Es “un acto de dignidad colectiva”. Así califican los tres partidos con representación en el Parlamento gallego —PP, BNG y PSdeG-PSOE— la insólita declaración institucional que han aprobado este martes contra la utilización de la expresión “Galicia profunda” por parte de una jueza de Marbella en un auto. El texto, leído en el pleno por el presidente de la Cámara, el popular Miguel Santalices, rechaza el “inadmisible” argumento judicial empleado por la magistrada, junto a otras razones, para retirarle la custodia de su hijo a una mujer residente en una aldea del municipio gallego de Muros: “Este calificativo implica una valoración peyorativa e injustificadamente negativa del país, que resulta inadmisible en cualquier contexto, más aún en una resolución judicial”.
La jueza María Belén Ureña Carazo esgrime en el polémico auto que Marbella, donde reside el padre del pequeño, “ofrece múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz” frente a la “pequeñísima población en la Galicia profunda” donde vive la madre que está “lejos de todo”. La declaración institucional del Parlamento gallego replica que “afirmaciones de esta índole muestran un profundo desconocimiento de la realidad de Galicia y del pueblo gallego y evidencian enormes prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con este país, en el que concurren todas las condiciones para un pleno e integral desarrollo de las personas”.
El argumento judicial utilizado por Ureña y la expresión “la Galicia profunda” han provocado una ola de rechazo en Galicia a la que se han subido sindicatos, partidos políticos y colectivos feministas. También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado a la jueza la redacción de su auto con un tuit en el que muestra una foto de su infancia con su abuela Eladia en la aldea de Os Peares (Ourense), de la que es originario: “Algunas expresiones no son las más afortunadas. Yo fui un niño de la Galicia profunda y ¡ni tan mal!”.
La abogada de la madre a la que se le ha retirado la custodia de su hijo ha presentado una queja ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por utilizar una expresión “insultante, arcaica e injusta, y tan impertinente como impropia de quien se supone debe impartir justicia en nombre del Estado”. Frente a lo afirmado por la jueza en su auto, la declaración institucional del Parlamento gallego responde que “cualquier aldea, pueblo o ciudad gallega es apta para el desarrollo de un niño o niña”.
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