Decenas de personas participan en una marcha hasta Plaza Italia en rechazo al próximo plebiscito constitucional, el 21 de agosto de 2022 en Santiago de Chile.Alberto Valdés (EFE)
Chile inicia este domingo el último tramo de un largo proceso constituyente sin precedentes en América Latina. Desde aquellas revueltas de 2019, que pusieron patas para arriba el equilbrio de poder que había estructurado la transición iniciada en 1990, los chilenos han buscado una puerta de salida democrática. El 80% votó a favor de enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El trabajo de la Asamblea Constituyente, dominada por la izquierda, terminó el 4 de julio pasado, cuando el presidente Gabriel Boric recibió un nuevo texto. Resta ahora que la población lo apruebe mediante un referéndum de resultado vinculante y participación obligatoria.
En una semana más, el domingo 4 de septiembre, unos 15,1 millones de personas votarán entre el apruebo o el rechazo. El rechazo al nuevo texto lleva una ventaja de entre nueve y 16 puntos, según las últimas encuestas conocidas antes de que comenzara la prohibición de informar nuevos sondeos. El oficialismo del presidente Gabriel Boric, que no ha disimulado su opción por aprobar el texto, ha trabajado para revertir la desventaja o, al menos, lograr que se pierda por poco. Aunque los sondeos dan una clara ventaja al rechazo, nadie descarta del todo una sorpresa.
Boric impulsó el acuerdo del oficialismo que garantiza moderar la propuesta a partir del 5 de septiembre. Este paso no gustó al ala más dura de su propia coalición, pero fue la apuesta del mandatario por dar certeza de reformas a quienes estaban por el apruebo, pero con dudas. La decisión de hacerlo antes del plebiscito, sin esperar los resultados, no gustó a parte del mundo independiente y de la izquierda de la convención y de Apruebo Dignidad, la coalición entre el Frente Amplio y el Partido Comunista.
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La nueva Constitución propone un “Estado democrático, con democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que en el país no hemos conocido nunca; Estado social de derecho; derechos sociales, protección de una naturaleza de la que formamos parte; descentralización del país”, ha explicado el constituyente Agustín Squella, liberal de izquierda. Hay resistencia, sin embargo, a algunos artículos especialmente polémicos, como el que garantiza la existencia de una justicia indígena paralela o la eliminación del Senado. El único consenso es que la Constitución actual debe cambiarse.
Los alcaldes de todos los sectores se han desplegado en terreno por sus opciones ante el referéndum. Por la mañana, en la capital, se desarrolló en el teatro Caupolicán un encuentro feminista organizado por cerca de 30 organizaciones. “Apruebo de salida, libre y convencida”, gritaban las mujeres, entre las que estaban exconvencionales y parlamentarias, como la comunista Karol Cariola, una de las portavoces de la campaña por el apruebo. “Las mujeres sabemos que la nueva Constitución busca generar cambios para nosotras”, ha dicho Cariola, aunque las expertas esperan con ansias conocer el resultado del domingo para saber si, efectivamente, un texto pro mujer será apoyado por las votantes o impera otro tipo de preocupaciones.
La popularidad del Gobierno de Boric es un espejo a los vaivenes del apruebo y viceversa. Resulta evidente que su proyecto político estaba anclado a una nueva Constitución –Boric tuvo un papel protagónico en noviembre de 2019 en el acuerdo político que permitió el camino de cambio–, pero no era obvio que tomaría partido con decisión desde la presidencia. A los nuevos inquilinos de La Moneda se les ha visto informando sobre el proceso –es parte de sus obligaciones ante el plebiscito–, pero la oposición ha acusado intervencionismo. Al mandatario y a sus ministros se les ha visto firmar ejemplares de la propuesta de la convención a la gente que se lo solicita en actos públicos. Un grupo de diputados de la derecha extrema pidieron una investigación en Contraloría por supuesto intervencionismo de la portavoz Camila Vallejo, pero el organismo no ha encontrado irregularidades.
El presidente Boric ha manifestado su opción por el apruebo: “Me cuesta mucho imaginar que, tras todo lo que ha pasado en Chile, decidamos volver a fojas cero respecto de la Constitución de 1980″, indicó el domingo pasado en una entrevista televisada en relación a la Carta Fundamental vigente, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada decenas de veces en democracia. En las últimas semanas, sin embargo, el mandatario ha combinado este discurso con señales convocantes, pensando sobre todo en el día después: “Sea cual sea la alternativa que tome el pueblo chileno, vamos a estar a la altura de esas circunstancias para convocarlos con unidad y certidumbre”, aseguró Boric en la misma entrevista.
Los líos que ha tenido en los últimos días La Moneda con el manejo del conflicto violento en La Araucanía no ayudan al gobierno y a su opción ante el plebiscito, aunque no parece evidente si tendrá o no algún efecto electoral. A fines de esta semana se conoció que una ministra de Boric tuvo contacto telefónico con el líder radical mapuche Héctor Llaitul –a través de una asesora–, lo que empujó al presidente a realizar su primer cambio en el Gabinete. Aunque la portavoz Vallejo dijo el viernes que las gestiones de la renunciada ministra “no fueron ni instruidas ni avisadas” por La Moneda, el caso sigue abierto. La prensa ha dado a conocer nuevas escuchas a Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y detenido desde el miércoles, en que trata despectivamente al jefe de Estado. “Se jura el Che Guevara”, aseguró acerca del presidente Boric.
El mandatario se reserva un cambio más profundo en el Gabinete para después del plebiscito, donde, presumiblemente, sacaría de Interior a su compañera de ruta, la ministra Izkia Siches. Mientras, ha dado a conocer algunas iniciativas importantes y populares de su agenda, como el proyecto de ley que establece un máximo de 40 horas de trabajo. Para sus defensores, se trata de medidas que se publicitan porque el Ejecutivo no puede dejar de gobernar por la campaña por el plebiscito. Para sus detractores, en cambio, el momento de anunciar este tipo de asuntos resulta muy conveniente a los intereses tanto de La Moneda como del apruebo.
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