Un grupo de mujeres celebra su rescate en alta mar en la cubierta del barco español ‘Aita Mari’, en aguas próximas a la isla italiana de Lampedusa, el pasado 21 de febrero.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
El naufragio de un viejo pesquero el pasado domingo a apenas 150 metros de la costa de Calabria (Italia) es la última de las tragedias migratorias a las puertas de un continente que no se pone de acuerdo en cómo evitarlas. Los al menos 64 muertos, muchos refugiados de países en guerra que no pueden cruzar regularmente las fronteras europeas, han vuelto a poner sobre la mesa la incapacidad de la Unión Europea de construir una política migratoria que proteja fronteras, pero que garantice también vías seguras para emigrar o una acogida digna y repartida entre todos los Estados miembros.
El Pacto de Migración y Asilo que se negocia desde 2020 no se cierra; y los sistemas que la UE ensaya para crear un modelo de reparto de los que llegan vivos fracasan. La última iniciativa fue el Mecanismo de Solidaridad Voluntaria, que sumó a principios de este verano a 23 Estados dispuestos a apoyar a los cinco países mediterráneos, los más expuestos a la entrada de inmigrantes que entran irregularmente por mar. Aquel acuerdo se celebró con júbilo, pero siete meses después, se ha vuelto a demostrar la lentitud y la rigidez de estos procesos y cómo las cifras esperadas quedan muy lejos de las reales. Desde aquel pacto, con el que se prometió reubicar a más de 8.000 refugiados en un año, solo 514 personas (menos de un 6%) han sido trasladadas a otros países desde España, Italia y Chipre, según datos de la Comisión Europea. En ese tiempo han llegado irregularmente por mar casi 130.000 personas y han muerto 4.857, según la Organización Internacional para las Migraciones. En un documento confidencial publicado por Statewatch, la Comisión Europea considera los resultados “decepcionantes”.
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En el caso de España, donde se está probando por primera vez un sistema como este, ni siquiera se están completando los cupos con refugiados venidos en patera, para quienes está pensado este mecanismo. Ante la supuesta ausencia de estos perfiles, las autoridades españolas están recurriendo al traslado de afganos que no quieren permanecer en el país. El único grupo de refugiados trasladado hasta ahora, que ha viajado recientemente a Francia, ha sido de 34 personas, el 40% de ellos afganos. Según datos del Ministerio de Migraciones, además de los refugiados de Afganistán, había guineanos, marroquíes, sudaneses y un somalí. De momento, solo está pendiente el traslado de un segundo grupo a Alemania, compuesto también en gran medida por refugiados afganos, y para el que Berlín aún tiene que dar su aprobación.
Fuentes de Migraciones señalan que España no es destino de las nacionalidades a las que los países de acogida dan prioridad (Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Somalia o Etiopía) y que, por tanto, es más complicada la selección de candidatos. A España, sin embargo, sí llegan personas que huyen de Sudán, Malí o Siria, que tienen una alta tasa de reconocimiento como refugiados, además de un alto porcentaje de mujeres y niños que necesitan especial protección, pero el sistema falla en identificar las vulnerabilidades de las personas que llegan a costas españolas y en facilitarles el acceso al sistema de asilo.
Algunos responsables del sistema de acogida y asilo español ven estos traslados como un éxito, pero otras fuentes expertas consideran un fracaso el uso que está haciendo España de este mecanismo. Por un lado, porque España no logra derivar a otros países a los perfiles para los que está pensado, refugiados que entran de manera irregular en el país, sino que está trasladando a familias cuya llegada fue facilitada por las propias autoridades españolas. Por otro, la voluntad de tantos afganos de irse de España “dice muy poco de nuestro sistema de acogida”, señala una fuente involucrada en el proceso.
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SuscríbeteDescontento con el sistema de acogida español
Cristina Manzanedo, abogada especialista en migraciones, explica: “El elevado porcentaje de familias afganas que desean reubicarse y los motivos que aducen reflejan un descontento con el sistema de acogida español”. Manzanedo, que apoya a una parte de los afganos que han llegado a España en el último año y medio, mantiene que estos refugiados “agradecen que España les haya salvado la vida, pero sienten que no les ofrece oportunidades reales para integrarse y salir adelante”. Fuentes del Ministerio del Interior reconocen que tal y como está desarrollándose, el sistema no funciona. “España siempre ha defendido un sistema de reparto obligatorio, y este no lo es. Necesitamos reglas claras y vinculantes”, mantienen.
Los países que acogen— Francia y Alemania son los más implicados— tienen claros los perfiles y las nacionalidades que están dispuestos a asumir. Las estrictas preferencias se deben a que son los países de acogida los que tienen que resolver las solicitudes de asilo y quieren asegurarse de que los candidatos cumplen con los requisitos para que se les reconozca el estatus de refugiado. Una vez hecha la selección de personas, las autoridades del país de destino se desplazan para entrevistarlas y aceptar o no su derivación. El procedimiento, que aspiraba a ser simple y predecible, es complejo, burocrático y, por tanto, no tan rápido como se desearía. Hay “cuellos de botella”, reconoce la Comisión en el documento donde hace balance de los seis primeros meses de implementación. Entre varias cuestiones que se deberían mejorar, el texto señala la falta de recursos, las exigencias de los países de acogida o la lentitud en identificar y entrevistar a los candidatos, que provoca que acaben desistiendo y perdiendo la confianza en el sistema.
A la complejidad del procedimiento se suma que Francia anunció que rompería su acuerdo de reubicación con Italia, cuando, el pasado noviembre, su primera ministra, Georgia Meloni, se negó a permitir el desembarco del buque de la ONG SOS Mediterranée, de bandera francesa, con 230 migrantes a bordo. París acabó aceptando que el pasaje desembarcase en puerto francés, pero amenazó con “consecuencias extremadamente fuertes en la relación bilateral”. Desde agosto, no se ha producido ningún traslado de Italia a Francia.
Una portavoz de la Comisión Europea mantiene que el trabajo operativo de reubicación continúa y que se esperan más transferencias en las próximas semanas. Asegura también que se está identificando cómo mejorar la implementación del mecanismo para que sea un procedimiento “más flexible y ágil”.
Desde la crisis de refugiados de 2015, Bruselas busca que los Estados miembros acepten un sistema de reparto obligatorio de refugiados. Es una de las piezas clave para avanzar en el pacto migratorio que se negocia desde 2020, porque es la fórmula que reclaman los países con más presión en sus costas, como España, Italia, Malta y Grecia. Pero la solidaridad, mucho más si es obligada, cuenta con la oposición frontal de cada vez más países, liderados tradicionalmente por Hungría y Polonia. Los acuerdos encallan y acaban encontrándose fórmulas que no terminan de cuajar.
Matteo Villa, investigador del Instituto per gli Studi di Política Internazionale (ISP), señala que los pocos mecanismos que consiguen ponerse en marcha siguen siendo voluntarios. “Son experimentos”, explica. “Para que funcionen deberían ser obligatorios, pero casi ningún país estaría políticamente de acuerdo. En esta paradoja, la situación acaba siendo siempre la misma: el limbo de las buenas intenciones europeas”.
El último mecanismo de reparto se lanzó en verano de 2018, cuando Italia y Malta se negaron a abrir sus puertos a los barcos de ONG que rescataban migrantes y refugiados en el Mediterráneo. En cuatro años, menos de 3.000 personas han sido trasladas desde Italia y Malta con ese procedimiento. Está por ver si este nuevo proyecto piloto, que podría inspirar un modelo definitivo, logra cumplir su objetivo. Y si la nueva política migratoria de la UE conseguirá, algún día, evitar que todos los años miles de personas se dejen la vida intentando cruzar sus fronteras.
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