La nueva dirección del Partido Laborista ha suspendido este jueves de militancia a su anterior líder, Jeremy Corbyn, por su tibia respuesta ante las conclusiones de un demoledor informe sobre el antisemitismo en el seno de la formación británica. Keir Starmer, el abogado que sustituyó al veterano político de izquierdas después del fracaso electoral del pasado diciembre, está empeñado en trazar con firmeza una línea roja con el pasado reciente, y se enfrenta a la posible revuelta de los restos aún potentes del corbynismo. La organización Momentum, la corriente de base del laborismo que aupó a Corbyn al frente de la formación, ha calificado su suspensión de “ataque descomunal a la izquierda” y ha definido al exlíder del partido como “alguien que ha dedicado toda su vida a combatir el racismo”.
La Comisión para la Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, en sus siglas en inglés), un organismo supervisor independiente del Reino Unido, ha publicado finalmente sus conclusiones sobre los casos de antisemitismo en el seno del Partido Laborista denunciados en los últimos años. “Nuestra investigación ha descubierto un serio fracaso de liderazgo y un procedimiento inadecuado a la hora de responder a las quejas de antisemitismo en el Partido Laborista (…) Y hemos concluido que se produjeron actos ilegales de acoso y discriminación de los que la formación es responsable”, ha afirmado la EHRC.
La reacción de la dirección actual ha sido fulminante: “A la luz de sus comentarios, y de no haberse retractado de ellos, el Partido Laborista ha suspendido a Jeremy Corbyn mientras se abre una investigación interna. También se le han retirado sus poderes en el grupo parlamentario”, aseguraba un comunicado.
Los dos problemas más graves que enturbiaron los recientes años del laborismo, bajo el liderazgo de Corbyn, fueron el agrio debate del Brexit y la supuesta cultura antisemita tolerada por la dirección del partido. El primero ha quedado atrás por la simple fuerza de los hechos. El Reino Unido abandonó —solo formalmente— la UE el pasado 31 de enero. El segundo necesitaba un reconocimiento expreso de lo sucedido y comenzar a restañar heridas y tender puentes. “Me ha resultado duro leer este informe. Y hoy es un día de vergüenza para el Partido Laborista. Hemos fallado al pueblo judío, a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes y a la ciudadanía británica”, ha afirmado el nuevo líder del partido, Keir Starmer, en una comparecencia pública convocada para exponer su respuesta a las conclusiones de la EHRC. “En nombre del Partido Laborista, lamento profundamente todo el daño y tristeza causados”.
Mientras Starmer realizaba este acto de contrición en toda regla, Corbyn había utilizado su página personal de Facebook para intentar rebajar el veredicto de la comisión independiente. “Aunque en el partido haya solo un militante antisemita, ya sería demasiado. Pero la escala de todo este problema fue exagerada de un modo dramático por nuestros oponentes -dentro y fuera del partido, y en los medios de comunicación- por motivos políticos”, afirmaba.
El informe denuncia, sobre todo, las trabas e injerencias desplegadas durante los últimos cuatro años por la dirección del partido a la hora de investigar quejas concretas. En muchos casos, denuncia, se quedaron olvidadas en un cajón. Pero respecto a los “casos de ilegalidad” concretos, son dos exclusivamente en los que se centra la EHRC. En el primero de ellos, se centra en Ken Livingstone, el exalcalde de Londres e histórico de la corriente más izquierdista del partido. En abril de 2016, Livingstone intentó justificar los comentarios en Facebook de la diputada laborista Naz Shah, de ascendencia paquistaní. Había publicado un mapa de Israel superpuesto sobre el de Estados Unidos, para sugerir la relocalización de ese país. “Solución al conflicto palestino-israelí. Trasladar a Israel a Estados Unidos. Problema resuelto”. Shah fue suspendida de militancia, y acabó pidiendo disculpas en la BBC. Pero ella no formaba parte de la dirección del partido. Al contrario que Livingstone, que era entonces miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Laborismo. “Intentó minimizar la naturaleza ofensiva de esos comentarios al asegurar que eran una simple crítica a la política de Israel en un momento de conflicto con los palestinos, y que el escrutinio de la conducta de Naz Shah era parte de una campaña de difamación del lobby israelí para señalar como antisemitas a los críticos de Israel”, señala el informe de la ERCH, e indica a continuación que las palabras de Livingstone, y la inacción ante ellas del equipo de Corbyn, “causaron conmoción y rabia entre los miembros del Jewish Labour Party [la organización judía laborista]”.
En el segundo caso, el informe apunta a las constantes referencias de la concejal laborista de Rossendale, Pam Bromley, hacia los Rothschild, la poderosa saga de banqueros objeto de la ira de los grupos antisemitas. “Representan el capitalismo y la gran empresa, y hasta los nazis usaron sus actividades en su propaganda antisemita”, aseguró Bromley, que animaba además desde su página en Facebook a que Corbyn plantara cara a las acusaciones de antisemitismo. Como cargo público del partido, la EHRC responsabiliza directamente a la cúpula de la formación de las acciones de Bromley, que acabó siendo expulsada de la organización.
Las principales asociaciones judías en el Reino Unido habían respondido al informe de la EHRC con un comunicado conjunto en el que aseguraban que sus conclusiones eran “un veredicto de condena respecto a lo que Corbyn y sus aliados hicieron con los judíos”. Luciane Berger, la diputada que acabó abandonando el partido y pasó a las filas de los liberales demócratas después de denunciar la falta de apoyo de la anterior dirección ante el acoso que sufría, había exigido de inmediato este jueves que se abriera una investigación sobre el liderazgo de Corbyn.
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