El pacto migratorio europeo ignora las pretensiones de España

Bruselas reabrió este miércoles el agrio debate de la reforma migratoria con una propuesta de mano dura. La Comisión Europea puso sobre la mesa de las capitales un plan que sitúa el acento en el blindaje de la frontera exterior de la UE y las expulsiones de inmigrantes irregulares. Además, acaba con las cuotas obligatorias en el reparto de refugiados a cambio de una suerte de solidaridad a la carta en la que se podrá optar por acoger migrantes o ayudar a expulsarlos. La oferta busca arrastrar a Polonia y Hungría hacia la mesa de negociación para cerrar un acuerdo de principios antes de que termine este año.

La Comisión Europea encara un último trimestre digno de final de década. Con el aliento contenido ante la incertidumbre de la altura de la segunda ola de covid-19, Bruselas debe procurar la ratificación de los fondos para la reconstrucción económica, afrontar una negociación a cara de perro con Londres a cuenta del Brexit y hallar una salida para los contenciosos con Turquía y Rusia.

La crisis en Moria, que puso al descubierto de nuevo las condiciones en las que malviven los refugiados en Lesbos (Grecia), ha obligado a abordar por fin una carpeta que lleva desde 2016 abierta. Con más de medio año de retraso, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen lanzó su propuesta para un pacto migratorio. “El antiguo sistema para lidiar con la migración en Europa ya no funciona”, sostuvo la presidenta. “Moria es un duro recordatorio”, añadió.

Bruselas sentó de nuevo las bases de un complejísimo debate, en el que hay enormes diferencias entre los 27 socios de la UE. Incluso con líneas rojas irreconciliables: España pide cuotas obligatorias, mientras que Polonia o Hungría las rechazan. El vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la cartera migratoria, Margaritis Schinas, sostuvo que el documento que presentó junto a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, es la “zona de convergencia” que han hallado tras visitar todas las capitales.

El paquete, que consta de 10 propuestas legislativas, tiene tres claros pilares: la vigilancia de la frontera exterior de la UE, intensificar la política de retornos y fijar de forma “urgente” un nuevo mecanismo de solidaridad que no contempla cuotas obligatorias. El esquema se cierra con un botón de emergencia que se activaría para que, ante una crisis, la Comisión pueda decidir en última instancia el reparto de inmigrantes, como avanzó este miércoles EL PAÍS.

El Ejecutivo comunitario quiere que los países empiecen a negociar el paquete para alcanzar un acuerdo de principios antes de que termine este año. Fuentes comunitarias sostuvieron que esperan que la tragedia de Moria dé un impulso a esas negociaciones. La situación en la UE es muy distinta a 2015, cuando se produjo la crisis de los refugiados. Según la Comisión, los flujos migratorios ya se habían reducido antes de la pandemia en un 92%, en especial por el Mediterráneo central y el occidental. En cambio, siguió creciendo por la parte oriental y de los Balcanes.

9El sistema propuesto por Bruselas está enfocado a impedir el acceso a inmigrantes irregulares y a lograr su devolución desde una etapa temprana. La clave para lograrlo es convirtiendo la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en una auténtica policía de fronteras y de devoluciones y desplegando una red para examinar a todo aquel que entre a la UE sin autorización. “Ahora, la única obligación para un país es tomar huellas dactilares de quien llegue irregularmente y registrarlo. Bajo la nueva normativa, los recién llegados serán sometidos a intensos chequeos de identidad, seguridad y salud”, afirmó Schinas.

Bruselas considera, además, que las reglas migratorias solo serán “creíbles” si se devuelve a sus países a quien “no tiene derecho a estar en la UE”. Ahora, según Frontex, se retorna a un tercio de los que llegan. La Comisión aspira alcanzar más acuerdos con países de origen y de tránsito, en especial de los Balcanes Orientales y el norte de África. Por ello, creará un coordinador de retornos, una figura que ya han instaurado gobiernos como el danés.

Política de mano dura

Esa política de mano dura con la inmigración irregular hace pensar a Bruselas que podrá atar a los países a un nuevo mecanismo de solidaridad a la carta. No habrá cuotas obligatorias ni tampoco un mecanismo estable de reparto como el que demandaba España. En lugar de ello, las contribuciones de los países podrán consistir en acoger refugiados que tengan derecho al asilo o bien “patrocinar” retornos. Es decir, ayudar a otro país a devolver a sus inmigrantes irregulares. También se podrían tener en cuenta apoyos materiales o de personal.

Fuentes diplomáticas ven en ese sistema un claro guiño a ciertos países del Este y el norte de Europa, que se niegan a acoger inmigrantes. Con este mecanismo, además, se premiarían sus esfuerzos para expulsar a sin papeles. Schinas, sin embargo, dijo que la Comisión garantiza al sur de Europa que sus demandas de solidaridad siempre serán atendidas.

El sistema ideado para ello es el siguiente. Un país que atraviese una emergencia, riesgo de presión migratoria o una situación de rescate pide ayuda a Bruselas. La Comisión entonces media con otros países para que contribuyan, ya sea acogiendo migrantes o ayudando en los retornos. Si no hay solución posible en una primera o segunda ronda, Bruselas acaba decidiendo su destino.

Queda por ver, sin embargo, cuánto camino están dispuestos a recorrer los Veintisiete. En otras palabras, hasta qué punto las renuncias de la Comisión son excesivas para España o Italia e insuficientes para Austria, Polonia o Hungría.

Hasta 12.000 euros por acogida

La propuesta de la Comisión Europea soliviantó a las ONG y a la izquierda parlamentaria. Oxfam y Cáritas, por ejemplo, alertaron del excesivo acercamiento a los postulados de Gobiernos ultraconservadores o nacionalistas. “Es bueno que la Comisión Europea trate de unir a los países para lograr cambios significativos pero, en su intento de lograr el consenso, la Comisión ha cedido a la presión de los Estados miembros cuyo único objetivo es reducir el número de personas a las que se garantiza protección en Europa”, señaló la jefa de la oficina europea de Oxfam, Marissa Ryan.

Una de las cuestiones más polémicas ha sido la de incluir dentro del paquete de solidaridad esas “devoluciones patrocinadas”. “En el marco del patrocinio de retorno”, dice la Comisión en la comunicación aprobada este miércoles, “los Estados miembros proporcionarían todo el apoyo necesario al Estado miembro bajo presión para devolver rápidamente a quienes no tienen derecho a permanecer, asumiendo el Estado miembro de apoyo toda la responsabilidad si el retorno no se lleva a cabo dentro de un período establecido”.

Aun así, si ese retorno saliera mal, el país podría beneficiarse igualmente de la ayuda procedente del Presupuesto de la UE para el país receptor, de 10.000 euros por persona y 12.000 si se trata de un menor no acompañado.

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen no solo deberá estar pendiente del Consejo. A tenor de lo que expresaron los grupos políticos, su propuesta está lejos de generar una mayoría parlamentaria. Solo el Partido Popular Europeo la calificó como “un buen punto de partida”. La líder de los socialdemócratas europeos, Iratxe García, reclamó las cuotas. A través de su cuenta de Twitter, dijo: “La UE debe asegurarse de que se respete plenamente el derecho de asilo e introducir un mecanismo de reubicación obligatoria permanente entre los Estados miembros”.

Desde Los Verdes, el diputado Ernest Urtasun denunció que “serán los Estados Miembros, incluyendo España, Italia y Grecia, quienes asumirán la responsabilidad de los solicitantes de asilo”, denunció el diputado de Los Verdes Ernest Urtasun, quien remachó que las propuestas de la Comisión abocarán a la UE a “más Morias”. Las críticas también llegaron de los liberales de Renew. La diputada holandesa Sophie in ‘t Veld advirtió sobre el peligro de que la extrema derecha acabe secuestrando el debate.