Las amenazas se han cumplido. Nada más poner un pie en Rusia, las autoridades han detenido este domingo al destacado opositor Alexéi Navalni en el aeropuerto en el que ha aterrizado. El activista y bloguero anticorrupción, que ha regresado desde Alemania, donde se trató del grave ataque con una neurotoxina de uso militar que sufrió este verano en Siberia, está acusado de infringir los términos de una polémica sentencia anterior que le imponía una condena suspendida y libertad condicional. El Servicio Penitenciario Federal, que asegura que permanecerá bajo custodia hasta que haya una decisión judicial, le acusa de no presentarse a los controles periódicos y reclama sustituir la pena suspendida por una real.
El líder opositor se enfrenta también a las recientes acusaciones de fraude a gran escala con las que asegura que el Kremlin trata de acallarle. El vuelo en el que regresaba Navalni, y que debía aterrizar en el aeropuerto moscovita de Vnukovo —donde le esperaban pese al frío helador y las restricciones decenas de partidarios y 53 personas fueron arrestadas—, fue desviado en el último momento a otro aeródromo, al norte de la capital.
“Este es mi mejor día en los últimos cinco meses, esta es mi casa, no tengo miedo, sé que tengo razón, y todos los casos penales en mi contra son fabricados”, ha dicho el opositor a los pasajeros y periodistas que han volado con él y con su esposa, Yulia, nada más pisar Moscú. La policía se lo ha llevado nada más atravesar el control de pasaportes.
Era la advertencia de prisión o el exilio. Y desde que recuperó la consciencia, Navalni, uno de los críticos más visibles contra el presidente ruso, Vladímir Putin, al que acusa directamente del envenenamiento que casi le cuesta la vida, siempre ha asegurado que su intención era regresar. “Están haciendo todo lo posible por asustarme, pero no me importa. Rusia es mi país, Moscú es mi ciudad. Lo echo de menos”, escribió hace unos días en las redes sociales.
El gesto marca un punto en la creciente escalada de represión del Kremlin contra opositores, medios de comunicación y las organizaciones civiles. Y lo hace solo días antes de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, lo que podría desencadenar un conflicto inmediato con la nueva Administración demócrata. Sin embargo, tampoco la idea de nuevas tensiones con Occidente ha torcido el brazo al Kremlin. La Unión Europea ya sancionó en octubre a destacados funcionarios del círculo íntimo de Putin por el envenenamiento de Navalni. Bruselas destaca que el envenenamiento con una sustancia como el novichok no pudo ser posible sin el conocimiento del Gobierno, y más cuando agentes de la inteligencia rusa seguían al opositor.
Con la popularidad en horas bajas y señalado por Occidente, el Kremlin, que ha negado cualquier participación en el envenenamiento, ha tratado de impedir un recibimiento multitudinario a Navalni, que desembarcó en Rusia a bordo de la aerolínea de bajo coste Pobeda (Victoria, en ruso). Las autoridades se han empleado a fondo y no solo desviando su avión. El aeropuerto previsto, el de Vnukovo, se ha cercado y la policía ha prohibido la entrada al recinto, aduciendo la pandemia de coronavirus; también a la prensa. Además, advirtieron de que una concentración se considerará un “acto político” no autorizado y por tanto, ilegal.
Tres de los colaboradores más cercanos al opositor, entre ellos Liubov Sobol, su número dos, han sido arrestados. También varios partidarios y periodistas. En San Petersburgo, Moscú y otras ciudades rusas, la policía detuvo este domingo por la mañana a varios colaboradores del activista que planeaban acudir a su encuentro, cinco meses después de que tuviera que abandonar Rusia para recibir tratamiento en Berlín.
El Kremlin y su entorno no cesan de elevar la presión sobre el destacado opositor, que se ha hecho muy conocido por sus investigaciones sobre la corrupción de las élites políticas y económicas de Rusia. A finales de diciembre, el Servicio Penitenciario Federal le dio un ultimátum para que se presentara al cabo de unas horas en Moscú, y al no hacerlo le acusó de violar las condiciones de una sentencia de 2014, que dictaba una condena condicional de más de tres años de prisión en un controvertido caso considerado “arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las autoridades aseguran ahora que están “obligadas” a arrestarle, ya que Navalni no se presentó a las revisiones de la sentencia ya antes de ser trasladado, en coma, a Alemania a bordo de un avión medicalizado. El opositor, de 44 años, puede enfrentarse a una condena de varios años de cárcel.
El Kremlin está ahora ante una encrucijada. El arresto puede desencadenar protestas que eleven aún más la tensión en un año clave, con unas importantes elecciones parlamentarias en otoño y con la ciudadanía descontenta por la crisis económica y la pandemia; una condena a cárcel también enturbiaría las relaciones de Rusia con Alemania —hasta hace poco, y sobre todo debido a Navalni, cercano― y Francia. Pero no detenerle, después de las reiteradas amenazas y de aumentar las expectativas de los más conservadores sobre la idea de mano dura, puede ser considerado una muestra de debilidad, cree la analista Tatiana Stanovaya. “Lo que sucede con Navalni es parecido a dos trenes que corren uno hacia el otro y están condenados a chocar”, remarca la politóloga.
El presidente ruso, Vladímir Putin, que elude mencionar el nombre del opositor, al que últimamente llama “el paciente de Berlín”, ha negado que sus servicios de inteligencia envenenasen a Navalni, al que definió como un colaborador de la CIA, e ironizó con que si hubieran querido matarle “habrían terminado el trabajo”.
Rusia ha eludido abrir un proceso judicial formal sobre el envenenamiento del líder opositor, atacado con la misma sustancia empleada en 2018 contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija, Yulia, en suelo británico; un ataque en el que la inteligencia del Reino Unido identificó a miembros de la inteligencia militar rusa. Alemania entregó el sábado a las autoridades rusas las transcripciones de las entrevistas que han mantenido los fiscales alemanes con el opositor, con preguntas enviadas por la oficina del fiscal general ruso.
“El Gobierno alemán asume que el Ejecutivo ruso tomará ahora inmediatamente todas las medidas necesarias para esclarecer el crimen contra el señor Navalni”, remarcó un portavoz del Ministerio de Justicia de Alemania, que aseguró que Moscú tiene ahora todo lo necesario, incluidas muestras de sangre y tejidos, para llevar a cabo una investigación penal.
En diciembre, una investigación periodística liderada por el medio especializado Bellingcat identificó a varios agentes de la inteligencia rusa como los responsables del ataque a Navalni en la ciudad siberiana de Tomsk. Según la investigación, que se basó en registros de vuelos y telefónicos comprados en el mercado negro, el Servicio Federal de Seguridad (FSB, sucesor del KGB) llevaba siguiendo al opositor durante años y en al menos 40 vuelos.
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