El Parlamento de Andalucía, con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, y la sorpresiva abstención del PSOE, ha aprobado este miércoles iniciar la tramitación de una ley que legaliza 1.605 hectáreas de invernaderos de frutos rojos situadas en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) y cuyos propietarios sustraen el agua del enorme y sobreexplotado acuífero de 2.409 kilómetros cuadrados que da vida a la reserva natural.
Ni la amenazadora carta enviada por la Comisión Europea a España en la que avisa de multas millonarias; ni la advertencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de que no autorizará ni una gota de agua porque no hay; ni la exigencia de la Unesco al Gobierno de España para que cierre pozos clandestinos y dé información de este plan; ni la carta de la ministra de Transición Ecológica enviada este martes al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, para que “desista” de una iniciativa “perjudicial” a un parque declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994 han logrado parar el primer paso para clasificar a esas hectáreas como agrícolas regables. Tampoco ha hecho mella la oposición de todas las organizaciones ecologistas.
El Parlamento andaluz ha dado luz verde a dos proposiciones de ley idénticas para legalizar los campos de fresas: una firmada por PP y Ciudadanos; y otra, por PP y Vox. La duplicidad no tiene nada que ver con el contenido, sino con el escozor que le provoca a Ciudadanos ver su firma junto a la del partido ultra a meses de las elecciones autonómicas, pese a que ha pactado con él tres presupuestos, numerosas leyes y decretos.
Pero que hayan salido adelante no quiere decir que vayan a ser aprobadas, pese a que los grupos proponentes han pedido que se tramiten por la vía de urgencia, lo que acorta todos los plazos a la mitad. Según fuentes parlamentarias, si se actuara con el cronómetro en mano, la propuesta podría ser ley en el primer mes de abril, pero ya el presidente de la Junta calculó el pasado lunes que el debate se alargará durante un año, un plazo que excede de la legislatura, por lo que la iniciativa habrá decaído.
El vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, se ha mostrado este miércoles contrario a la vía de urgencia, lo que revelaba que desconocía que su grupo, que él preside, había registrado esa clasificación. Marín ha afirmado que no cree que la ley salga aprobada en el último periodo de sesiones de la legislatura (de febrero al mes de junio) porque no habrá tiempo y que la iniciativa persigue “abrir un debate necesario ante un problema”. La misma idea ha trasmitido el Partido Popular. “Hay un problema que viene desde décadas atrás de indefinición de derechos en la zona. Queremos soluciones a un problema, no crearlo”, ha asegurado el portavoz del PP, José Antonio Nieto, quien se ha mostrado dispuesto a no meter el turbo en la tramitación parlamentaria. “Si fuese necesario ir más lento, no tenemos inconveniente”, ha dicho ante del debate.
El diputado del PP Manuel Andrés González ha negado que la iniciativa suponga una “amnistía” de los riegos ilegales y que “no da derecho a agua, solo a tener posibilidad de tenerla”. La propuesta legislativa asegura que la calificación de esas 1.605 hectáreas como agrícolas regables “estará condicionada en todo momento a la obtención de los correspondientes derechos de agua, que depende de la existencia de recursos disponibles”. Los proponentes defienden la captación de agua superficial a través de un trasvase de la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. Y para eso hace falta construir un embalse y un túnel, que no existen, para llevar el agua a los invernaderos.
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“No se puede hablar de suelo sin hablar de agua y el problema es que no hay agua”, ha dicho la portavoz de Unidas Podemos, Inma Nieto. Esta diputada ha advertido de la “fractura social” que este debate está generando entre los agricultores con y sin permiso de agua de la comarca, y también de los efectos económicos que puede acarrear esta propuesta en la exportación de frutos rojos a Europa por dudas sobre su trazabilidad. “No arenguemos a las personas por unos votos más”, ha apelado. “Hay ideología en esto y no va a poder hacerse, les están engañando”, ha dicho Nieto dirigiéndose a los agricultores que han seguido el debate desde la tribuna invitados por el PP.
Los diputados socialistas no han sabido qué tenían que votar hasta prácticamente el mismo momento de la votación, lo que ha generado gran desconcierto. Antes se había producido un intenso debate en el grupo parlamentario en el que varios diputados defendieron votar en contra de la propuesta, mientras que la dirección del grupo, que debía dar la orden, guardó silencio ante sus diputados.
Para el PSOE de Andalucía la situación de los regadíos en Doñana es un gran engorro porque en privado admiten que la ordenación de 2014 del Gobierno andaluz presidido por el PSOE dejó fuera a algunos agricultores que, en su opinión, sí tenían derecho al uso del agua. Días atrás los socialistas aprobaron en la Diputación de Huelva, donde tienen mayoría, una moción en la que defienden dar “cobertura a las superficies no incluidas en producción en 2014 y que, sin haber cometido ilegalidad, puedan incorporarse” al plan de regadíos del Condado de Huelva y que afecta a cinco municipios (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado).
El portavoz socialista Mario Jiménez ha calificado de “engaño masivo” la propuesta legislativa de la que culpó al presidente Juan Manuel Moreno por puro tacticismo electoral y se ha mostrado convencido de que la propuesta no saldrá en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía porque antes se convocarán elecciones. Los socialistas han apoyado la revisión del plan, pero “desde el diálogo y el respeto a la ley” y desoyendo el mensaje contrario a la iniciativa de la Comisión Europea, del Gobierno de España, de organismos internacionales y de los ecologistas. Fuentes socialistas han asegurado que sí han hablado con la dirección federal del partido.
La penetración de Vox en municipios y comarcas con fuerte implantación socialista también ha influido en su decisión de no oponerse. El voto negativo del PSOE, en cualquier caso, no habría impedido la aprobación, ya que PP, Cs y Vox tienen mayoría absoluta. Al término del debate, los portavoces socialistas se han hecho una foto de familia con los agricultores y con diputados de PP, Cs y Vox que defienden la ampliación de regadíos.
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