El Pacto de Toledo enfila su recta final… O eso parece, según apuntan varias fuentes de la comisión parlamentaria que aborda los temas de pensiones. Este viernes se reúnen los portavoces y los miembros de la mesa para cerrar el borrador con las recomendaciones que plantearán a la comisión en pleno la próxima semana. No será el primer intento. Pero esta vez parece que puede ser el bueno. Se empezará así a poner punto y final, con bastante retraso sobre lo sucedido otras ocasiones, tras cuatro años de reuniones, comparecencias y debates. Y varios Gobiernos y legislaturas después.
“No podemos estar más tiempo sin reformar las pensiones”, zanjaba esta semana el portavoz de uno de los grupos que integran la comisión. Estas recomendaciones suelen ser el primer paso de los cambios en la Seguridad Social desde que en 1995 se creó el Pacto de Toledo. A partir de ahora empieza la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales, algo que oficialmente empezó la semana pasada.
La opinión mayoritaria entre los componentes de la comisión consultados es que ya hay mayoría para sacar el texto adelante, pues contaría con el apoyo del PSOE, Podemos, PNV y, probablemente, Ciudadanos. No obstante, esto no excluiría que alguno de estos grupos presentara además un voto particular con sus matices propios. El PP todavía no habría decidido el sentido definitivo de su voto, pero las mismas fuentes apuntan que el mayor grupo de la oposición se mueve entre el sí y la abstención.
También ERC, que en 2011 votó no, podría moverse y optar por la abstención. No obstante, desde otros ámbitos conocedores de las negociaciones parlamentarias se advierte de que no es la primera vez en las últimas semanas que se ha convocado una reunión en la que parecía que se iba a llegar consensuar un texto y finalmente esto no habría pasado. Estas últimas fuentes también admiten que ahora ha desaparecido (o quedado atrás) el escollo de la moción de censura contra el Gobierno presentada por Vox.
El borrador que manejan los diputados contiene 20 recomendaciones. Pero se caracteriza, sobre todo, por dar un paso muy importante en la llamada separación de fuentes de financiación, la idea de que las cotizaciones se centren cada vez más en financiar solo las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad. De esta forma, propondría que gastos que ahora asume la Seguridad Social -como las prestaciones de paternidad/maternidad, el complemento en las pensiones de jubilación de las mujeres que han sido madres o los descuentos en cotizaciones para impulsar el empleo (tarifas planas)- se paguen con impuestos. Los cálculos que ha desgranado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus comparecencias ante esta comisión elevan la cifra de estos gastos impropios a 23.000 millones de euros. Según el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, ya en 2021 el Gobierno pretendería empezar a dar pasos en esta dirección.
Otro elemento central sería la revalorización anual de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo. Esa fue la única recomendación pactada –en otoño de 2018- y conocida hasta ahora. La redacción acordada entonces tenía una gran dosis de ambigüedad sobre el mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de los pensiones, que los conocedores de los últimos textos afirman se habría despejado en favor del referente del IPC.
Hay otros elementos clásicos del Pacto de Toledo, como el que habla de reforzar el principio de contributividad, entendido como la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador. En cambio, por primera vez hay una recomendación sobre Juventud y Seguridad Social.
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