Tan arraigada en el corazón de los haitianos como la estatua de Le Marron Inconnu levantada en el centro de Puerto Príncipe como símbolo de la lucha contra la esclavitud, la palabra crisis se ha instalado como la única forma de gobierno en el país caribeño. Al vacío de poder existente —hasta tres dirigentes se han proclamado cabeza del Estado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse— se suma la hambruna que golpea con dureza a Haití, inmerso en “la peor crisis humanitaria de los últimos años”, según Unicef.
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La onda expansiva del magnicidio alcanza a toda la región y afecta directamente a Estados Unidos, que teme una crisis migratoria —el viernes se agolpaban cientos de personas ante la embajada en buscada de un visado—; a Colombia, de donde salieron la mayoría de los sicarios detenidos, y a República Dominicana, que sigue con preocupación los acontecimientos en el país vecino, con el que comparte frontera y una tensa relación desde la creación de ambas naciones y la división de la isla La Española en 1821.
Conscientes de cómo terminan las crisis en el país más pobre de América y ante el temor a que un levantamiento violento barra con todo, Haití ha pedido a EE UU y a la ONU el envío de tropas para proteger puertos, aeropuertos y otros puntos estratégicos. “Pensamos que los mercenarios podrían destruir infraestructuras para crear caos en el país”, dijo el viernes el ministro de elecciones, Mathias Pierre. El Departamento de Estado y el Pentágono confirmaron la solicitud, aunque sin detallar si habrá despliegue de tropas militares, una amenaza siempre latente que abona el repudio de la población a la presencia extranjera y a misiones internacionales como la de los cascos azules de la ONU después de los escándalos de abusos sexuales y de propagación del cólera entre 2004 y 2017. Un odio patente en las paredes de la sede de la misión ya cancelada de la ONU, apedreadas hasta el cansancio por la población.
Mientras tanto, la investigación sobre el magnicidio abre el abanico de posibilidades. Desde un plan orquestado por el equipo de seguridad de Moïse a la conspiración de un grupo de oligarcas apartados de algunos de los negocios más jugosos. Parte de la escolta de Moïse está bajo investigación y la fiscalía ha llamado a declarar el lunes a los magnates Réginald Boulos y Dimitri Vorbe. Boulos es dueño de un conglomerado de empresas y los Vorbe son dueños del monopolio eléctrico que Moïse había comenzado a romper con la entrada de competidores. Ambos fueron señalados por el mandatario durante una entrevista con EL PAÍS, meses antes de morir.
Al desconcierto por lo ocurrido se suman las dudas sobre el futuro político del país. Uno de los últimos decretos firmados por Moïse fue nombrar al opositor Ariel Henry como figura de acercamiento para recomponer relaciones ante las elecciones presidenciales y legislativas de otoño. El nuevo primer ministro había sido nombrado, pero no llegó a jurar el cargo y el saliente, Claude Joseph, respaldado por EE UU, insiste en que no dejará el poder, lo que ha provocado tensión. Y si quedaba alguna duda de que todo puede empeorar en Haití, el viernes por la noche un grupo de senadores de la oposición acusó a Joseph de “instigar un golpe de Estado” y pidió a un tercero, el presidente del Senado, Joseph Lambert, que asumiera la jefatura del Estado. Quien tendría que decidir sobre esta controversia, la Corte Suprema, está disuelta y su presidente murió el mes pasado por covid-19.
Mientras esto pasa en las alturas, policías colombianos y estadounidenses anunciaron su llegada al país para ayudar a resolver el magnicidio, pero a pie de calle lo que siguen sin llegar son las vacunas. Haití es uno de los pocos países del mundo que no ha recibido una sola vacuna contra la covid-19 mientras la población resuelve con paracetamol y vudú la pandemia. Medio en serio, medio en broma, el sacerdote católico Gilles Dauroc solía decir que a falta de datos estadísticos fiables “en Haití se considera que hay un 80% de católicos, un 40% de protestantes y un 90% de practicantes del vudú”.
Lo cierto es que la pandemia ha castigado aún más la empobrecida economía de Haití, que depende en un 75% de la cooperación internacional y que la ONU sitúa en el puesto 170 de 187 en el índice de desarrollo humano. Con estos mimbres, la inestabilidad política, endémica en Haití desde la caída de la dictadura, con 20 gobiernos en 35 años y con seis primeros ministros solo en el mandato del presidente asesinado, se torna en una bomba de relojería para la región. El terremoto del 12 de enero de 2010 no solo ocasionó más de 300.000 muertos y un millón y medio de desplazados, sino que destruyó un Estado levantado con alfileres tras la dictadura de Papa Doc y Baby Doc Duvalier, consolidada a base de terror y machetes por sus temidos tonton macoutes.
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