incluido el delito de feminicidio, castigado con penas que oscilan entre los 40 y los 60 años de prisión. ONU Mujeres estima que cada día son asesinadas en el país latinoamericano nueve mujeres, muchas de las cuales son menores. Las estadísticas son sangrantes. Entre 2011 y 2017 se han registrado casi 19.000 “defunciones con presunción de homicidio”, un eufemismo que abarca todo tipo de crímenes, desde los asesinatos machistas hasta los marcados con el sello de los narcos. La ola de violencia se agrava por la deficiente persecución de los delitos. El resultado es una impunidad inaceptable.
En los últimos cuatro años, los feminicidios han aumentado en México un 150% y las agresiones sexuales tampoco dejan de crecer. En lo que va de 2019 se han contabilizado 9.900 casos de violaciones. La sociedad mexicana reclama celeridad a la hora de esclarecer la violencia contra las mujeres, como se ha puesto de manifiesto en las multitudinarias manifestaciones en las que los colectivos feministas exigen que se investiguen a fondo los abusos sexuales. Claman que la justicia y la policía actúen con diligencia. Pero entre las mujeres cunde la desconfianza en las fuerzas de seguridad, máxime si se tiene en cuenta que recientemente han salido a la luz varios casos de violaciones a manos precisamente de la policía.
Lejos de confiar en las instituciones, los colectivos feministas perciben negligencia y prácticas erráticas cuando se trata de perseguir estos delitos y arrestar a los culpables. Denunciar una agresión se convierte en un proceso largo, costoso y decepcionante. Además, los limitados recursos presupuestarios frenan la posibilidad de formar a profesionales para atender adecuadamente a las víctimas y dar una respuesta rápida y eficaz en el tratamiento de los casos de violencia de género.
Frente a los crímenes de género, las agrupaciones feministas han reclamado determinación en el esclarecimiento de los hechos y que las pesquisas se lleven a cabo de una manera transparente. Es obligación de los organismos judiciales y policiales abordar investigaciones escrupulosas, señalar a los agresores y adoptar medidas para prevenir, esclarecer y juzgar la violencia sobre las mujeres. No se trata solo de mejorar las acciones políticas y fortalecer las instituciones; la sociedad demanda un cambio cultural para erradicar las actitudes machistas. Solo si se cumplen estos parámetros, la población en su conjunto, y muy especialmente las mujeres, podrán depositar la confianza en quienes han recibido el encargo de velar por su seguridad.
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