El Vaticano vive inmerso en un largo culebrón que explota por capítulos desde que el papa Francisco decidió desposeer de todos sus derechos al cardenal Angelo Becciu, uno de los purpurados más poderosos de la Santa Sede. A las acusaciones de malversación iniciales, sin embargo, se han ido sumando un goteo de filtraciones que le implican en todo tipo de escándalos. El último es la presunta compra de la voluntad de algunos testigos clave del juicio que se celebró en Australia contra el cardenal George Pell, uno de sus mayores rivales en el Vaticano, durante el que fue condenado y encarcelado por abusos (luego fue absuelto por falta de pruebas). Ahora, la policía australiana confirma que ha recibido información entregada por el organismo de control de delitos financieros sobre presuntas transferencias de fondos del Vaticano durante el juicio.
El departamento encargado de investigar ese flujo de capitales señaló a EFE que “es un asunto rutinario de intercambio de inteligencia financiera entre AUSTRAC (el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Australiano) y la AFP (la Policía Federal Australiana)”. Además, reconocen que están “revisando la información relevante”. La policía australiana señala además que trabaja sobre este asunto junto a la Comisión Independiente de Anticorrupción del Estado de Victoria, donde fue juzgado Pell. Después de su condena y de pasar 13 meses en la cárcel, Pell fue absuelto en abril de la acusación de varios delitos de pederastia por el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial de Australia. El Papa, de hecho, le recibió la semana pasada y la Santa Sede grabó y difundió el encuentro: una manera de rehabilitar públicamente al purpurado, en quien el Papa nunca perdió la confianza y mantuvo en su cargo hasta que expiró oficialmente su mandato.
Los abogados de Becciu y el propio cardenal ya desmintieron la semana pasada que el purpurado hubiese podido transferir fondos, privados o del Vaticano, para tal propósito. Pero la campaña mediática y las permanentes filtraciones señalan en dirección contraria. A Becciu se le acusa a través de las filtraciones que emergen de los tribunales vaticanos -todavía no está llamado a sentarse en el banquillo formalmente- de crear una suerte de Vaticano paralelo con los fondos reservados de la Secretaría de Estado en cuya sala de máquinas estuvo durante una década. Una estructura que, teóricamente comenzó a destaparse tras una mala operación inmobiliaria en Londres que obligó a la Santa Sede a desembolsar hasta 300 millones para la compraventa de un edificio que había sido sede de los grandes almacenes Harrod’s.
El último escándalo llegó cuando hace una semana, bajo un mandato de arresto internacional coordinado por Interpol, fue detenida la ya conocida en los medios italianos como “dama del cardenal”. Se trata de Cecilia Marogna, de 39 años y titular de una agencia de inteligencia con sede en Eslovenia a quien Becciu había contratado y transferido hasta 500.000 euros para supuestas misiones de diplomacia e inteligencia.
Parte de ese dinero, ha reconocido ella misma, fue utilizado para comprar artículos de lujo: 12.000 euros para un sillón de la marca Frau; 2.200 euros en productos de Prada, y 1.400 en Tod’s u 8.000 en Chanel. “Tal vez el bolso era para la esposa de un amigo nigeriano que podía hablar con el presidente de Burkina Faso”, se defendió ella. En el diario Domani, Marogna aseguró también que parte de ese dinero eran sus honorarios y que los gastó como quiso: “Yo no soy una misionera, no trabajo gratis”.
El caso Becciu amenaza con arrastrar ahora otros de los actores principales del Vaticano en los últimos años. De hecho, el periódico La Stampa informaba este fin de semana que los pagos a Marogna comenzaron bajo el mandato del sustituto de Becciu en la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña-Parra. El entorno de Becciu insiste en que siempre actuó dentro de la legalidad y, especialmente, con el conocimiento de sus superiores. Algo que dada el elevado rango en la cadena de mando que tenía, dejaría espacio a pocas personas.
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