La pesadilla comenzó con dos simples mensajes. “El community bot, [programa informático que efectúa tareas automáticas], queda cerrado en estos momentos. Quedan congeladas todas las cuentas sin posibilidad de hacer reinversiones”, advertía uno de los textos que envió a sus usuarios en septiembre del pasado año la empresa Arbistar 2.0., surgida en 2019 en Arona, municipio de 80.000 habitantes de la isla de Tenerife. “En caso de que haya clientes que tramiten demandas sobre este hecho, paralizaremos sus pagos hasta que se determine la resolución judicial”, amenazaba también la compañía, que hasta entonces aseguraba haber creado un maná: un bot que operaba en el mercado de las criptomonedas y que conseguía, a base de “comprarlas baratas” y “venderlas más caras”, multiplicar a un ritmo frenético el dinero de quienes invertían a través de él. La fórmula parecía sencilla. Pero, según los investigadores, la estafa piramidal estaba servida.
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Poco más de un mes después de aquellos mensajes, el consejero delegado de Arbistar caía detenido: Santiago Fuentes, un personaje que había irrumpido en el sector a golpe de vídeo de Youtube y viejo conocido de la policía, implicado en la estafa piramidal urdida por Germán Cardona, conocido como el Madoff español, y de la que salió absuelto en 2017. Ahora su causa, que investiga la justicia desde hace meses, ha avanzado un fenómeno que no ha tardado en explotar: el auge de las criptodivisas ha dado paso al auge de las criptoestafas. La Audiencia Nacional ha asumido ya tres investigaciones distintas (los casos Arbistar, Algorithms y Kuailian), sobre un supuesto fraude total que supera los 350 millones de euros y deja decenas de miles de posibles afectados. Pero, además, este mismo órgano judicial estudia actualmente si asume una cuarta instrucción (el caso Nimbus), por unos hechos cuyo perjuicio económico ha sido cifrado por la Guardia Civil en 112,5 millones de euros.
Aunque cada caso tiene sus particularidades, los jueces y agentes describen en sus primeros informes tramas de sociedades pantalla con ramificaciones en el extranjero, testaferros, empresas en paraísos fiscales, operaciones de presunto lavado de dinero y víctimas en diferentes países. Todo ello, barnizado con ingentes campañas de publicidad y promesas de rentabilidades desorbitadas, de hasta el 15% o 25%, que ponían los dientes largos a los ahorradores. “Cada estafa tiene su toque personal”, se arranca el abogado Carlos Aránguez, que defiende a grupos de afectados, pero “también puntos en común”. El letrado describe a los imputados como “estafadores profesionales” con una “enorme capacidad de convicción”, cuyo fuerte “no son las nuevas tecnologías”, sino la mercadotecnia. “Arbistar gastaba en eventos, hoteles y restaurantes unos 23.000 euros al mes, pero menos de 2.000 en ingeniería informática”, ejemplifica este exfiscal.
A Javier Biosca, cabeza que está detrás de Algorithms y en prisión provisional desde su detención en junio tras emitirse una orden de búsqueda y captura, también lo describen como un relaciones públicas nato. Según los denunciantes, que cifran su fraude en más de 250 millones de euros y 4.000 perjudicados, llegaba a sus supuestas víctimas recomendado por clientes, amigos y familiares. Cuentan que se movía como pez en el agua en fiestas y comidas; incluso asistió a la pedida de mano de uno de sus inversores. Por supuesto, dejó Toledo y se mudó a la ostentosa Marbella, donde el dinero fluye en sociedad, según explica la abogada Emilia Zaballos, que se presenta también como presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas: “Organizó la ‘fiesta del bitcoin’ en su mansión de Marbella a finales del verano [de 2020]. A ella invitó a sus intermediarios y a posibles personas que manejan grandes cantidades de dinero. Una fiesta llena de glamur que termina de convencer a los escépticos”.
Este tipo de “iluminados”, como los define Zaballos, no habrían brotado sin el caldo de cultivo idóneo. Luis Garvía, profesor y director del máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School, lo explica: “Estamos viviendo un cambio de época: pasamos de una sociedad industrial a una digital. Y este problema de las estafas es una cara más de eso”, subraya. Este analista describe un sistema financiero tradicional que, en plena etapa de transformación, ofrece rentabilidades muy bajas a los ahorradores, que buscan alternativas. Y ahí aparecen los mercados de criptomonedas, y una reinvención de la tradicional estafa piramidal, urdida por quienes captan clientes asegurando que compran criptodivisas con ese dinero y que, gracias a su buen hacer, generan un enorme beneficio, aunque realmente lo que sucede es, como en otros casos similares, que solo la entrada de los nuevos inversores sirve para ir pagando intereses a los viejos; algo insostenible.
El juez Joaquín Elías Gadea, instructor de la Audiencia Nacional, incluye en ese grupo a Kuailian, con un número de afectados y perjuicio que aún “no está determinado”: “Los clientes, según las condiciones pactadas, podían conseguir más afiliados para la plataforma a través de su cuenta, y recibían el 10% de la inversión de los captados en su primer nivel, un 3% de los de segundo nivel, un 2% en el tercer nivel y así sucesivamente hasta un total del 20% invertido por cada uno; lo que generaba una red exponencial de captación masiva […] La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real”.
Arbistar, Algorithms y Nimbus encajan asimismo en la tipología de estafas piramidales. Sobre el primer caso, el también juez José Luis Calama dice: “Lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”.
Pandemia y ahorro
La irrupción del coronavirus en 2020 tampoco ayudó. Luis Garvía recalca que millones de personas se vieron encerradas en sus casas, temerosas ante un incierto futuro y pegadas a las pantallas de sus dispositivos digitales. Según los datos del INE, la tasa de horro de los hogares españoles se disparó un 14,8% el pasado año. Muchos pensaron que ese dinero había que invertirlo y vieron su oportunidad en el mercado de las criptomonedas —además, con una de ellas, el bitcoin, desbocada en ese momento—. Carlos Aránguez incide en esa idea: “La gente sintió angustia económica y quiso poner el dinero a trabajar. Hubo quien invirtió la indemnización por un despido laboral. Vio una tecnología disruptiva y pensó que volvía el pago de intereses más altos. Además, siempre uno quiere creer que lo suyo no es una estafa”.
Pero las alertas estaban ahí. Desde 2018, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han avisado en varias ocasiones “sobre los riesgos” que las criptomonedas suponen, “en particular” para pequeños inversores. En una nota del pasado abril, la CNMV iba incluso un paso más allá al poner la diana en la publicidad que circulaba sobre estos productos, dirigida específicamente a clientes minoristas, tras detectar cómo crecían su “intensidad” y los medios empleados en estas campañas de promoción. Y advertía de la posibilidad de que “no incorporasen información objetiva”.
Este mismo julio, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la nueva ley contra el fraude fiscal que obliga a empresas y brokers (comisionistas) a “informar sobre saldos” y “titulares” de las criptomonedas que custodien, así como de las “operaciones (adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan”. Todos los que tengan “monedas virtuales en el extranjero” también deberán declararlo a Hacienda.
¿Hace falta una mayor regulación? “La legislación ya está, hay que adaptarla”, responde Garvía: “Pero, sobre todo, hay que educar al inversor. Porque se dan enormes paradojas. Por ejemplo, la posibilidad de acceso a la información en la actualidad es mayor que nunca, pero la desigualdad entre quienes acceden y quienes no lo hacen también se ha disparado”, reflexiona. El profesor Garvía explica asimismo cómo estos últimos pueden querer beneficiarse también de este mercado y, “a la desesperada”, ponerse en manos de estafadores y ver cómo su dinero se esfuma sin que puedan hacer ya nada.
Santiago Fuentes, a quien el juez atribuye una presunta estafa que puede alcanzar los 100 millones de euros y los 32.000 afectados, lo resumía en uno de los vídeos que colgó en la web: “Si algún día Arbistar se fuera al carajo, os quedaríais con cara de tontos”. Acertó.
Qué son las criptomonedas
Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como se haría, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.
En los últimos meses, numerosas criptomonedas, entre ellas Bitcoin y Ether, han experimentado elevada volatilidad en sus precios, lo cual ha sido acompañado de un aumento significativo de la publicidad, en ocasiones agresiva, para atraer inversores. No existe todavía en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el Bitcoin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros. Actualmente, se está negociando a nivel europeo un Reglamento (conocido como MiCA) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos. Como recuerdan la CNMV y el Banco de España en un comunicado reciente, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.
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