Los desenlaces de las cumbres europeas siempre están sujetos a valoraciones dispares y hasta totalmente contradictorias. También la de este jueves y viernes, en la que se ha desbloqueado el mayor acuerdo presupuestario en siete décadas de Unión Europea. Pero todo indica, a falta del VAR de la historia, que el resultado fue un abrumador 25-2 en contra de Hungría y Polonia y a favor de los socios partidarios de un mayor control de los fondos europeos y del respeto al Estado de derecho. O, como mínimo, un 24,5-2,5 si se toma en cuenta el penoso papel del primer ministro esloveno, Janez Jansa, que jugó medio partido en cada campo.
La mayor consecuencia de la cumbre es la puesta en marcha de un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia en Europa. Por primera vez en la historia de la Unión, ese fondo se financiará con un endeudamiento colectivo para subsidios a todos los países del club. Frente a esa conquista, casi todas las demás pegas, objeciones o apostillas palidecen.
Aun así, los habituales arcanos de la letra pequeña comunitaria se prestan a que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cante victoria y a que algunos análisis acusen a la presidencia alemana de la UE y al resto de socios de haber sacrificado la defensa del Estado de derecho para aprobar cuanto antes los presupuestos de la Unión.
El resultado de la cumbre, sin embargo, está muy lejos de la épica interrupta que disfrutará Orbán durante unas horas y mucho más cerca del pragmatismo a largo plazo del que suele hacer gala Bruselas. Por lo pronto, el reglamento sobre condicionalidad de las ayudas europeas en base al respeto del Estado de derecho que Orbán, con la ayuda a regañadientes de Polonia, intentaba abortar, entrará en vigor sin modificar ni una sola coma. “A partir del 1 de enero empezaremos a aplicarlo”, ha subrayado este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al término de una cumbre maratón de 22 horas consecutivas de negociación.
Orbán y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, han logrado, eso sí, una declaración del Consejo Europeo en la que se promete una aplicación del reglamento en base al imperio de la ley. Es decir, justamente lo que pretende garantizar en toda la UE el reglamento tan temido por Orbán y, en menor medida, por Morawiecki.
El pacto también hace una concesión peligrosa desde el punto de vista institucional, al paralizar la aplicación ejecutiva del reglamento hasta que el Tribunal de la UE se pronuncie si algún Estado miembro impugna la nueva norma. Se da por descontado que Hungría y Polonia recurrirán y, por tanto, durante unos meses, entre 12 y 24, la Comisión no podría suspender los fondos a ningún país. Tanto Hungría como Polonia han demostrado ya, además, su habilidad para bordear las normas europeas y cometer tropelías contra el Estado de derecho difíicilmente corregibles desde Bruselas. Las sentencias europeas condenatorias a veces han frenado en seco ciertos cambios considerados ilegales por la UE, como la reforma judicial en Polonia. Pero otras han llegado tarde como la que condenó a Hungría por la expulsión de la Univesidad de Europa central, fundada por el multimillonario George Soros, una de las bestias negras de Orbán.
Von der Leyen ha precisado, en todo caso, que, una vez conocida la jurisprudencia del Tribunal, “todos los casos de violación del Estado de derecho descubiertos desde el próximo 1 de enero se investigarán, no se perderá ni un solo caso”.
Un precedente peligroso
Se trata, sin duda, de un peligroso precedente, que establece, como apunta una fuente europea, una especie de recurso previo de inconstitucionalidad. Es decir, la suspensión de una norma aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo hasta que los jueces comunitarios se pronuncien. El mal se antoja inevitable dada la prisa por poner en marcha los planes de recuperación. Pero las posibilidades de éxito de los posibles recursos resultan ínfimas a la vista de las continuas derrotas de Polonia y Hungría en sus apelaciones al Tribunal europeo en materia de supuestas actuaciones arbitrarias de Bruselas en contra de ambos países.
Sin duda, hubiera sido preferible no abrir esa vía. Pero la brecha entre el riesgo de un posible recurso paralizador durante unos meses y la dimensión del salto en la integración fiscal que supone el fondo de recuperación habrá pesado en el ánimo de la Comisión Europea al aceptar sin rechistar el pacto alemán con Budapest y Varsovia.
El resultado se antojaba tan favorable al lado europeo que fue aceptado durante la cumbre en cuestión de minutos por todos los socios, incluidos los que suelen arrogarse el papel de más escrupulosos con el respeto al Estado de derecho como Países Bajos, Suecia o Dinamarca. Cuando la pataleta política y judicial de Orbán sea historia, lo que quedará para siempre será la condicionalidad de los fondos vinculada al respeto del Estado de derecho. Un primer paso para evitar que las derivas antidemocráticas en cualquier país sean financiadas por el contribuyente europeo.
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