La respuesta que el presidente Barack Obama dio en 2008 a la Gran Recesión fue un programa de ayudas valorado en 800.000 millones de dólares (unos 615.000 millones de euros, al cambio de entonces). El Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden, consistente en 1,9 billones de dólares, pretende reparar los estragos de la pandemia, ya en la rampa de salida, pero también transformar el país. Salvavidas para los damnificados del tsunami sanitario, es igualmente un banderín de enganche que huele a historia para los demócratas.
A diferencia de la respuesta coyuntural de Obama para remediar el batacazo financiero, el plan de reformas de la Administración de Biden se fija objetivos estructurales tan ambiciosos como sacar de la pobreza a millones de estadounidenses, reduciendo a la mitad la que afecta a uno de cada seis niños, y ampliar la cobertura sanitaria de Obama, el conocido como Obamacare, que sobrevivió en estado vegetativo durante el mandato de Donald Trump.
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Recuperación y transformación se conjugan al unísono con melodía de justicia social, en un programa sin precedentes que los demócratas consideran uno de los logros políticos más reseñables de la historia reciente. Por su aliento, recuerda la iniciativa de la Gran Sociedad del también demócrata Lyndon B. Johnson en los sesenta, una guerra contra la pobreza a la que se deben los dos programas de salud públicos, el Medicaid, para personas sin recursos, y el Medicare, para mayores. Al igual que Johnson se apoyó en algunas iniciativas estancadas de John F. Kennedy para coger impulso, Biden apuntala ahora políticas de desigual recorrido de Obama.
El núcleo del plan de rescate es una inversión federal mayúscula, ese gasto público que tanto asusta a los republicanos, para sacar adelante a las familias de ingresos bajos y medios, aliviando su presión fiscal y dándoles dinero en efectivo para pagar el alquiler o evitar un desahucio, además de llevar comida a casa. El 70% de los estadounidenses aprueba la ley, según una encuesta del Pew Research Center publicada esta semana: casi todos los demócratas y más de dos de cada cinco republicanos (el 41%).
Sobre el plan de choque contra la pandemia, una batería de medidas para remontar la devastación de un año atroz (cheques, cartillas de alimentos subvencionados, fondos para la vacunación y para las distintas administraciones, etcétera), se eleva la visión a medio y largo plazo de Biden, con dos objetivos clave: el refuerzo de la cobertura sanitaria y el combate a la pobreza infantil, que afecta a casi diez millones de menores en el país.
Una partida de 34.000 millones reforzará temporalmente las disposiciones del Obamacare (Affordable Care Act, o Ley de Cuidado Asequible), incluidos aumentos significativos de los subsidios para los estadounidenses de clase media que contratan seguros privados. En la práctica, supone la reducción a la mitad de las primas para los ciudadanos de mediana edad y clase media. La mejora tendrá una duración de dos años, y se reevaluará en 2022, con previsible tormenta política al coincidir con las elecciones de medio mandato.
Desigualdad social
Pero es el capítulo de la lucha contra la pobreza infantil el ejemplo más vergonzante de la desigualdad socioeconómica que tanto define el país, el más transformador. El plan de rescate eleva la desgravación anual por hijo de seis a 17 años a 3.000 dólares -mil más que ahora- y a 3.600 para los menores de seis años. La medida se amplía a los hogares con menos ingresos, hasta ahora privados de bonificación al no tributar, o hacerlo mínimamente. Según cálculos del Instituto de Política Fiscal, las familias de clase media, las que ganan entre 51.000 y 91.000 dólares al año, verán incrementados sus ingresos netos en un 5,5% por la suma de mejoras. La nueva ley, que Biden tiene previsto firmar este jueves, también refuerza los créditos fiscales para subsidiar el cuidado y la atención de los hijos.
“EE UU destaca entre las naciones ricas por tener una alta tasa de pobreza infantil; reducirla generaría beneficios a largo plazo para los niños, las familias y la sociedad en su conjunto. Invertir en ello produce beneficios a futuro, con un retorno de 8 dólares por cada uno invertido, gracias a las mejoras en salud y educación a largo plazo, y a la menor intervención de instituciones sociales o judiciales”, explica Chris Wimer, del Centro sobre la Pobreza y la Política Social de la Universidad de Columbia. “Hasta ahora, un tercio de los menores quedaban fuera de los beneficios fiscales [desgravaciones], porque los ingresos familiares eran tan bajos que no podían siquiera solicitar la deducción; eso les ocurre sobremanera a muchas familias negras y latinas”.
Los subsidios por hijo son una de las medidas que los expertos consideran clave para torcer las ratios de pobreza. “Según nuestras estimaciones todo el paquete de reformas del Plan de Rescate Estadounidense reducirá la pobreza infantil a más de la mitad; de hecho, solo la ampliación de las deducciones por hijo disminuiría la pobreza en alrededor del 45%”, concluye Wimer. Un tajo del 50%: es el resultado que obtuvo Tony Blair cuando en 1999, con una tasa de pobreza infantil del 25% (el 14% en EE UU hoy), el laborista lanzó un ambicioso programa para paliar los ajustes del thatcherismo que en ocho meses hizo caer a la mitad la pobreza absoluta, y la relativa al 16%. “El subsidio por hijos tiene los mimbres de una revolución política”; “es el elemento más transformador de la nueva legislación”. No son exageraciones, solo valoraciones de algunos medios estadounidenses estos días, no en balde Biden habrá hecho por los menores algo parecido a lo que logró Roosevelt para los mayores al crear la Seguridad Social en los años treinta.
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