No habrá, por ahora, medidas de emergencia excepcionales para cubrir las vacantes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha descartado aplicar en los próximos meses las soluciones extraordinarias que se había planteado para evitar el colapso de esta sala, que ha sufrido en los últimos meses seis bajas que no pueden cubrirse debido al bloqueo en la renovación del CGPJ y a la reforma legal que impide al actual Consejo hacer nombramientos de cargos discrecionales. Fuentes del órgano señalan que las tres vías que se habían explorado (recuperar a magistrados jubilados, asignar en comisión de servicio a jueces de otros tribunales y trasladar temporalmente a magistrados de la Sala de lo Militar) se han descartado por dudas sobre su viabilidad o por la complejidad para ponerlas en marcha. Por ahora, se va a optar por cubrir los huecos con magistrados de la propia sala asignados a la Sección de Admisión. Si el problema se agrava, se reorganizará la sala moviendo a magistrados de las secciones menos saturadas.
En los últimos días, dos informes han aportado datos sobre las consecuencias del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. La imposibilidad de realizar nombramientos discrecionales ha dejado ya 48 vacantes en puestos que no pueden ser asignados por un Consejo con el mandato prorrogado (el actual expiró en diciembre de 2018). Once de las vacantes corresponden al Tribunal Supremo, el órgano más perjudicado porque cada magistrado que pierde el tribunal (por jubilación, fallecimiento o por una marcha voluntaria) deja un hueco que no puede ser cubierto. Y dentro del alto tribunal, la sala más afectada es la Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), encargada de resolver, entre otros, los recursos contra actos del Gobierno y del propio CGPJ. En esta sala se han producido ya seis bajas y aunque, todavía no lastran su funcionamiento, los magistrados de esta sala consultados dan por hecho que esto sí va a ocurrir en los próximos meses si no se alcanza un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
El funcionamiento de la Sala de lo Contencioso está organizado por secciones, en función de la materia de la que se trate (sanidad, economía, medio ambiente) o del organismo público implicado. Para deliberar un asunto hacen falta, al menos, cinco magistrados. Por ahora, las cuatro secciones de enjuiciamiento tienen jueces suficientes, pero algunas están ya con el número justo y con magistrados a punto de jubilarse. Es el caso de la sección segunda (encargada, por ejemplo, de los recursos sobre tributos) o de la quinta (que ve los recursos sobre urbanismo o medio ambiente, entre otros), cuyos presidentes, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, respectivamente, se jubilarán la próxima primavera. Si el CGPJ no se ha renovado para entonces, estas secciones no dispondrán ya de miembros suficientes para deliberar.
Fuentes del Consejo señalan que se encargaron estudios sobre dos posibles soluciones: recuperar magistrados jubilados o asignar en comisión de servicio a jueces de tribunales superiores de justicia o de audiencias provinciales. Pero ambas se han descartado por su complejidad y porque no convencían ni a los técnicos ni a los responsables del tribunal. Lo mismo ha ocurrido con la posibilidad de que magistrados de la Sala de lo Militar, que tienen menor carga de trabajo, completen los tribunales de la Sala de lo Contencioso. Magistrados de la Sala Tercera consultados señalan que esta vía implicaría “desnaturalizar” el Supremo y solo sería asumibles para una crisis excepcional.
Rechazadas a corto plazo estas medidas, dentro del tribunal se da ya por hecho que serán los magistrados de la Sección de Admisión los que completen los tribunales cuando sea necesario. Esta sección, responsable de decidir la admisión o inadmisión de los recursos de casación, está integrada por cuatro magistrados, uno por cada una de las secciones jurisdiccionales. Sus miembros van rotando cada seis meses y el que entra a formar parte de Admisión, abandona temporalmente su sección de origen. El plan, según fuentes del Consejo, es que, a partir de los próximos meses, los magistrados de la Sala de Admisión acudan a su sección de origen a deliberar y firmar las sentencias si no hay miembros suficientes. “No es algo excepcional, se hace ya cuando surge un imprevisto”, explica un magistrado de la sala. Si el bloqueo del Consejo persiste y surgen más vacantes, el presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, podría reorganizar las secciones y mover a magistrados de las que más tengan a las que menos.
En el Consejo se han valorado también otras medidas que no sirven para cubrir vacantes pero sí para desahogar a los magistrados de la Sala ante el incremento de su carga de trabajo. Una de las opciones que más consensos reúne es reforzar el equipo de letrados que conforman el gabinete técnico de la Sala para que puedan dar apoyo en todas las secciones.
No obstante, aunque por ahora se descartan medidas drásticas, tanto en el CGPJ como en el Supremo se asume que la situación tendrá que volverse a evaluar dentro de unos meses si no se atisba la renovación del Consejo. “En primavera, con las nuevas salidas, la situación se complica mucho y nos tendremos que sentar a hablar y estudiar opciones. No podemos enfrentarnos a uno o dos años más en esta situación”, señala un vocal. La Sala Tercera es la que más preocupa porque las vacantes pueden impedir su funcionamiento, pero las consecuencias derivadas del bloqueo del CGPG afectan ya a casi todas las salas. La Sala Cuarta (de lo Social) es porcentualmente la que más bajas soporta (tres plazas de 12, un 25%) y magistrados consultados aseguran estar “completamente saturados” porque tienen que asumir las ponencias de los que faltan.
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