El papa Francisco lo ha dicho hasta la saciedad. Pero este lunes, en la tradicional reunión y discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, el Pontífice volvió a pedir a los miembros de la Iglesia que se tomen en serio los “crímenes” de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. “Debe haber una firme voluntad de esclarecimiento, examinando los casos individuales para determinar las responsabilidades” y “hacer justicia”. Las palabras de Francisco contrastan con el enrocamiento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante la investigación que debería llevar a cabo —así lo exige la ley promulgada por el Pontífice— de los 251 casos de abusos entregados por EL PAÍS a la institución española y al propio Francisco. Tras hacer público el informe el pasado 19 de diciembre, la CEE se desentendió de la investigación y aseguró que debía llevarla el Vaticano.
El dosier de 385 páginas entregado al Vaticano hace referencia a abusos que, sumados a los casos conocidos previamente, afectan ya al menos a más de 1.200 víctimas. El caso más antiguo del informe data de 1943, y el más reciente, de 2018. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados, que se han incluido porque han surgido nuevas denuncias contra esos clérigos. La Santa Sede, a través de un breve comunicado, mostró la “cercanía” y “atención” del Pontífice con todas las víctimas el mismo día que se publicó la información. La respuesta de la CEE fue de un largo silencio, primero, y de un ataque a este periódico, después, achacando falta de rigor a la investigación y escudándose en el fallecimiento de muchos de los abusadores para no proceder a la investigación, como es su obligación. Ha pasado ya un mes de la entrega del informe al presidente de la CEE, Juan José Omella, y solo cinco de las 31 diócesis afectadas por estos casos se han dirigido a EL PAÍS para pedir ponerse en contacto con los denunciantes. La mayoría de las órdenes religiosas, por el contrario, han abierto ya investigaciones.
Una vez conocido el dosier de EL PAÍS, el papa Francisco y el arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, Juan José Omella, mantuvieron una conversación. El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la CEE. Roma esperará resultados, que según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses. Por eso ha causado sorpresa la posición de la Iglesia española.
La documentación fue también entregada a Omella, que actuó conforme a las normas: lo entregó de inmediato al tribunal eclesiástico de su diócesis. Su postura, más aperturista y a favor de la transparencia en la investigación de estos casos, choca con la de un sector de la Iglesia española que considera que todo responde a una campaña de desprestigio. Su posición, sin embargo, no ha logrado imponerse por el momento. La CEE es un órgano colegial y su presidente no tiene un poder ejecutivo real. El arzobispo de Barcelona está en minoría en los órganos de gobierno y, entre los 70 obispos españoles, es mayoritaria la corriente opuesta a la investigación.
El Papa insistió en su discurso ante el cuerpo diplomático en la cuestión y señaló directamente al ámbito educativo, donde se han producido durante décadas los abusos. “La Iglesia católica siempre ha reconocido y valorado el papel de la educación en el crecimiento espiritual, moral y social de las jóvenes generaciones. Por ello, me resulta aún más doloroso constatar que en diversos ámbitos educativos —parroquias y colegios— se han producido abusos a menores, con graves consecuencias psicológicas y espirituales para las personas que los han sufrido”, dijo Francisco. Y añadió a los embajadores: “Son crímenes sobre los que debe haber una firme voluntad de esclarecimiento, examinando los casos individuales para determinar las responsabilidades, hacer justicia a las víctimas y evitar que semejantes atrocidades se repitan en el futuro”. “A pesar de la gravedad de estos actos, ninguna sociedad puede renunciar a su responsabilidad de educar”, añadió.
Las palabras del Papa coinciden también con las visitas ad Limina Apostolorum (”en el umbral de los apóstoles”) que los obispos de cada país hacen cada cinco años al Pontífice para rendir cuentas. Esta semana se encuentran en Roma los prelados de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia, pertenecientes al segundo grupo de estos encuentros. Pero durante todo el mes lo harán también el resto de obispos de las diócesis españolas.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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