El pantano del desencuentro | Artículo

Héctor Tajonar

A los héroes de la salud en México.

En plena fase 3 de la pandemia caracterizada por el crecimiento exponencial de contagios y decesos causados por el Covid 19, somos testigos de un momento histórico de la relación entre el gobierno y el sector empresarial cuyo desenlace determinará la gravedad de la caída de la economía del país y la velocidad de su recuperación, así como el destino de la denominada Cuarta Transformación. La respuesta ante la adversidad revelará con mayor nitidez la calidad y el compromiso con el bienestar de la nación de empresarios y gobernantes -como sector y como individuos- además de ubicarlos en la dimensión histórica y humana que a cada uno le corresponda.

Ante el peligro, el instinto de conservación es la reacción inmediata tanto en animales como humanos; sobrevivir es el reflejo y la prioridad cuando enfrentamos a una agresión que amenace nuestra existencia. En el ámbito social y político ocurre lo mismo, cada individuo o grupo tiende a defender ya no sólo su vida sino sus intereses. Los parámetros dejan de ser sólo instintivos para incluir dimensiones específicamente humanas como la ambición, la ética y la ley, así como la responsabilidad sobre las consecuencias de nuestros actos, decisiones u omisiones. El Covid 19 nos ha obligado al confinamiento, al tiempo de colocar a los protagonistas del quehacer político y empresarial en una caja de cristal para ser observados, evaluados y juzgados con la inmediatez propia de los medios de comunicación que nos informan y nos conforman. A través de esa lupa analicemos de manera concisa la cúspide del poder político y las cúpulas empresariales en tiempos del coronavirus.

La receta autocrática
Ante la emergencia, el Supremo Poder Ejecutivo ha centralizado en su persona todo el poder decisorio del gobierno federal y, al parecer, pretende aprovechar la coyuntura para incrementar su dominio imponiendo decisiones arbitrarias e ilegales, además de descalificar e intimidar a todo aquel que disienta de sus ordenamientos o proponga ideas que bien pudieran complementar el hermético e inamovible proyecto de la 4T.

Proclive a la reiteración ad nauseam de su recetario, el mandatario dio a conocer once medidas para enfrentar la crisis en su charla matutina del 23 de abril y por la tarde la convirtió en Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Queda bajo resguardo en los anales de las excentricidades de la 4T. La revista Voz y voto considera que el Decreto es contrario a la Constitución y el ministro en retiro José Ramón Cossío lo califica de “pintoresco” (Aristegui Noticias, 28/04/2020). A ello se agrega la falta de rigor lógico del documento, repleto de afirmaciones ambiguas –“de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos”-; incomprensibles -“se cancelan diez subsecretarías y se garantiza el empleo con. el mismo rango (e ingresos)”-; cifras imaginarias -622 556 millones de pesos de supuesto ahorro derivado de la austeridad-; y fantasías -“se crearán 2 millones de empleos”-.

Por decreto, López Obrador convierte sus ocurrencias y aspiraciones retóricas en decisiones irrebatibles. Además, en la carta que acompaña a los 3 millones de créditos por 25 mil pesos aparece el nombre del presidente, lo cual también es violatorio de la Constitución y confirma el propósito clientelar de dichos créditos. Es decepcionante que aun en tiempos de emergencia nacional la autoafirmación siga siendo la prioridad presidencial.

López Obrador posee una indómita pasión por el poder sin límites. El mismo 23 de abril, el Ejecutivo envió una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de reorientar el Presupuesto de egresos en caso de “emergencias económicas”. Dicha facultad es exclusiva de la Cámara de Diputados de acuerdo con la Ley que pretende reformar. Porfirio Muñoz Ledo señaló con claridad las graves implicaciones de dicha iniciativa: Es anticonstitucional y viola la división de Poderes, además de ser innecesaria puesto que el mandatario tiene mayoría. ¿Para qué quiere más facultades?, se pregunta el lúcido correligionario del presidente. (Reforma, 28/04/2020).

 

Durante la pandemia sólo hemos escuchado la voz del Supremo Poder Ejecutivo, los otros dos poderes han estado ausentes. El Legislativo ha dejado de cumplir con su responsabilidad constitucional de representar la pluralidad del país y fungir como equilibrio y coto del poder presidencial. La 64 Legislatura del Congreso de la Unión no ha hecho más durante la contingencia que aprobar por vía rápida la Ley de Amnistía impuesta por López Obrador. El mismo día de esa sesión infamante en el Senado, la mayoría de Morena operó para impedir que PRI, PAN, PRD y MC inscribieran en la orden del día el debate acerca de un plan de emergencia y recuperación económica sólido y eficaz (Ernesto Núñez Albarrán, “Hibernación legislativa”, Aristegui Noticias, 26/04/2020). Esa es la división de poderes de la llamada Cuarta Transformación y de su pretendido “cambio de régimen”.

Aprovechando la emergencia, el Ejecutivo ha gobernado por vía de decretos, acuerdos y decisiones unilaterales. No hay límites ni controles legislativos o judiciales y el pilar de la democracia representativa está en riesgo, afirman cuatro destacados académicos en un ensayo de lectura obligada para entender mejor estos tiempos de incertidumbre política plagada de vicios de la “democracia perfecta” con claros tintes autocráticos (Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna Plá, Javier Martínez Reyes y Pedro Salazar Ugarte, “Democracia en vilo -y la Constitución también”, El Universal, 20/04/2020).

Con sigilo y astucia, el creador de la Cuarta Transformación ha ido mermando poco a poco las instituciones democráticas del país, encubierto por una hábil estrategia de comunicación política legitimada por su victoria en las urnas. A pesar de los exiguos resultados en materia de seguridad pública, crecimiento económico incluyente, educación, salud, o abatimiento de la corrupción -su emblema preferido-, la popularidad de su gobierno se había mantenido en niveles positivos aunque descendentes hasta antes del coronavirus. La pandemia ha puesto en jaque su proyecto mientras sus reacciones intempestivas y polarizantes empiezan a erosionar su autoridad. Continuar por la senda hacia la autocracia podría significar la radicalización, el principio del fin del proyecto de la 4T o ambas cosas, con un altísimo costo para la nación. Sin duda a AMLO le inquietan los resultados electorales del próximo año, así como la revocación de mandato. Mauricio Merino propone dos posibles desenlaces del plebiscito: el surgimiento de Su Alteza Serenísima o del Comandante López (¿Tiene que irse?, El Universal, 27/04/2020). Amargo dilema. Coincido con Merino en que el presidente debe concluir su mandato constitucional en 2024. Me niego a pensar que López Obrador pudiera convertirse en un suicida político dispuesto a terminar en el basurero de la historia.

 

Solidaridad limitada
En contraste con la polarización promovida por el Presidente, la cúpula del sector privado ha reiterado su propósito de construir un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis, para lo cual realizó un ejercicio de comunicación e integración sin precedente. El Consejo Coordinador Empresarial organizó una Conferencia Nacional para la Recuperación Económica dividida en 11 mesas temáticas: macro economía y políticas públicas, salud, sector agropecuario y alimentación, sistema financiero, MiPymes, cadenas de valor, establecimientos comerciales, empleo y entorno internacional.

Participaron numerosos representantes y miembros de todos los sectores de la sociedad: industriales, comerciantes, productores del campo, trabajadores, líderes sindicales, legisladores de todos los partidos, funcionarios públicos, embajadores, académicos, ONGs y sociedad civil, sin distinción de actividad o ideología. Las mesas fueron transmitidas en vivo a través de Youtube del lunes 27 al miércoles 29. La cobertura periodística del evento fue limitada y no se emitieron resúmenes de las mesas en el portal del CCE. Sería importante divulgar una memoria impresa y audiovisual lo más pronto posible.

La inédita convocatoria fue un éxito por la calidad de algunos participantes, la diversidad de propuestas y, sobre todo, por su carácter plural e incluyente. Fue una demostración patente del potencial de una sociedad experimentada e inteligente, ávida de participar con espíritu emprendedor -no gregario ni clientelar- en la solución del enorme desafío que enfrentamos. Tal manifestación de ánimo solidario, y unitario no debiera ser desdeñada. La magnitud de la crisis exige fortaleza, altura de miras y, en la cima del poder, de una visión de Estado hoy ausente.

Venturosamente, en días recientes también ha habido muestras plausibles de acciones que trascienden el ámbito decisorio del Ejecutivo. En ejercicio de su autonomía, el Banco de México dio a conocer la reducción de la tasa de interés de referencia a 6%, así como una inyección de 750 mil millones de pesos en la economía para dotar de liquidez a los mercados financieros y bursátiles en apoyo de la micro, pequeñas y medianas empresas. Una tercera parte de esos recursos -250 mil millones de pesos- proviene del Encaje legal, que es la obligación de la banca comercial de mantener en el Banco Central un porcentaje de la totalidad de los depósitos de sus cuentahabientes.

La medida contra cíclica de Banxico fue vista con beneplácito por la mayoría de los especialistas salvo por quienes temen que pudiera convertirse en un nuevo Fobaproa en caso de que un alto porcentaje de los beneficiarios de dichos créditos resultare insolvente. Entre ellos destaca Gabriel Reyes Orona, brillante colaborador de Aristegui Noticias. Adicionalmente, existe incertidumbre y preocupación debido a que se desconoce la tasa con la que los bancos privados ofrecerán dichos créditos a los pequeños y medianos empresarios, así como el plazo y el criterio para otorgarlos. Tal indefinición y falta de lineamientos precisos acerca de las condiciones de los créditos da margen al abuso y la arbitrariedad. Sería conveniente que la autoridad competente estableciera una normatividad al respecto.

En vista de la emergencia sería deseable que los bancos prestaran los créditos a una tasa no mayor al 8%, en virtud de que la tasa de referencia del Banco de México es del 6% y es probable que pronto baje hasta 4.5% . Otra medida pertinente sería otorgar los créditos con cuatro meses de gracia para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a superar el golpe de la crisis. Es lamentable que ninguna de esas dudas hayan sido aclaradas o abordadas por Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México y presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, quien coordinó y moderó la mesa titulada Atención inmediata a la crisis: sistema financiero. Queda abierta la pregunta de si la banca privada privilegiará la solidaridad sobre la usura para evitar que un asunto de liquidez se convierta en uno de solvencia. Veremos si ante la crisis económica y financiera originada por el coronavirus la banca comercial será parte de la solución o parte del problema.

Otra buen noticia en estos días pesarosos fue que la Secretaría de Hacienda emitió deuda por 6 mil millones de dólares a través de bonos en mercados internacionales. Se trata de una de las colocaciones de bonos más grandes en la historia de México. “Esta medida ayuda a consolidar el conjunto de fuentes de financiamiento del Gobierno, así como garantizar los recursos para enfrentar la crisis derivada de la Covid-19, operar los programas y atender cualquier adversidad futura”, comentó Arturo Herrera, en su Twitter. Llama la atención que el secretario de Hacienda haya tenido que divulgar la información a través de ese medio y que haya sido excluido de las conferencias mañaneras durante el lapso de la emergencia sanitaria y económica. Un signo más del caos al interior del gabinete fantasma cuatroteísta.

 

Un acierto más en medio de la confinación fue el acuerdo logrado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) con BID Invest para construir un programa de 3 mil millones de dólares en líneas de crédito para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) y facilitar el financiamiento de las cadenas productivas. El acuerdo está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento que permite a las MiPyMes obtener una alternativa de crédito sencilla y a tasas muy atractivas. A pesar de que el acuerdo contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y de haber sido aplaudido vía Twitter por la secretaria de Economía y por el Canciller, el asunto despertó la ira del presidente López Obrador quien, con el estilo ponderado que lo caracteriza, espetó: “¿Cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale, ¿y qué nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Es mucha la prepotencia: ‘te voy a dictar lo que tienes que hacer’. ¡No! Además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes.” El CNH aclaró que no se trataba de un aval crediticio que implicara deuda pública. El mandatario aceptó la explicación y corrigió: “Si no es con el aval del gobierno, no hay problema, bienvenido”. He ahí un ejemplo de conciliación con base en argumentación razonada.

Salir del pantano

La confrontación entre el gobierno y los empresarios no es la vía adecuada para beneficiar México, menos en una situación de gravedad extrema como la actual. Si bien hay analistas defensores de la 4T que hablan de un choque irreversible entre “enemigos” (Lorenzo Meyer, Aristegui Noticias, 27/04/2020), existen otras voces como la del diputado Muñoz Ledo, de Morena, que piensan de manera opuesta. “Me preocupa que se polarice más el país. Es el momento de la unidad nacional, el objetivo inmediato es reactivar la economía y para ello es necesario crear un Acuerdo Nacional ante la Emergencia” (Entrevista de René Delgado, Entre/dichos, 29/04/2020).

 

Más allá de diferencias de opinión, percepción o ideológicas, pienso que ante la emergencia económica, social y humanitaria la prioridad es pensar en el beneficio del país y no en términos de “la disputa por la nación”. Del lado gubernamental debe prevalecer la ética de responsabilidad weberiana y del lado empresarial una actitud de verdadera solidaridad y fraternidad no de abuso o usura. No se ha visto, por ejemplo, que las grandes cadenas comerciales bajen los precios de alimentos y productos de primera necesidad en lugar de subirlos como parece estar sucediendo. Siendo las empresas más beneficiadas por la crisis, esos magnos consorcios podrían organizar el reparto de despensas gratuitas aprovechando su gran capacidad de distribución, en coordinación con sus proveedores. ¡Ya lo está haciendo el crimen organizado! No debieran quedarse atrás las grandes empresas que le deben a México su monumental riqueza. Esa sería una muestra verdadera del amor y compromiso con la nación en esta coyuntura de gravedad extrema.

Además de los válidos intereses electorales y políticos, al gobernante deben guiarlo la prudencia y la visión de Estado. Como creadores de riqueza, empleo y progreso, los empresarios tienen pleno derecho al crecimiento de sus negocios y a disfrutar de sus utilidades ganadas con su esfuerzo, pero sin olvidarse de su responsabilidad social con sus empleados y con el país. México es el hogar de todos los mexicanos. La concordia nos hará más fuertes ante la adversidad.

Grandeza o mezquindad, es el dilema.