La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, continúa con sus medidas controvertidas. La última está relacionada con la despenalización del aborto en el país centroamericano, uno de los cinco del mundo donde está totalmente prohibido. Los legisladores acordaron archivar una propuesta de reforma al Código Penal presentada por colectivos feministas en 2016, que proponía la despenalización cuando la vida de la mujer está en riesgo, por violación o cuando se registren malformaciones del feto “que hagan inviable la vida fuera del útero”. La decisión del Parlamento es un duro golpe para los derechos de las mujeres en uno de los países más violentos de Latinoamérica y donde entre 2000 y 2014 al menos 49 mujeres han sido condenadas por delitos relacionados con la penalización del aborto y las autoridades han denunciado a otras 250 mujeres por abortar.
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“En el país se criminaliza a las mujeres injustamente, se les persigue y estigmatiza. Se imponen embarazos a niñas. Esta es la realidad concreta que tenemos las salvadoreñas. Sin embargo, la nueva Asamblea Legislativa ha cometido un nuevo retroceso, enviar al archivo la propuesta para despenalizar el aborto. Esto es lamentable, porque no puede ser que esta Asamblea haga acciones que van en detrimento de nuestros derechos humanos”, ha denunciado en un vídeo colgado en Twitter la activista Sara García Gross. La feminista ha dicho que la decisión fue tomada por los parlamentarios sin dialogar con las agrupaciones que introdujeron la iniciativa en 2016. “Ni siquiera escucharon a las mujeres que hemos acuerpado estos proceso”, ha lamentado. “Exigimos que nos expliquen los motivos por los que están archivando una propuesta que tiene que ver con la dignidad de las mujeres salvadoreñas”, ha agregado García Gross. La decisión del legislativo ya ha generado reacciones a nivel internacional. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha dicho en Twitter que la prohibición total del aborto “es una grave violación de derechos humanos y una vergüenza internacional para El Salvador”.
La feminista salvadoreña Morena Herrera ha catalogado como “un error” la decisión de los legisladores de su país y ha dicho que las mujeres se movilizarán para exigir a la Asamblea que tome en cuenta sus derechos y aprueben una legislación a favor del aborto. “En El Salvador sigue siendo urgente la modificación de la legislación penal sobre aborto porque hay evidencia de niñas de 10 años embarazadas, que deberían tener posibilidad de interrumpir su embarazo. También siguen muriendo mujeres, lo que refleja que el personal médico tiene inseguridad jurídica para proceder y salvar la vida de ellas”, ha explicado Herrera en comunicación telefónica con EL PAÍS desde San Salvador. En la nación centroamericana el personal sanitario se ve obligado a avisar a las autoridades cuando una mujer sufre un aborto, por el temor de ser inculpados debido a las estrictas leyes del país. “Vamos a exigir [a los legisladores] que corrijan el error y aprueben la despenalización, porque es un problema de salud de las mujeres”, ha afirmado Herrera.
El Salvador es uno de los países en la mira de organizaciones internacionales por sus duras leyes contra las mujeres que abortan. Un grupo de expertos de Naciones Unidas pidió el año pasado al Gobierno del polémico presidente Bukele que pusiera en libertad a tres mujeres que fueron encarceladas por sufrir durante el embarazo emergencias obstétricas que concluyeron en abortos involuntarios. El organismo las consideraba como “detenciones arbitrarias” y reclamaba a las autoridades salvadoreñas que las indemnizara por los daños ocasionados y que ordenara una investigación exhaustiva e independiente de las detenciones para castigar a los responsables. Uno de esos casos es el de Evelyn Hernández, quien en 2016 fue detenida tras sufrir un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. El bebé murió. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. La sentenciaron a 30 años de cárcel por homicidio agravado, pero fue absuelta el año pasado tras varios años de presiones internacionales.
Además de archivar la propuesta para despenalizar el aborto, la nueva Asamblea ha paralizado al menos 30 iniciativas por considerarlas “obsoletas”, entre ellas una ley de protección a periodistas, otra que propone la protección a defensores de derechos humanos y las propuestas conocidas como Ley de Identidad de Género y Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación, una iniciativa presentada en 2018 que pretendía reducir los niveles de discriminación que sufren las personas de la comunidad LGBTI en El Salvador. “Las razones por las que se decidió archivar estas dos propuestas son simplemente absurdas. No tienen tinte partidario ni son obsoletas y responden a la urgencia de nuestra realidad. Estas iniciativas representan el arduo trabajo de organizaciones trans que buscamos apoyo para que pudieran ingresar a la Asamblea como anteproyectos de ley, es un trabajo que nos ha llevado años poder concretar”, escribió la activista Bianka Rodríguez en un artículo publicado en el diario digital El Faro. “Con estas acciones el Estado salvadoreño incrementa las brechas de la desigualdad e inequidad entre las personas y, con la constitución de un nuevo oficialismo, las poblaciones que estamos en desventaja quedamos más a la expensa de sufrir violencia y discriminación, y sin un Estado que nos proteja”, aseguró.
La decisión de la nueva Asamblea se da unas semanas después de que aprobara en su primera sesión la destitución de los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una decisión que ha generado un repudio internacional y que ha enfrentado abiertamente a Bukele con Washington, que ha advertido el joven presidente salvadoreño sobre las consecuencias que podrá tener en la relación bilateral su deriva autoritaria.
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