Las circunstancias de la salida de Leopoldo López de Venezuela el pasado sábado han desembocado en el enésimo choque diplomático entre Caracas y Madrid. El Gobierno de Nicolás Maduro acusó a España de participar en el operativo que permitió al dirigente opositor salir de la residencia del embajador, Jesús Silva, donde llevaba un año y medio resguardado, y abandonar el país sorteando los controles de las fuerzas de seguridad chavistas. Sin embargo, el régimen bolivariano se limitó a la escalada retórica y evitó, de momento, adoptar medidas concretas.
La huida de López, que el domingo llegó a Madrid para reunirse con su familia, despertó dudas, también en las filas opositoras, sobre los detalles de la operación. La residencia de la Embajada de España se encuentra en la urbanización Country Club, la más exclusiva de Caracas y, desde el alzamiento del 30 de abril de 2019 que llevó a la liberación del político de su arresto domiciliario, está permanentemente rodeada de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y, a menudo, de patrullas de las fuerzas especiales e la Policía.
El tono del comunicado emitido el domingo por la Cancillería venezolana contradice de plano, no obstante, la tesis de una supuesta negociación entre el Gobierno de Maduro y la oposición con la mediación de España. Todos los implicados, además, lo han desmentido rotundamente. El régimen señala abiertamente a Silva, que hace un mes fue relevado de su cargo y pasará el testigo en las próximas semanas, al afirmar que “el jefe de la misión diplomática española en Venezuela fungió como principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga de territorio venezolano del delincuente Leopoldo López”. Y manifiesta que, “a pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se comprometió en diversas oportunidades a no permitir el accionar político del prófugo golpista, desde su residencia oficial, la realidad fue muy distinta”.
El chavismo acusó a López de estar detrás, por ejemplo, del fallido intento de invasión marítima en la costa próxima a Caracas con la participación de al menos dos mercenarios estadounidenses. Sin embargo, la dirección de las fuerzas que se agrupan en torno a López y el propio Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y principal adversario de Maduro, se desvincularon de esos hechos. En cualquier caso, Maduro considera que “el Reino de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia”.
A pesar de estas acusaciones, Caracas evita anunciar medidas concretas o lanzar amenazas como sí hizo en otras ocasiones. En 2018, Silva fue expulsado con el pretexto de la supuesta intromisión en la política interna de Venezuela. Entonces el Gobierno de Mariano Rajoy actuó con reciprocidad y declaró persona non grata al máximo representante diplomático de Venezuela en España. Meses después, antes de las presidenciales de mayo de ese año, las relaciones se relajaron y los dos volvieron a sus puestos. El pasado mes de julio, el anuncio de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, de la que se encargó el propio Maduro, llevó al límite la tensión con Bruselas. En esa ocasión, el sucesor de Hugo Chávez aprovechó para lanzar una dura advertencia al embajador español y habló de posibles “acciones diplomáticas” en su contra.
El Ejecutivo español, que había asegurado que el relevo de Silva no iba a afectar la situación de López en la sede diplomática de Caracas, atribuyó la salida del dirigente opositor a una decisión exclusivamente “personal y voluntaria”. Este, que en los últimos años pilotó la estrategia contra Maduro pese a llevar privado de libertad desde 2014, lo justificó argumentando el comienzo de una nueva fase de lucha desde el exterior. En cualquier caso, también el Ministerio de Asuntos Exteriores español criticó sin matices al régimen.
El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva. En vídeo, Silva defiende la neutralidad del país en la salida de Leopoldo López.
“España condena las detenciones de personal laboral de su Embajada así como los registros producidos en domicilios de personal adscrito a la misma actos que suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, mantiene el Ministerio en comunicado difundido. “España”, continúa la nota, “reitera su convencimiento de que la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela requiere de una salida negociada, dirigida por los propios venezolanos que permita la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías democráticas”. Los comicios parlamentarios convocados para el próximo 6 de diciembre no tienen, según España y la Unión Europea, esas garantías. La mayoría de los partidos opositores rechazan participar y, si no hay cambios, se convertirán en la enésima huida hacia adelante del chavismo.
El acoso de los servicios de inteligencia del régimen al personal de la Embajada y al entorno de López comenzó el sábado al transcender la fuga del político. Los agentes del Sebin detuvieron a seis vigilantes privados que llevaban tiempo trabajando en las dependencias diplomáticas y al coordinador de ese equipo de seguridad. Horas después, estos trabajadores quedaron en libertad. Las autoridades también arrestaron a una colaboradora de López en las tareas del hogar, que llevaba años llevándole la comida.
El dirigente reaparece en Madrid
Leopoldo López dará este martes en Madrid su primer mensaje desde su salida de Venezuela el pasado sábado y su llegada a España el domingo. Será, en realidad, su primera conferencia de prensa desde su detención en 2014, a pesar de que en este tiempo el político sí ha mantenido contactos con su equipo y canales de comunicación con el exterior. El líder opositor dejó tras de sí una serie de incógnitas sobre los próximos pasos del frente antichavista, liderado por Juan Guaidó. Solo se limitó a manifestar, a través de las redes sociales, que continuará dando la batalla desde un “nuevo terreno de lucha” y que para ello se pone a las órdenes de Guaidó, jefe del poder legislativo.
Source link