El Pacto de Toledo ha dado este viernes un paso decisivo para cerrar sus recomendaciones para la próxima reforma de pensiones. Los portavoces de la comisión parlamentaria han cerrado un borrador que deberá ser ratificado el martes por el pleno de la comisión. Bastantes grupos habrían adelantado ya su posición positiva, entre ellos, lógicamente, los dos partidos en el Gobierno: PSOE y Unidas Podemos. Otros, en cambio, se guardan su posición hasta la reunión del martes. Ese parece ser el caso de ERC. Fuentes de la comisión se muestran, no obstante, confiadas en que la próxima semana en la votación definitiva se logrará un respaldo muy amplio.
El texto tiene 22 de recomendaciones, incluídas una recomendación cero y una 17.bis sobre jóvenes y Seguridad Social. En él se zanja el debate político sobre la revalorización anual de las pensiones al vincular su evolución a los precios, siguiendo el indicador del IPC. Pero, probablemente, el punto más significativo de esta edición, la cuarta del Pacto de Toledo, es la recomendación número 1, que aconseja al Gobierno y a los agentes sociales —que ahora tienen que abrir las negociaciones para concretar la reforma dar un paso muy significativo en lo que se llama separación de fuentes de financiación— la idea de que las cotizaciones se centren cada vez más en financiar solo las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad.
Esta vía se abrió a finales de la década de los ochenta, cuando comenzó a financiarse la Sanidad con impuestos, y se consagró en la primera edición del Pacto. Ahora se propone dar un paso más y que se paguen con impuestos gastos que ahora asume la Seguridad Social, como las prestaciones de paternidad/maternidad, el complemento en las pensiones de jubilación de las mujeres que han sido madres o los descuentos en cotizaciones para impulsar el empleo (tarifas planas).
Los cálculos que ha desgranado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus comparecencias ante esta comisión elevan la cifra de estos gastos impropios a 23.000 millones de euros. Según el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, ya en 2021 el Gobierno pretendería empezar a dar pasos en esta dirección. En ese boceto habría unos 11.000 millones de esa cantidad. El periodo para acabar este recorrido sería esta legislatura, es decir, 2023.
Otros elementos reseñables del texto que se votará el martes próximo es la apuesta por acercar la edad real de jubilación a la legal. Si la transferencia de dinero de impuestos a la Seguridad Social para hacerse cargo de costes “impropios” es la vía elegida para cerrar el déficit a corto plazo, a largo sería la del aumento de la edad real de jubilación. Esta intención ha sido adelantada por Escrivá y ve ahora su refrendo en una de las recomendaciones, la 12. “La Comisión considera que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida, respetando los casos de jubilaciones anticipadas por actividad penosa y de personas con carreras de cotización precarias”, apuntaba un borrador de hace unas semanas.
Hay otros elementos clásicos del Pacto de Toledo, como el que habla de reforzar el principio de contributividad, entendido como la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador. En cambio, por primera vez hay una recomendación sobre Juventud y Seguridad Social.
Después de la reunión, fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos apuntaban que “el nuevo texto garantizara certidumbre a los pensionistas. El texto final de las recomendaciones recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición, de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible y supone la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013”.
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