Boris Johnson va a regresar a Londres, después de un breve descanso por Semana Santa en la residencia campestre de Chequers, para comprobar que, como en el cuento de Monterroso, el dinosaurio del partygate no ha desaparecido. El martes, cuando el Parlamento británico reanude sus sesiones ―este lunes es festivo en todo el Reino Unido―, el primer ministro acudirá a Westminster para intentar convencer a diputados y ciudadanos de que está arrepentido de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento; volverá a pedir disculpas; insistirá en que nunca fue consciente de estar incumpliendo la ley y, finalmente, pedirá a unos y otros que estén a la altura de las circunstancias y se concentren en la gran crisis internacional que ha supuesto la invasión rusa de Ucrania.
Johnson ha recuperado su anhelado perfil de estadista con una actuación internacional que ha sido reconocida en toda su valía por la oposición laborista y los medios más críticos. Pero la decisión de la Policía Metropolitana, la semana pasada, de imponer finalmente una multa tanto al primer ministro como a su ministro de Economia, Rishi Sunak, por atender uno de los eventos ilegales, ha vuelto a situar sobre la mesa el debate no resuelto de aquel escándalo: si Johnson, al contrario de lo que negó sin cesar, mintió al Parlamento y se saltó las leyes que él mismo había impuesto a la ciudadanía.
Laboristas, nacionalistas escoceses y liberal-demócratas se han puesto de acuerdo para exigir esta semana explicaciones al primer ministro y obligar a los conservadores a retratarse. Han convencido al speaker (presidente) de la Cámara, Lindsay Hole, para que el miércoles, con toda probabilidad, se vote una moción que acuse a Johnson de haber actuado en desacato al Parlamento (es decir, faltando al respeto a la institución), o se derive incluso el asunto a la Comisión de Ética, que podría acabar decidiendo la suspensión de Johnson como parlamentario.
El Código Ministerial
En agosto de 2019, cuando tomó posesión del cargo, el primer ministro británico puso su firma en el llamado Ministerial Code (Código Ministerial), el texto que define las normas éticas exigibles a los miembros del Gobierno. “Es de extrema importancia que los ministros [y eso incluye al primer ministro] den información verdadera y precisa al Parlamento, y que corrijan cualquier error inadvertido a la mayor brevedad posible. Se espera de aquellos ministros que mientan deliberadamente al Parlamento que presenten su dimisión”, dice el primer apartado del Código.
Según la oposición, las multas impuestas a Johnson y Sunak son la clara demostración de que han faltado a la verdad en sus comparecencias ante la Cámara. “Por primera vez en la historia de nuestro país, un primer ministro ha quebrantado la ley. Y lo hizo mientras los ciudadanos británicos estaban realizando sacrificios inimaginables, y mintió sobre ello de modo reiterado”, ha asegurado el líder de la oposición laborista, Keir Starmer. “No es digno del puesto, y cuanto más tiempo permanezca en Downing Street, más denigrará el cargo de primer ministro”, ha dicho Starmer.
Sin embargo, ni el incumplimiento del Código Ministerial ―que no tiene vigor legal ni un claro ejecutor que lo aplique, sino que se trata más bien de una norma convencionalmente aceptada― implica la necesaria dimisión de Johnson y Sunak, ni estos parecen dispuestos a admitir culpa alguna. En el momento en que todo sucedió, insisten en defender Johnson y su equipo, no sabía que estaba haciendo algo prohibido, con lo que falta la intencionalidad, y no puede por tanto ser acusado de mentir. “Por supuesto que volverá a pedir disculpas, y hará hincapié en que entiende la intensidad del sentimiento de la ciudadanía sobre todo este asunto”, ha asegurado un portavoz de Downing Street, “pero también insistirá en que necesitamos centrarnos en las verdaderas prioridades del país [Ucrania, y el incremento del coste de la vida]”.
Johnson reunirá este lunes por la tarde, a pesar de ser festivo, a su grupo parlamentario para dar las primeras explicaciones, después de la multa de la Policía, y pedir que le respalden en las urgencias políticas que todos tienen por delante: el próximo 5 de mayo se celebrarán elecciones locales en todo el país, y los conservadores podrían recibir un serio varapalo por culpa del partygate. Esa es también la razón por la que los partidos de la oposición no rebajan la presión. Saben que es prácticamente imposible que los diputados tories (conservadores) voten contra Johnson, pero cualquier respaldo en la Cámara para taparle sus vergüenzas será utilizado contra ellos durante la campaña electoral.
Johnson, el instigador
En noviembre de 2020, Lee Cain, quien fuera director de comunicación del primer ministro, decidió abandonar su puesto. Junto al asesor estrella e ideólogo del Brexit, Dominic Cummings, Cain era uno de los hombres a los que Carrie Symonds, entonces aún novia de Johnson, había enfilado y declarado la guerra. En medio de un severo confinamiento, según ha narrado The Sunday Times, la despedida del responsable de comunicación no se convirtió en un fiesta propiamente dicha hasta que apareció el primer ministro: “Dijo que quería decir unas palabras en honor a Lee, y comenzó a llenar las copas de los presentes y a beber él mismo”, ha contado al periódico uno de los testigos presentes. Fue Johnson, según las declaraciones recabadas, quien animó al personal a sumarse, en un momento en que las reuniones en interior estaban estrictamente limitadas.
La Policía Metropolitana investiga también este evento, y las multas para los instigadores directos de ese tipo de reuniones pueden superar los 12.000 euros. Cuando, en su momento, un diputado preguntó al primer ministro si había habido una fiesta en Downing Street el 13 de noviembre de 2020, la respuesta fue tajante: “No, y estoy seguro de que, ocurriera lo que hubiera ocurrido, se respetaron en todo momento las normas vigentes”, dijo Johnson.
El próximo 5 de mayo se pondrán en juego hasta 5.000 puestos municipales. Dos recientes encuestas, realizadas a principios de abril por las empresas demoscópicas Electoral Calculus y FindOutNow, coinciden en señalar que los conservadores podrían perder en esos comicios más de 800 representantes que pasarían a manos laboristas. Extrapolados esos resultados a unas elecciones generales, el partido liderado por Starmer podría hacerse con una mayoría en el Parlamento de Westminster. Los diputados conservadores, dispuestos esta semana a salvar la piel de Johnson, se replantearán su posición después de comprobar el daño electoral efectivo provocado por el escándalo de las fiestas.
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