Apenas tres semanas después de haber tomado posesión con una precaria mayoría, el nuevo Gobierno de amplia coalición de Israel ha comenzado a tambalearse. El Ejecutivo no ha logrado renovar la vigencia de una controvertida ley temporal que veta la concesión de nacionalidad o la residencia a los palestinos casados con ciudadanos árabes israelíes. En una votación celebrada en la madrugada de este martes en la Kneset (Parlamento), las divisiones internas en la coalición gubernamental y el vuelco dado por la oposición, encabezada por el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, han forzado el levantamiento a partir del miércoles de la prohibición legal a la reunificación familiar en Israel y Jerusalén Este para las parejas procedentes de Gaza y Cisjordania.
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La llamada Ley de Ciudadanía fue aprobada por razones de seguridad con carácter provisional en 2003, en medio del estallido de violencia de la Segunda Intifada, y desde entonces ha sido prorrogada cada año con el respaldo de Netanyahu y el bloque de la derecha. Es considerada una medida discriminatoria por la comunidad árabe de Israel, que agrupa a un 21% de la población, con el objetivo implícito de mantener la hegemonía demográfica judía.
La línea de fractura que atraviesa el nuevo Gobierno –sostenido por ocho partidos que van desde la derecha nacionalista hasta la izquierda pacifista, incluida una formación islamista– se ha agrandado peligrosamente cuando aún no ha cumplido un mes en el poder. La marcha de miles de extremistas judíos ante el barrio árabe de la Ciudad Vieja de Jerusalén, al poco de su nacimiento, y el desalojo de un asentamiento de colonos en Cisjordania, el pasado fin de semana, ya habían puesto a prueba la estabilidad de la heterogénea coalición forjada por el primer ministro, el derechista Naftali Bennett, y el ministro de Asuntos Exteriores, el centrista Yair Lapid, para apear a Netanyahu del poder tras 12 años de mandatos acumulados.
Para mantener la unidad interna, Bennett declaró que se sometía a un voto de confianza al hilo de la renovación de la Ley de Ciudadanía. Los diputados de Meretz (pacifista) cerraron filas de inmediato para no hacer caer al Gobierno. También los cuatro parlamentarios del partido árabe de Raam se dividieron entre dos votos favorables y dos abstenciones. La ministra de Interior, Ayelet Shaked, se había comprometido a revisar la legislación en el plazo de seis meses y a adoptar “medidas humanitarias” para favorecer la reunificación de las familias palestinas.
Pero la inesperada defección de otro diputado de la coalición condujo a un empate a 59 votos en una Kneset de 120 escaños que, si bien no forzó la pérdida de confianza de Bennett, impidió la mayoría simple necesaria para la prórroga de la ley. Pasadas las cinco de la madrugada y tras más de 12 horas de sesión, el Gobierno quedaba tocado, pero no hundido, mientras Netanyahu y la Lista Conjunta (coalición electoral árabe nacionalista) aplaudían el resultado en una insólita celebración conjunta.
“Con el debido respeto a esta ley, es más importante derribar al Gobierno (que mantener el veto por razones de seguridad). Ahora han quedado expuestas las grietas que recorren este Gobierno”, había advertido Netanyahu en el pleno de la Cámara. Bennett, su sucesor en el cargo, le replicó desde la tribuna que había atravesado “una línea roja de la seguridad nacional por mezquinos intereses políticos”.
En principio, la Kneset puede volver a someter a votación la renovación de la ley, pero otras normas aprobadas hace más de 50 años van a permitir a partir de ahora que árabes israelíes o palestinos de Jerusalén Este puedan solicitar la reagrupación familiar, con derecho de residencia y beneficios sociales. El Ministerio de Interior revisará caso por caso cada petición, sujetas a trabas burocráticas, pero sus decisiones serán examinadas por los tribunales si se producen reclamaciones. “A causa de la actitud de la oposición se van a presentar unas 15.000 solicitudes de concesión de la ciudadanía (por parte de palestinos)”, advirtió Shaked, titular del Departamento.
“Esta ley era una herramienta dirigida a garantizar la presencia de una mayoría de judíos”, reconoció el ministro Lapid, arquitecto y líder político de la coalición, a través de Twitter. “Israel es el Estado nación del pueblo judío”, proclamó. La llamada Ley del Retorno concede la nacionalidad israelí de forma automática a cualquier persona de religión judía.
Motivos étnicos y de origen nacional
“La Ley de Ciudadanía ha sido una de las más racistas y discriminatorias, ya que denegaba la nacionalidad y la residencia por motivos étnicos y de origen nacional, y etiquetaba a los solicitantes como enemigos”, aseguró en un comunicado la ONG Adalah, que defiende los intereses de la minoría árabe israelí. Adalah instó en 2012 su anulación por el Tribunal Supremo, pero los magistrados la ratificaron en una disputada sentencia por seis votos a favor y cinco en contra. La norma que ahora queda sin vigencia solo tenía excepciones para los hombres mayores de 35 años y las mujeres de más de 25 –por encima de la edad habitual de matrimonio entre los palestinos– y se aplicaba también a las parejas procedentes de países pomo Líbano, Siria o Irán.
La directora de la ONG israelí de defensa de los derechos humanos Hamoked, Jessica Montell, considera que en la actualidad hay 12.700 familias palestinas que viven en un limbo legal, con “permisos militares o temporales de residencia”, según declaraciones recogidas por el Centro de Prensa de Jerusalén. “Pero las parejas más jóvenes”, sostiene, “tienen prohibido vivir juntas”.
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