El ex consejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, afirmó en Aristegui en Vivo que ‘el poder político del oficialismo logró doblar al ministro Alberto Pérez Dayán’, quien el día de ayer votó en contra del proyecto para invalidar la Reforma Judicial
Figueroa sustentó su afirmación no solo en cómo votó y cuál fue su criterio para hacerlo, sino por cómo después de la expresión del mismo hay una decisión de ni siquiera pronunciarse sobre el fondo de la discusión.
Según Figueroa, lo sucedido fue un reflejo claro de cómo el poder político del gobierno en turno logró influir la instancia judiciales más importante del país.
El ex consejero explicó que, aunque en principio el ministro tenía un criterio en contra de ciertos aspectos de la discusión, luego cedió y no se pronunció sobre varios puntos fundamentales que se debatían. “Cuando uno es vencido en una votación mayoritaria, puede mantener una posición posterior, pero en este caso no fue así”, destacó Figueroa.
Figueroa también señaló que este cambio en la postura del ministro Pérez Dayán representa un golpe a la división de poderes en México.
“Este día, aunque los coches sigan circulando y la gente siga trabajando, lo que ocurrió en la Corte tiene consecuencias graves para el país”, afirmó.
Figueroa recalcó que el Poder Judicial y la Suprema Corte fueron derribados y así, la división de poderes y los derechos ciudadanos.
El último dique que quedaba para la construcción de contrapesos en México fue derribado.
Señaló que la reestructuración del poder judicial que se está llevando a cabo puede tener un impacto negativo en la estructura constitucional del país.
“Lo que estás haciendo es destruir aspiraciones de más de un siglo”, advirtió. Según Figueroa, la construcción de una nación con verdadera división de poderes fue un proceso que tardó generaciones, pero que hoy se ha desmantelando.
“Estamos viendo cómo la división de poderes, la democracia auténtica […] y la defensa de los derechos humanos están siendo puestas en riesgo”, indicó y expresó su preocupación por las próximas reformas que podrían eliminar órganos autónomos fundamentales, como el INAI, y expandir la prisión preventiva oficiosa, lo que podría tener implicaciones profundas en los derechos humanos de los mexicanos.
“Aunque hoy pueda parecer que no ocurre nada visible, este proceso tiene un impacto que irá haciéndose más evidente en los próximos años”.
“México está condenado”, concluyó.
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